Martes, 13 Febrero 2018 00:00

El gasto público en seguridad social - Por Ramiro Castiñeira

Escrito por  Ramiro Castiñeira
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En la última década argentina más que duplicó el gasto público en seguridad social, pasando de 5% del PBI en 2006 a 11,3% en 2017. Actualmente explica casi la mitad del gasto público del Gobierno Nacional.

 

Los planes como la moratoria previsional, la creación de la asignación universal por hijo (AUH) y un millón de nuevas pensiones por invalidez, sumaron 5% del PBI por el Gobierno anterior. Sobre ello, el nuevo Gobierno incorporó la reparación histórica, la asignación a universal a la vejez (AUV) y ampliar la AUH a un mayor universo (monotributo) por otro 1.1% del PBI.

La reciente ley aprobada (dic-17) indexa todo este gasto a la inflación, con un rezago de 6 meses. Dado el rezago, la jubilación le ganará a la inflación este año, siempre que la inflación no supere el 22%. El presente informe analiza el poder de compra de los haberes en 2018 y el gasto total en seguridad social. Es decir, analiza la mitad del Gasto público Nacional.

Los números de la seguridad social

La seguridad social en Argentina está estructuralmente quebrada, con más gastos que ingresos hace décadas, y elevando su déficit los últimos años. El quiebre del sistema se pone en evidencia al advertir que los aportantes suman 11,3 millones de personas (8,2 privados + 3,2 Públicos), y los beneficiarios suman 8,3 millones entre jubilaciones y pensiones. Sólo 1,4 aportantes por jubilado, hace inviable el sistema sí sólo se pretende sostener con aportes, incluso con tasas impositivas en niveles récord.


En números, los ingresos del ANSES por aportes y contribuciones a la seguridad social sumaron 7,1% del PBI en 2017, en tanto que sólo los gastos previsionales (jubilaciones, pensiones, PAMI y asignaciones familiares sin AUH), se elevaron a 11,7% del PBI el año pasado.  

Es decir, aún sin considerar otros gastos en cabeza del ANSES (principalmente los planes sociales AUH y el plan Progresar), igualmente el sistema de seguridad social mostró un déficit estructural de 4,7% del PBI. Este déficit se financia con otros impuestos que le llegan vía coparticipación (2.6% del PBI), pero también se sumaron otros gastos como AUH y plan Progresar (0.7% del PBI), por lo que el déficit del ANSES cierra en 2,7% del PBI.


En definitiva, el sistema de seguridad social con sólo 1,4 aportantes por beneficiarios, sólo dispone de ingresos para cubrir el 60% de su función básica que es el sistema previsional (jubilaciones, pensiones, PAMI y asignaciones sin AUH), dejando un déficit de casi 5% del PBI. Luego se le suman otros impuestos que le llegan vía coparticipación, para intentar sostener un sistema que le es imposible financiarse sólo con aportes aún con tasas impositivas récord. Así y todo, ANSES cierra con un déficit de casi 3% del PBI, explicando ¾ del déficit primario y la mitad del déficit financiero del Gobierno Nacional (6,0% del PBI).

Nueva Ley de indexación de Haberes

Ante la falta de estadísticas por la destrucción del INDEC (2007-2015), el Gobierno anterior indexó la jubilación a la recaudación, lo que implicaba gastar más, si recaudas más. Dado que llevó la presión tributaria a un máximo histórico, la fórmula conllevó un aumento del gasto en seguridad social, que buscó contener pisando jubilaciones más de una década.


En efecto, si bien la entre 2001 y 2015 la jubilación mínima se incrementó un 91% a precios constantes, vale advertir que el haber medio sólo aumentó un 17% en igual periodo. Ello responde a la decisión política de pisar las jubilaciones por más de una década, en parte para financiar los nuevos jubilados que ingresaban al sistema sin aportes. En 2001 la jubilación media era 139% superior a la mínima, pero la distancia se reduce a un mínimo de 23% para 2007, desatando una catarata de juicios al Estado.

En 2016 el nuevo Gobierno anuncia la “reparación histórica” para resarcir el daño y lograr un acuerdo por el retroactivo, ampliando la diferencia a 48% entre el haber mínimo vs medio. Estimamos superará el 50% este año.

Con la reciente ley aprobada (dic-17) el Gobierno logró cambiar la fórmula de indexación ahora “70% inflación + 30% salarios”. El cambio en la fórmula tuvo el doble objetivo de estabilizar el poder de compra de los haberes en los actuales valores, y dejar espacio para empezar a bajar la presión impositiva heredada, sin que ello afecte a la baja al monto mensual del haber previsional. De hecho, incluso bajo el supuesto de inflación y salarios subiendo un 22% dic/dic en 2018, las jubilaciones se elevarán un 26,4% en igual periodo, según la nueva fórmula.


Ahora bien, en la comparación de promedios anuales la distancia se reduce y el haber culmina empatando contra la inflación, aún con el adicional que se otorgará en marzo. Un haber actualmente de hasta $10.000 mensuales, durante 2018 dispondrá en promedio de 24,2% más ingresos que el año pasado, frente a una inflación de 24,8% también en el promedio anual.


Recordamos que el refuerzo en los haberes que se otorgará en marzo por única vez será de $400 para las AUH, de $375 para los haberes con moratorias y de $750 para los haberes hasta $10.000 pesos.

Considerando dicho refuerzo, frente una inflación del 24,8% promedio anual, la AUH aumentarán un 26,5% en promedio anual, el haber mínimo con moratoria un 24,0%, el haber que actualmente cobra hasta $10.000, reflejará un aumento promedio de 24,2% en 2018. Quienes cobran por arriba de $10.000 sin el adicional en marzo, reflejarán un aumento del 23.5% en el acumulado 2018, tal cual otorga la nueva ley en el mismo escenario.


En resumen, la nueva fórmula sumado al plus adicional que se otorgará en marzo, permitirá a los beneficiarios de la AUH incrementos superiores al 26% en el año, magnitud que está por arriba de la inflación que proyectamos, sea la acumulada (22%) o la promedio (24,8%) para 2018.

En el caso de los haberes previsionales, si bien también ganarán en la comparación de la inflación acumulada (26.4% de aumento vs 22% de inflación), la distancia desaparece al comparar promedios anuales. La jubilación e inflación empatarían con aumentos cercanos al 24% en el año.

Por tanto, para que la jubilación en 2018 mantenga el poder de compra, la inflación acumulada no tendría que ser superior al 22% dic/dic. Actualmente el consenso de mercado es una inflación del 20% en el año. Nosotros trabajamos con una inflación de 22%. No descartamos que si la inflación supera el 22% el Gobierno decida un nuevo adicional en el segundo semestre del año, para asegurar no caiga el poder de compra del jubilado durante 2018.

Gasto Público en Seguridad Social 2018

El plan de reparación histórica permitió recomponer las jubilaciones pisadas una década, además de la incorporación de monotributistas a la AUH, y un nuevo plan de Asignación universal a la vejez (AUV). Todos estos nuevos programas generaron un nuevo incremento al gasto en seguridad social en 1,1% del PBI, hasta un total de 11,3% del PBI en 2017.

Para 2018, con la nueva ley, el adicional en marzo y bajo nuestros supuestos, el gasto en seguridad social se elevará un 24% este año, frente a una economía que crece nominalmente al 27% ante la suma de inflación + crecimiento del PBI. Esta diferencia de gasto social al 24% y la economía al 27%, conllevará una caída del gasto social en proporción de la economía de 0.3% del PBI para culminar en 11% del PBI en 2018, sin por ello afectar el poder de compra de los haberes.


Consideraciones Finales

Resulta algo exagerado hablar de reforma previsional por un cambio en como indexar las jubilaciones, aun cuando en lo técnico sea un avance indexar por inflación en vez de por recaudación. La seguridad social tomó una dimensión la última década que es imposible sostenerla sólo con aportes al sistema y se hace cada vez más dependiente de ingresos de rentas generales. Aun así, refleja un déficit de 3% del PBI, que explica ¾ del déficit fiscal primario y la mitad del financiero.

Para 2018 esperamos una inflación del 22% dic/dic. En ese escenario, la jubilación crecerá un 26,4% también dic/dic y según la nueva fórmula, donde queda en evidencia que el rezago de seis meses juega a favor mientras la inflación descienda.

Ahora bien, en la comparación de promedios anuales, inflación y haber jubilatorio se igualarán en nuestro escenario base con aumentos cercanos al 24% promedio anual, aun considerando el monto adicional de marzo.

Por tanto, para que la jubilación en 2018 mantenga el poder de compra, la inflación acumulada no tendría que ser superior al 22% dic/dic. Actualmente el consenso de mercado es una inflación del 20% en el año.

Nosotros trabajamos con una inflación de 22%. No descartamos que si la inflación supera el 22% el Gobierno decida un nuevo adicional en el segundo semestre del año, en la proporción que asegure que no caiga el poder de compra del jubilado durante 2018.

Respecto al gasto público total, mientras inflación y gasto previsional estarán creciendo al 24% este año, la economía lo hará al 27% ante la suma de la inflación y crecimiento. Gasto creciendo al 24% y la economía al 27% permitirá que el gasto previsional descienda un 0.3% del PBI a un total de 11% del PBI, sin por ello afectar el poder de compra de los haberes.

La idea de mantener constante el gasto público en términos reales, y que pierda peso en base al crecimiento económico, es la idea madre del “gradualismo”. La mitad del gasto público nacional ya está sujeto a esta lógica.

Ramiro Castiñeira  
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Twitter: @rcas1

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