Miércoles, 25 Abril 2018 00:00

Sistema previsional Argentino: la amenaza del agujero negro - Por Roberto Salomón

Escrito por  Roberto Salomón
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Un reciente informe de Ramiro Castiñeira confirma la precaria situación del sistema previsional argentino, con ingresos que representan un 7,1% del PBI y egresos que ascienden al 11,7% del mismo.

 

Como señala el informe, el sistema tiene actualmente 11,3 millones de aportantes y 8,3 millones de jubilados y pensionados. Resulta obvio que no es financieramente factible que las contribuciones de 1,4 trabajadores activos alcancen para pagar aun los magros beneficios que recibe la clase pasiva.

 

Las ya precarias finanzas del sistema se agravaron aún más con las moratorias que agregaron cerca de 2 millones y medio de beneficiarios sin asignar los recursos necesarios para su financiamiento. Además, hay una amenaza latente en el 30% de trabajadores informales que en su mayoría necesitarán una red de protección social cuando llegue el momento.

El sistema tradicional de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional, funciona correctamente y es sustentable con población estable o creciente. Cuando se enfrentan situaciones con envejecimiento poblacional y un elevado porcentaje de trabajadores al margen del sistema, resulta mucho más difícil lograr su sustentabilidad.

Como he sostenido repetidamente, el problema argentino se debe fundamentalmente a que sucesivos gobiernos dilapidaron los fondos del sistema. Sin embargo, dado el elevado nivel porcentual de las contribuciones, con la suma de los aportes patronales y de los trabajadores se debería contar con fondos suficientes para financiar un nivel de prestaciones digno, en lugar de la latente crisis financiera que he llamado “agujero negro” del cual costará salir aun si se adoptaran medidas inmediatas para superarlo.

Hasta ahora, las propuestas de solución tanto en Argentina como en otros países que enfrentan situaciones parecidas pasan por el aumento de la edad jubilatoria o la privatización. Como expresé en previos trabajos, el fracaso de las experiencias sobre esta última exime de mayores comentarios. Basta con señalar que el sistema privado hace recaer sobre cada aportante todo el riesgo del mercado perdiendo los beneficios del “pooling“ de riesgo, discrimina contra las clases de menores ingresos, y sobre todo, destruye el concepto de solidaridad social que constituye la base del sistema.

En cuanto al aumento de la edad, las cifras presentadas más abajo demuestran que las contribuciones efectuadas durante la vida laboral serían más que suficientes para garantizar un digno retiro si los fondos hubieran sido protegidos y dedicados a su finalidad original en lugar de ser dilapidados.

Cabe observar que el sistema argentino tiene una enorme ventaja sobre los de otros países, dado que los aportes legales son del 26% de los salarios, mientras en Chile son solo del 10%, a cargo del trabajador, y en el sistema de Seguridad Social (Social Security) de los Estados Unidos suman el 12,4%. Por otra parte, los efectos del cambio tecnológico sobre la empleabilidad de personas de edad avanzada y los problemas de empleo que tal medida crearía no han sido debidamente analizados por sus proponentes.

En cambio, si pudiera superarse la actual crisis financiera, la configuración legal del sistema permitiría un sistema sostenible, capaz de brindar generosos beneficios, tal como ilustra el ejemplo siguiente para un hipotético trabajador con un sueldo mensual de $20.000, que aporta desde los 20 hasta los 65 años de edad. Suponiendo distintas tasas de rendimiento real a los fondos aportados, y supervivencia hasta los 85 años, los fondos acumulados permitirían financiar los siguientes beneficios:

Es decir que con un discreto rendimiento del 1% real anual, ¡el beneficio mensual sería igual al ansiado 82% del sueldo en actividad! Y por supuesto, con rendimientos mayores a la inversión de los fondos aportados, los potenciales beneficios serían inimaginables bajo la óptica de la situación actual.

Cabe aclarar que no se proponen beneficios por encima del 82%, sino señalar que los excedentes podrían engrosar las reservas del sistema y asegurar su sustentabilidad en el tiempo.

Por supuesto que la actual situación fiscal con un elevado déficit presupuestario no permite implementar las medidas necesarias para resolver el agudo problema financiero descripto en los párrafos precedentes. Sin embargo, el momento político que vive el país, en el cual por primera vez en muchos años se observa un intento de mirar hacia transformaciones de largo plazo, parece brindar una oportunidad de analizar posibles medidas que contribuyan a una solución, aun cuando las mismas deban esperar por un panorama fiscal más favorable.

 

Al momento de finalizar el presente trabajo se publicó la puesta en vigencia de la reducción de aportes patronales. Si bien es encomiable el objetivo de incentivar la generación de empleo y, sobre todo, la incorporación de trabajadores marginales al sistema oficial, la herramienta elegida no parece ser la más idónea.

Parafraseando una expresión común en los Estados Unidos, “cuando estas en un pozo, no sigas cavando” (when you are in a hole, stop digging). Dado el sostenido deterioro financiero del sistema previsional, no creo conveniente agravarlo con medidas que le resten ingresos a la vez que acentúan la dependencia de rentas generales, afectando así la sustentabilidad del sistema.

Debería ser posible encontrar otras medidas para estimular el empleo, enfocando directamente la generación real de nuevos puestos de trabajo, en lugar de esperar lograrlo mediante los efectos indirectos de la rebaja. Por ejemplo, aplicar la mitad del costo fiscal (del 0,13 al 0.58 por ciento del PBI) al reembolso directo de $40.000 por trabajador a empresas que comprueben nuevos empleos, permitiría financiar más de 400.000 nuevos puestos de trabajo en 2018, 350.000 adicionales en 2019, otros 370.000 en 2020 y 2021, y finalmente 350.000 en 2022, para un total de 1.850.000 en todo el periodo. Además, esto dejaría otro tanto para financiar otras reducciones del “costo argentino” o reducir el impacto fiscal.

Con el simple propósito de alentar la discusión en procura de cierto consenso, reitero a continuación algunas ideas al respecto, aclarando desde el comienzo que no existe una solución mágica y que cualquier intento de resolver el problema requerirá la adopción de políticas de estado, apoyadas por consenso de las fuerzas políticas y sociales, además de estar protegidas por un régimen legal que evite los abusos causantes de la actual coyuntura.

 

  • 1. Una acción que generaría poca resistencia de la sociedad en general sería la adopción de estímulos para reducir al mínimo la cantidad de trabajadores que se encuentran al margen del sistema. Además de mejorar la situación de los trabajadores involucrados, eso ayudaría de manera significativa a paliar el actual problema al mejorar la relación aportantes/beneficiarios con la incorporación de dichos trabajadores a la masa de aportantes. Por otra parte, eso evitaría la crisis latente que se produciría cuando esos trabajadores alcanzarán la edad de retiro sin la protección de la red de seguridad social.

  • 2. Algo bastante más conflictivo sería eliminar el tope vigente para los aportes de los salarios más altos. En compensación por tener que contribuir más al sistema podría otorgarse a esos trabajadores la posibilidad de crear paralelamente cuentas individuales de ahorro con diferimiento de impuesto a las ganancias, en un mecanismo similar al muy popular 401-K de los Estados Unidos.

  • 3. Una iniciativa de largo plazo que sólo sería factible una vez que mejorase la situación fiscal sería apartar un porcentaje de los aportes de los nuevos trabajadores que se vayan incorporando al sistema destinándolos a un fondo para el futuro saneamiento del sistema. Con el reciente auge de los préstamos hipotecarios, esos fondos podrían destinarse al financiamiento de viviendas con un rendimiento real de entre el 1 y el 3% real. Una política sana y bien estructurada al respecto sería esencial para evitar moras o falta de pago.

Es indudable que destinar al fondo el 50% de los aportes correspondientes a los 100.000 nuevos trabajadores que se incorporan anualmente al sistema reducirá el efecto positivo inmediato de esos aportes sobre las finanzas del sistema. Sin embargo, la posibilidad de una solución de largo plazo justificaría el impacto presupuestario negativo durante el periodo de transición. Y una forma de paliar el efecto negativo sobre el presupuesto sería financiar ese aumento del déficit con un bono a 100 años, que podría pagarse sin mayores dificultades una vez saneado el sistema.

Como ejemplo de los efectos financieros de esa idea, se presentan a continuación los resultados hipotéticos de destinar al fondo el 50% de los aportes de un nuevo aportante con un sueldo mensual de $20,000, con esperanza de vida de 80 años. Se supone un 1% o 2% de rendimiento a la inversión del fondo.

 

 

Para poner esos resultados en perspectiva, basta compararlos con los niveles actuales de beneficios: jubilación mínima $7,499. Y señalar que mientras tanto el restante 50% de sus aportes continuaría contribuyendo a financiar los beneficios de los actuales jubilados y pensionados. Los recursos acumulados al cabo de 45 años permitirían operar el sistema con mucha mayor holgura financiera y sentar bases sólidas para su sustentabilidad.

Roberto Salomón

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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