Domingo, 10 Junio 2018 00:00

La Corte Suprema bajo el peso de las jubilaciones

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Para la Justicia, la nueva fórmula para actualizar los haberes es inconstitucional. Además, otros juicios aseguran que la ANSeS no ajusta de manera correcta los haberes

 

La Corte Suprema tiene en sus manos decidir sobre un tema previsional fundamental: qué índices de reajuste aplicar en los juicios de reajuste de haberes: el que viene aprobando la Justicia con el aval de la tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social o el que propone la ANSeS.

Esta trascendente decisión se enmarca en una historia del sistema previsional plagada de malas liquidaciones y pago de haberes, juicios, pago en bonos, quitas, evasión de aportes, blanqueos, veto de leyes favorables a los jubilados, moratorias, desvíos y hasta manejos sospechosos de sus fondos.

En parte, esta historia pareció que iba a pegar un giro. Luego del blanqueo de capitales y la puesta en marcha del Programa de Reparación Histórica, aprobados en 2016, la ANSeS se comprometió a pagar los juicios y no apelar más las sentencias favorables a los jubilados. También a calcular y pagar correctamente los haberes de los nuevos jubilados.

La realidad es diferente. Como señala el especialista Guillermo Jaúregui, “la litigiosidad previsional es un invento argentino y no conozco otro país que lo lleve a la práctica en forma similar. Consiste en condenar a todos los jubilados a iniciar un juicio para cobrar correctamente su beneficio”. Asegura que el proceso tiene tres etapas, y describe etapas y procedimientos: * 1983-2002: los juicios se generaron porque el Estado falseó los aumentos que determinaba la Encuesta General de Remuneraciones; * 2002-2006: la incorrecta movilidad oficial no refleja los aumentos de los activos (Caso Badaro).

* 2017-2018Ahora se genera porque el Estado impone modificaciones retroactivas en la movilidad, que es una garantía constitucional.

Como telón de fondo, que abarca los tres períodos, “la ANSES alarga el pago llevando todas las sentencias de la Cámara ante la Corte, con el objeto de que el jubilado muera en el intento de obtener justicia, violando compromisos internacionales”.

Con la Reparación Histórica hubo un reajuste de haberes de quienes aceptaron dicho programa, en su gran mayoría jubilados que no hicieron ningún reclamo ante la Justicia. Pero los juicios de los jubilados que no lo aceptaron –porque el reajuste ofrecido es inferior en promedio en un 50% al que marca la Justicia— fueron y están siendo apelados por la ANSeS ante la Corte Suprema.

Se calcula que hay unos 150.000 expedientes de juicios iniciados a partir de 2004 de jubilados que corresponden al llamado caso Elliff que sentó jurisprudencia, en agosto de 2009, por parte de la Corte, por la falta de actualización adecuada de los sueldos de los 10 últimos años anteriores al cese laboral que se toman como referencia para calcular el valor mensual de arranque de quienes se jubilan.

Las tres Salas de la Cámara ajustan los reclamos por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) y lo reemplazan por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La diferencia no es menor ya que, por ejemplo, entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC es del 435%; mientras el RIPTE da un incremento del 178%. Esa diferencia altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes. El RIPTE es el índice que ANSeS efectiviza para la Reparación Histórica para quienes lo aceptan en forma voluntaria por lo que no puede aplicarse a quienes, con sentencias favorables, rechazan dicho programa, sostienen los jueces.

La abogada Elsa Rodríguez Romero sostiene que como “la ANSeES viene perdiendo los juicios, ahora pretende cancelarlos por un monto menor a través de una sentencia de la Corte Suprema que modifique el índice de ajuste que no solo aplican los Tribunales de todo el país sino la propia ANSeS, como lo vino haciendo hasta ahora”. Por ejemplo, agregó, “hay unos 700.000 jubilados que cobraron sus sentencia con el índice ISBIC, pero ahora ANSeS pretende que los nuevos juicios se cancelen con otro índice de ajuste menor (RIPTE). ¿Entonces, si se aceptara la postura de ANSeS, los que ya cobraron sus sentencias con ISBIC tendrán que devolver lo que “cobraron de más”? ¿ANSeS denunciará penalmente a los funcionarios que ordenaron pagar las sentencias con ISBIC?”.

En la semana pasada, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, con el voto favorable de los camaristas Rodolfo Milano y Martín Laclau y la disidencia de Néstor Fasciolo, declaró inconstitucional la aplicación retroactiva de la nueva fórmula previsional que comenzó a aplicarse en marzo pasado a 17 millones de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Esto significa que en lugar del aumento del 5,71% vigente desde ese mes, debió aplicarse el 14,5% según la fórmula anterior. La Sala III ordenó devolver la diferencia y de esta manera sentó un precedente para que se inicien nuevas demandas. ANSeS adelantó que apelará a la Corte Suprema.

Por su parte, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que abrirá nuevos pleitos “por discriminación” la reciente garantía del 82% del salario mínimo a un segmento de jubilados --1,3 millón—excluyendo a 3 millones que cobran la mínima porque completaron sus aportes por moratorias.

También todavía está pendiente el reclamo de los que se jubilaron a través de las AFJP y cobran sus haberes –“rentas vitalicias” pagados por compañías de seguros- en montos inferiores al haber mínimo. En 2015, la Corte Suprema, por unanimidad, reconoció el derecho quienes cobran sus haberes a través de ese sistema, a percibir de la ANSES las sumas necesarias para que su renta vitalicia previsional alcance el importe del haber mínimo legal.

Ismael Bermúdez

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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