Lunes, 27 Enero 2020 00:00

Spoiler alert: reforma jubilatoria alumbrará la ola "Badaro 3" - Por Gabriel Morini

Escrito por  Gabriel Morini
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Más allá de "achatamiento", riesgo de juicios se incrementa por "arrastre" del cambio de índices 2017. Corte ya tiene dos casos de alto impacto.

Mientras el Gobierno afina el lápiz para definir el proyecto de ley para la nueva movilidad jubilatoria que en un mes debería empezar a discutirse en el Congreso, la fórmula que aplique para el “achatamiento” de la pirámide se enfrenta a la amenaza de la judicialización, sobre todo de los haberes más altos.

 

El fantasma “Badaro” acechará el nuevo cálculo, aunque no a corto plazo: pese a que la Corte Suprema resolvió gran parte del paquete de juicios que deambulaban en tribunales a través del caso “Blanco”, resta dirimir una serie de expedientes de peso que quedaron relegados de la agenda de jurisprudencia previsional.

Uno es el denominado “Defensor del Pueblo”, que trata respecto a una acción colectiva, cuyo trámite excede la década; y otro es el reciente cambio en la movilidad dispuesto por un índice votado a fines de 2017 en plena era Cambiemos. Ese caso ya arrastra en todas las instancias inferiores una mácula de inconstitucionalidad en el artículo 2 que marcaba el inicio de su vigencia, pero sobre un monto que era considerado “derecho adquirido”. Este “issue” es uno de los puntos de contacto que deberá sortear el nuevo diseño que planteará el Poder Ejecutivo para evitar una ola de litigios.

Pero hay un problema adicional: desde la reforma realizada a fines de 2017 ya existe un atraso por aplicación de los topes jubilatorios. La judicialización por ahora está encabezada por el caso individual de Miguel Ángel Fernández Pastor. Sin embargo, dentro del universo de haberes altos podría darse el ejemplo de que ese atraso no representase un 15% de detrimento, algo que ya tiene jurisprudencia respecto al derecho de propiedad, lo que haría que una detracción mayor traspase ese porcentaje y pueda ser considerado “confiscatorio”. Por ende, el grupo de jubilados de haberes altos que con un nuevo índice superasen ese 15%, estarían habilitados -por efecto arrastre- a litigar ahora con cualquier cambio en la movilidad que contemplaría las consecuencias de la reforma previsional de 2017.

El gran interrogante es cuál será ahora la “tasa de corte” respecto de las cuales se aplicará porcentaje de aumento (que en jubilaciones inferiores superará los índices previstos en la ley de movilidad suspendida), lo que las beneficiará. Pero en las superiores, podría darse mediante una suma fija. Eso condiciona no sólo lo que percibirán, sino que también tendrá influencia en la base imponible, ya que no se aporta por la totalidad del salario, sino hasta un tope (hoy $159 mil).

El resultado, según cómo se haga ese cálculo de referencia, podría generar menores ingresos a la ANSES por descuentos ya que desde 2009 ese monto acompaña la suba de jubilaciones, pero también si se actualiza de otro modo, sería el reconocimiento tácito de cómo debía moverse el porcentaje respecto al aumento.

Otra faceta que los abogados previsionalistas miran con atención para determinar si habrá o no un aluvión de juicios. Si para las jubilaciones máximas hay montos fijos, no sería necesario que para litigar esperen a junio porque podrían considerar que el “daño” ya es evidente por el monto, ya ni siquiera por el porcentaje. En ese escenario, el empalme sobre quienes atravesaron la modificación de 2017 y que ya cobraron una suma inferior en marzo de 2018 (por haberse hecho un cálculo inferior) ya contaban con tres meses de atraso, por lo que quedarán a las puertas de iniciar juicio.

Como en todos los casos, el Gobierno es consciente de esto y en la práctica hay variables a considerar: la cantidad de afectados, cuántos finalmente deciden embarcarse en la judicialización de los casos (el efecto desánimo ingresa en la contabilidad), y cuánto pueden estirarse los plazos para el pago efectivo de las sentencias. ANSES históricamente se ha hamacado en esta última que, además, cuenta con la cuestión del tiempo transcurrido como un aliado implacable. Como contracara, la máxima del sistema previsional es la progresividad.

La combinación de los índices para alcanzarla esa una facultad que posee el Congreso, pero la jurisprudencia de la Corte y los antecedentes respecto a que la inflación tiene que ser la variable para compensar la movilidad, son factores relevantes a poner en la balanza. Desde los años 80, la Corte-que actualmente integran los ministros Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- sostiene que la movilidad es mantener el valor de la prestación a lo largo del tiempo, pero han sido los gobiernos los que se han expresado por tomar la inflación como parámetro.

Cómo se actualizarán las remuneraciones de los nuevos jubilados, cuánto van a subir los autónomos, y cuánto impactará en el eventual pago de Ganancias son otros interrogantes que pueden alimentar la litigiosidad.

El fallo “Badaro”, la posible resolución del caso “Badaro 2” (en manos de la Corte) y el alumbramiento del “Badaro 3” formarán parte de la misma saga. Una historia repetida.

Gabriel Morini

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