Jueves, 02 Abril 2020 00:00

Malvinas: no las queramos tanto - Por Vicente Palermo

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Desde los años ‘80, los gobiernos se jactan de poner Malvinas “al tope de la agenda exterior de la república”. Lo peor es que lo hacen. Calificándolo, algo narcisistas, de “política de Estado”. Así hacemos macanas y nos embarramos la cancha nosotros mismos.

 

Reñimos hasta con Uruguay, y escatimamos esfuerzos para establecer alguna protección ambiental cooperativa del Atlántico Sur. Analistas de altísimo nivel se devanan los sesos para diseñar una estrategia exitosa de recuperación del “ejercicio pleno de la soberanía”. Pero esa estrategia ni existe ni podría ser formulada, porque los objetivos de la política oficial en la materia (fijados “transitoriamente” en la Constitución de 1994) son quiméricos.

Simplificando, imaginamos cuatro estrategias enderezadas al logro de esos objetivos; tres se han ensayado desde los ´’60. El reclamo, el arbitraje, la fuerza y la negociación bilateral. Conocimos el horror en 1982. Arbitraje, nunca. Sí reclamo y negociación bilateral, en una trayectoria zigzagueante.

La negociación bilateral es frustrante porque las expectativas de las partes son demasiado diferentes, y porque los actores políticos y diplomáticos se salen de la vaina o son sobrepasados por la presión doméstica. La negociación es eclipsada entonces por el reclamo, consistente en forzar la negociación por vía del arrinconamiento diplomático y el acogotamiento de los malvinenses.

Por ese camino nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, creemos que el diferendo de soberanía perjudica a los isleños, como una pesada hipoteca. Es una percepción adecuada al siglo pasado, que ignora cuánto han prosperado las islas desde la posguerra. Ensanchar el reclamo – acumulando respaldos mundo afuera – y profundizarlo – enfatizando el apoyo interno (como la declaración de Ushuaia de 2012) – puede ser reconfortante pero sus resultados son estériles o contraproducentes.

La negociación bilateral, en cambio, tuvo buenos momentos, en gobiernos de distinto signo, bajo los que han colaborado diplomáticos muy meritorios. Pero no logró sacar las cosas del inmovilismo. Esa forma de negociación (abandonando el amuchamiento y el apriete del reclamo) es virtualmente posible y prometedora, pero, cae de su peso, requiere del consentimiento de al menos dos partes.

Para que prospere, los objetivos del Estado argentino en Malvinas deberían ser sustancialmente reformulados. El nudo estriba en ofrecer – cosa que no se hace de un día o de un gobierno para otro, ni con declaraciones altisonantes o sobreactuaciones – garantías confiables a los malvinenses de que su voluntad será respetada. Esta es una cuestión política más que jurídica; no estriba tanto en admitir formalmente el derecho a la autodeterminación como en generar confianza en nuestras intenciones de respetar – lo digo con todas las letras – los deseos de los isleños, y no apenas sus intereses. Difícil; pero algún día hay que empezar.

Desde la Resolución 2065 pasaron 55 años y las cosas han cambiado mucho; en 1965, la Asamblea General encuadró Malvinas como un caso especial: descolonización sin autodeterminación. Pero es cada vez más difícil argüir – delante del sentido común jurídico político y las pautas culturales internacionales – que los malvinenses no constituyen un actor colectivo cuyos deseos deban ser considerados, sino que simplemente sus intereses deben ser definidos por las partes.

Nos guste o no, los británicos pueden sostener, y lo hacen (la ONU reconoce a Gran Bretaña como potencia administradora) que, si está a su cargo respetar los intereses de los isleños, un modo razonable de hacerlo es preguntarles qué desean. Y esto, con el fondo de una Asamblea General ampliada por estados más sensibles al principio de autodeterminación y menos al de descolonización. En suma, el activismo isleño, la argumentación británica, y la memoria de la agresión militar de 1982, hacen que la posición argentina resulte muchísimo menos simpática que en 1965. Cualquier diplomático de un tercer país sabrá de la ojeriza de los habitantes de las islas, no hacia los argentinos genéricamente considerados, faltaba más, pero sí hacia aquellos que sostienen que los deseos de los isleños no tienen arte ni parte.

Las tendencias contemporáneas vinculan más y más la soberanía estatal a la gente, y menos a la tierra. Pero no hay qué hacerlo público: en Malvinas, nuestra política oficial es esotérica. Los filósofos malvineros hablan bajito porque si levantan la voz la ciudad se podría traumatizar.

Pero apuremos el cáliz amargo; ¿Argentina confía en que sus títulos sobre las islas son tan sólidos? La creencia en que los derechos argentinos sobre Malvinas son incontrovertibles ya no es más que un prejuicio arraigado a fuerza de huera reiteración complaciente.

Por cierto, en arreglo al derecho internacional tanto Argentina como Gran Bretaña tienen títulos de derecho muy precariamente establecidos sobre las islas. Confrontando los argumentos (algo especulares) es raro que se pueda arribar a resultados concluyentes: las partes no disfrutan en absoluto de fundamentos, pruebas y títulos irrebatibles. Estamos tan flojitos de papeles como los ingleses. Nos guste o no, afirmar que tenemos razón es un acto puramente político (sin despreciar) y ni argentinos ni ingleses podemos estar seguros del dictamen de ningún tribunal. En rigor, el arranque de una nueva época para Malvinas debería ser que algunas buenas razones tenemos todos: malvinenses, argentinos y británicos.

Vicente Palermo

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