Martes, 06 Diciembre 2016 14:31

Desequilibrios

Escrito por  Jesús Rodríguez
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Lograr el equilibrio entre crecimiento económico y cuidado del ambiente no es sencillo. Menos en un país federal, donde cada provincia es dueña de sus recursos naturales; se requiere una articulación inteligente entre jurisdicciones y con el Estado Nacional para generar ciertas pautas comunes que -sin entorpecer el desarrollo de cada localidad- garanticen el derecho constitucional del conjunto de los habitantes a un ambiente sano.

 

 

Los países en desarrollo tienen además la tendencia a sobre explotar aquellos recursos naturales abundantes y de alta demanda global debido a una historia de ciclos económicos muy pronunciados.

 

El proceso decisorio ha sido lento e ineficaz (y en oportunidades, cómplice de la depredación), tanto desde el plano legislativo como ejecutivo. En lo primero, se ha sub/mal utilizado una herramienta poderosa: las leyes de presupuestos mínimos. Las dicta el Congreso Nacional y rigen de modo uniforme en todo el territorio nacional como reglas de juego que garantizan a los habitantes una protección ambiental mínima más allá del sitio en que se encuentre. En cuanto al Poder Ejecutivo Nacional, ha creado estructuras pero sin dotarlas de los recursos (o el poder) necesario para ejercer controles que protejan a la población y el ecosistema.

 

A lo largo de las últimas dos décadas, la Auditoría General de la Nación viene realizando una radiografía de la gestión ambiental del Estado Nacional, y ha documentado abusos al ambiente que se verifican en casi todos las actividades económicas. Entre las auditorías aprobadas este mismo año ya hemos sido testigos de varios de estos abusos (ver entradas anteriores: Amenaza Tóxica, Débil rol del Estado en gestión ambiental de las Pasteras, Pasivos ambientales estatizados).

 

En la última sesión de Colegio de Auditores, este pasado miércoles 30 de noviembre, se dio una particular afluencia de informes sobre gestión ambiental, que refrendan lo dicho:

 

  • En minería (período auditado: 2010-2014): La Secretaría de Minería otorgó beneficios del régimen de promoción minera a la empresa interestatal YMAD, basada en Catamarca, y a su empresa socia mayoritaria en la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, sin llevar adelante el debido control de cumplimiento de obligaciones de gestión ambiental.

 

  • En energía (período auditado: 2009-2013): A diciembre de 2014, sólo 0,98% del consumo eléctrico estaba basado en energías renovables (la meta del Programa Nacional GENREN era 8% para 2016). La participación de ENARSA en la gestión del programa ha sido desordenada e ineficaz.

 

  • En pesca (período auditado: 2012-2014): La merluza común logró recuperar biomasa en 2013 -2014, pero esa mejora tiene una fuerte base en la coyuntura económica que desincentivó la exportación. Los controles estatales sobre la actividad continúan siendo igual de débiles que en la auditoría anterior y el cuerpo normativo contradictorio e incompleto.

 

  • En agricultura (período auditado: 2013-2015) En 2009, el SENASA propuso el funcionamiento de una Base Única de Datos de Aplicadores, después de detectar fallas de control de agroquímicos pero hasta la fecha no se implementó. Como consecuencia, la población está expuesta a riesgos de salud.


Una síntesis más exhaustiva de los informes aprobados puede ser consultada aquí.  

 

Jesús Rodríguez

Visto 397 veces Modificado por última vez en Lunes, 13 Febrero 2017 22:12

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