Lunes, 12 Septiembre 2016 16:23

Construir un federalismo equitativo

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Para asegurar el federalismo y la independencia política de los gobiernos provinciales, la Constitución de 1994 estableció (art. 75) que le corresponde al Congreso aprobar una ley que asegure a las provincias “la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados”.

 

 

 La Constitución es clara ya que establece que la distribución de la recaudación tributaria nacional entre la Nación y las provincias “contemplará criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Ya pasaron 22 años, pero este mandato sigue incumplido y avanzó una desmesurada concentración de recursos en manos del Tesoro Nacional en desmedro de las provincias, ya que las transferencias en el período K han sido discrecionales y arbitrarias, es decir “castigando” a los gobiernos provinciales que no acompañaban los actos del gobierno central.

 

Este proceso de concentración unitaria fue tal que en el último presupuesto nacional aprobado por el gobierno K a fines del año pasado se transferían automáticamente a las provincias uno de los valores más bajos de los últimos cincuenta años, apenas 26,9 por ciento de la recaudación total nacional. Recordemos que en 1988 el Congreso había establecido el 57,66 por ciento de la recaudación como coparticipación automática a favor de las provincias. Este valor surgió del acuerdo del Presidente Alfonsín con el Gobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero. El manejo centralizado de la caja fiscal fue el instrumento que el gobierno K utilizó por 12 años, con el propósito de convertir a los gobernadores en meros delegados obedientes a la Casa Rosada. Se aniquilo el federalismo fiscal para concentrar el gasto público en pocas manos en el gobierno nacional.

 

Necesitamos un nuevo y muy distinto régimen de coparticipación, que debería fijar una coparticipación automática a favor de las provincias superior al 50 por ciento, pero sin coeficientes distributivos fijos para cada provincia -como rigen ahora-, sino con coeficientes distributivos periódicamente determinados por el Órgano Federal de Aplicación (previsto en el art. 75 de la Constitución). El objetivo deberá ser fortalecer el cumplimiento por parte de las provincias de las tres importantes responsabilidades que expresamente les encomiendan nuestras leyes. Estas tres responsabilidades corresponden a lo que la gente hoy desea y necesita urgentemente, recibir de los gobiernos provinciales: Educación, Salud y Seguridad.

 

Los coeficientes actuales de la distribución de la coparticipación entre las provincias son totalmente arbitrarios. Para la coparticipación actual un misionero vale la mitad que un formoseño, un salteño la mitad de un riojano, un correntino la mitad de un catamarqueño y un chubutense la mitad de un santacruceño. Pero la inequidad más grave es la que sufre la gente de la provincia de Buenos Aires, ya que con una gran cantidad de habitantes (40 por ciento del total del país), apenas recibe el 21 por ciento de la coparticipación total. Para la coparticipación vigente un bonaerense vale la mitad que un cordobés o un santafecino, tampoco es equitativo que quien vive en Carmen de Patagones valga para la coparticipación la tercera parte de quien vive en Viedma, o quien vive en La Matanza valga la quinta parte de quien vive en El Calafate. No siempre fue así: hasta la década del ochenta la Provincia de Buenos Aires recibía 43 por ciento más que ahora, ya que recibía 30 por ciento del total coparticipado, teniendo en cuenta su gran cantidad de habitantes.

 

Buenos Aires hace años que dejó de ser la provincia “rica” que, por razones de equidad, debía transferir recursos a las provincias “pobres” del interior. Más de dos de cada tres habitantes bonaerenses viven hoy en los 24 municipios del Conurbano Bonaerense, en cuyo territorio se concentra el núcleo duro de la pobreza y la indigencia y donde la marginación social y educativa es elevada. Son millones que viven en viviendas precarias sin agua potable, sin cloacas, sin gas, sin seguridad, con pocos hospitales y con escuelas sin jornada extendida (a las cuales asisten apenas 2 de cada 100 niños, cuando la ley exige por lo menos 30) y donde 3 de cada 4 alumnos que asisten a escuelas estatales no terminan la escuela secundaria.

 

El gobierno de Macri avanzó bastante en los últimos meses mejorando la coparticipación primaria a favor de las provincias, pero queda aún pendiente cumplir el art. 75 de la Constitución. Si no damos ese paso no tendremos un país federal y con igualdad de oportunidades para todos sus habitantes.

 

Alieto Aldo Guadagni

Visto 415 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Marzo 2017 23:38

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