Viernes, 09 Septiembre 2016 14:36

Narcotráfico: la necesidad de una política de Estado integral en clave normativa

Escrito por  Agustín Salvia
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La convocatoria del Gobierno a un acuerdo "Argentina sin narcotráfico", con el aval de casi todo el arco opositor y de la mayor parte de la sociedad civil, constituye un hecho por demás positivo.

 

 

Mucho más si tomamos en cuenta la férrea y probablemente cómplice resistencia que puso en juego la administración anterior para evitar que el problema fuese un tema en la agenda pública.

 

Por muchos años se hizo caso omiso tanto a los indicadores que mostraban el agravamiento del problema como a las generalizadas y desesperadas demandas sociales por salir de la indefensión. Ahora bien, esta iniciativa habrá de constituirse en un efectivo punto de inflexión en materia de política de lucha contra el narcotráfico y las adicciones si el plan pone en juego acciones transformadoras.

 

Entre otras decisiones urgentes, se hace necesario un nuevo marco legal que permita crear bases jurídicas, institucionales y doctrinarias más modernas y eficientes para el desarrollo de políticas capaces de abordar los problemas en su integralidad. Para ello, corresponde al menos en principio asumir la caducidad de la Ley 23.737 de estupefacientes (1989) con el fin de abordar eficientemente estos desafíos. Esto implica convocar a un amplio debate público en procura de un acuerdo político para su urgente reemplazo.

 

En primer lugar debe formar parte central de esta reformulación abordar las nocivas consecuencias individuales y sociales que imponen el consumo creciente de drogas y el estratégico papel del Estado en materia de prevención, cuidado, tratamiento y reinserción social del adicto, así como en cuanto a promover el empoderamiento y la resiliencia comunitaria.

 

A su vez, esto implicará montar objetivos, estrategias y acciones compartidas y coordinadas entre los gobiernos nacional, provinciales y municipales y la sociedad civil. La existencia de políticas efectivas que reduzcan la demanda de drogas y fortalezcan la cohesión social es condición necesaria tanto para el desarrollo de una democracia más plena, como para lograr efectividad en la represión del narcotráfico.

 

Cuanto menos consumidores, menos drogas consumidas y mayor solidaridad social, menor será el tamaño del mercado, mayor el costo de oportunidad de traficar y más fácil será ponerles freno a sus protagonistas.

 

En este marco, el nuevo régimen normativo debe también implicar un cambio de paradigma en materia de represión al narcotráfico. La nueva estructura político-jurídica debe ser tan amplia y precisa como realista y flexible.

 

Se requiere de objetivos y estrategias inteligentes capaces de ajustarse a distintas situaciones: evitar la producción y fabricación de drogas, impedir la importación ilegal de productos, aumentar el precio de la droga transada de manera local, incrementar los costos no monetarios de acceso al producto, perseguir a las organizaciones y estructuras financieras que respaldan el negocio, ajustar el régimen penal según tipo de sustancia y eslabón en la cadena de la oferta, entre otras regulaciones y dispositivos.

 

Abordar ambos componentes -la demanda y la oferta- debe formar parte de una misma convocatoria y de un mismo debate, con el fin de llegar a acuerdos efectivos y eficientes. Está en manos del actual gobierno, los partidos de oposición y del conjunto de la dirigencia social producir un salto transformador y no sólo administrativo en materia de políticas de lucha contra el narcotráfico y la drogadependencia.

 

Agustín Salvia

Integrante del Observatorio de la Deuda Social Argentina-UCA

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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