Miércoles, 12 Abril 2017 00:00

No corresponde el pago de los días de huelga

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El ejercicio del derecho de huelga está garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La huelga  es una forma autorizada por la ley de ejercer una presión sobre el empleador, con el objetivo de obtener un aumento de salarios o algún otro beneficio laboral.

 

Por ese motivo la huelga no extingue la relación de trabajo, solo la suspende y, en principio, cuando se cumplen los recaudos legales, no puede dar lugar a sanción alguna. Pero al quedar suspendido el contrato, no parece lógico que se reclame el pago de los días no trabajados.

En Argentina, a diferencia de otros países, no existe una ley que reglamente el  derecho de huelga por lo que las consecuencias que se derivan de su ejercicio vienen siendo establecidas en las decisiones que adoptan los jueces. En Europa las leyes generalmente regulan el tema. Por ejemplo,  la legislación española tiene una norma específica que regula la huelga -el Real-Decreto Ley 17/1977 -  avalada por varias sentencias del Tribunal Constitucional. La ley española indica expresamente que la huelga es motivo de suspensión de las relaciones laborales lo que en la práctica se traduce en que  el huelguista no realiza su trabajo y el empresario descuenta los días no trabajados.

Cabe añadir aquí que el Tribunal Constitucional (TC) en España ha declarado que son abusivas las huelgas en sectores estratégicos y aquellas que imponen más gravamen de los necesarios a los usuarios de los “servicios esenciales de la comunidad”.  El TC señala que el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios cede cuando ello se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si su reivindicación o pretensión no tuviera éxito. Una ley regula en la actualidad la obligación de los sindicatos de garantizar los servicios mínimos en estos casos.

Aunque todavía hay jueces de Justicia Legítima que en Argentina pretenden que a los docentes de la provincia de Buenos Aires no se les descuente los días de huelga, lo cierto es que la tesis dominante es que corresponde el descuento de los días no trabajados con motivo de una huelga. El argumento principal es que siendo el contrato de trabajo un contrato sinalagmático -es decir que establece obligaciones recíprocas para ambas partes que lo suscriben- si una de ellas no cumple con la obligación de trabajar, la otra no está obligada a abonar la contraprestación correspondiente que es el pago del salario. Se entiende que del mismo modo que el empleador sufre el perjuicio transitorio que le supone el cese de actividades, en forma simétrica los trabajadores sacrifican el derecho a la retribución que les hubiera correspondido.

La Corte Suprema de la Nación tuvo ocasión de expedirse sobre esta cuestión  el 15 de octubre de 1962 en el caso Unión Obrera Metalúrgica c/ Minetti y Cía cuando revocó la sentencia de la Cámara de Trabajo de Córdoba que había declarado el derecho de los trabajadores a percibir los salarios caídos. La sentencia de la Cámara cordobesa vinculaba el pago a la legalidad o ilegalidad de la huelga y sostenía que si la huelga no se había declarado ilegal los salarios debían pagarse. Evidentemente se estaba incurriendo en una confusión de planos, puesto que la legalidad o ilegalidad es una cuestión diferente que, incluso, podría dar lugar a sanciones administrativas, pero nada permite vincularla con el pago o el descuento de los salarios caídos. Acertadamente, la Corte Suprema se limitó a señalar que no existe disposición constitucional o legal en cuya virtud el derecho de huelga vaya necesariamente acompañado del derecho a percibir los días no trabajados.

No obstante el criterio de la Corte, con posterioridad se ha dictado algún fallo que vincula el pago o descuento de los salarios a una calificación tan imprecisa como es la determinación de la “culpabilidad” de las partes implicadas en el conflicto. En algún caso se considera que si la huelga se gana queda probada la “culpa” del empleador y los días caídos se pagan y si la huelga se pierde, la “culpa” es de los trabajadores y los salarios no se pagan. El criterio es tan arbitrario que no merece mayor consideración.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con fecha 4 de octubre de 2010, en el caso Asociación Docentes ADEMYS c. CABA s/amparo hizo lugar al recurso formulado por el gobierno de la CABA, contra la decisión del juez de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo incoada por la asociación docente que pretendía que se declarara la inconstitucionalidad de una disposición que disponía descontar los haberes correspondientes a dos días de paro. El juez de primera instancia había hecho lugar al amparo con el argumento de que había existido una “conducta culpable” del empleador.

Para el TSJ en cambio, no existe un derecho de los trabajadores a verse remunerados por las jornadas no trabajadas y ninguna influencia puede tener la declaración de legalidad o ilegalidad de la huelga. Se dice textualmente que  “la remuneración se adquiere en el marco de un contrato de índole sinalagmática, como es el de trabajo, cumpliendo las prestaciones a que está obligado frente a su acreedor, el empleador. La central, obviamente, es el servicio o, más precisamente, haber estado dispuesto a ejecutarlo (cfr. arts. 113 in fine de la LCT, art. 10, inc. a de la ley nº 471 y art. 6, inc. f del Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires). Es así que si con la huelga el trabajador no ha puesto su trabajo a disposición del empleador, no adquiere el derecho a verlo retribuido”.

Por consiguiente, podemos considerar que el tema, desde la perspectiva jurisprudencial, está suficientemente claro. Es indudable el derecho del empleador, sea privado o sea el Estado, a descontar los días no trabajados por realización de una huelga. Sin embargo, en la práctica el problema es que algunos gobiernos provinciales, para evitarse problemas, amenazan con proceder al descuento de los haberes pero luego no cumplen con lo anunciado. De este modo los trabajadores estatales saben que los días caídos serán finalmente remunerados, con lo cual se crea un estímulo al ejercicio irresponsable del derecho de huelga.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires parece decidida a terminar con la política que incentiva el ejercicio irresponsable del derecho de huelga. En el fondo, detrás de su firmeza, está la defensa de la educación pública que está siendo destruida por prácticas anacrónicas que responden a visiones miopes y corporativas. Cambiar viejos hábitos exige esfuerzos y se pagan algunos costos, pero el bien superior que se defiende justifica ese empeño.   

Aleardo F. Laría

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