Domingo, 01 Octubre 2017 00:00

Algo sí pasa

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 “La Justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella”.
-René de Chateaubriand

 

En nuestro país se ha hecho carne una afirmación que sostiene que “aquí nunca pasa nada”, referida en especial a las consecuencias penales que la corrupción debiera generar para sus autores. Hasta ahora, y salvo contadísimas y notorias excepciones, el más que moroso Poder Judicial dio la razón a quienes así lo creían. Sin embargo, el claro avance de Cambiemos en las PASO, que se ampliará tras el seguro triunfo de este mes, hizo que los jueces federales en lo criminal, poseedores de las narices más profesionales del planeta, se atropellaran en la puerta de los tribunales orales para elevar a juicio las innumerables causas que afectan a los capitostes del gobierno kirchnerista, incluyendo a la propia Presidente, jefa única de la monstruosa asociación ilícita que organizó con su marido muerto.

Están hoy sentados, ante estos mismos magistrados en los cuales tanto confiaron en el pasado por razones claramente crematísticas, Cristina Elisabet Fernández, el ex Vicepresidente Amado Boudou, el ex super Ministro de Planificación y actual Diputado -¡qué vergüenza!- Julio de Vido, y decenas de emblemáticos secretarios de Estado (Guillermo Moreno, Daniel Cameron, Roberto Baratta, Daniel Reposo, etc.), presidentes de empresas públicas, responsables de entes autárquicos, funcionarios de todos los niveles y algunos empresarios demasiado expuestos como para eludir su conversión en blancos indeseados.

Pero es claro que no todo termina allí. Esta leve brisa de decencia, que comenzó a soplar hace un año y medio con la caída de Norberto Oyarbide, está empezando a defenestrar a actuales jueces, como Eduardo Freiler, Carlos Rozanski, Raúl Reynoso y Alberto Hergott. Lamento que el Gobierno prefiera aceptar la renuncia de algunos de estos impresentables magistrados, que acceden así a una jubilación privilegiada, a que deban enfrentar el largo proceso del juicio político y, en algunos casos, hasta causas penales por corrupción. Esas caídas no son suficientes y los vientos deberán soplar más fuerte, pues es sabido que no son pocos los jueces que debieran ser expulsados de sus cargos por indignidad moral para encontrarse por encima de sus conciudadanos y decidir sobre su libertad y su patrimonio.

Y, por supuesto, debería incluir en la lista a la inefable Procuradora General de la Nación, doña Alejandra ¡Giles! Carbó y a la recua de fiscales militantes con que ha colonizado los tribunales de todo el país, siempre dispuestos a entorpecer la gestión del Gobierno y a prestarse a participar del circo romano en que se juzga a los militares pero nunca a los terroristas.

Por si no hubiera suficientes artistas en escena, ahora se ha sumado el complejo elenco de los eternos dirigentes gremiales, como Omar Caballo Suárez y Juan Pablo Pata Medina, paradigmáticos y violentos extorsionadores de los empresarios de sus respectivos rubros, a los cuales se sumarán pronto otros colegas en el delito. Es que, puesta a investigar seriamente, la Justicia debería hacerse una panzada con las inmensas fortunas personales que detentan estos caraduras, tan volubles, que tanto daño hacen al país invocando los teóricos intereses de sus afiliados, como ha sido el reciente caso de la férrea oposición a las aerolíneas low cost.

Pero, como se ha visto en Brasil, la obra purificadora no tendrá un final feliz hasta que hagan acto de presencia en la misma la multitud de empresarios que han lucrado sin tasa y sin medida con los contratos con el Estado, al cual han dejado postrado de inanición a fuerza de sobreprecios u falsedades inconclusas que, siempre, hemos terminando pagando con nuestros exorbitantes impuestos. Está en pleno trámite legislativo el proyecto de ley que responsabiliza penalmente a las compañías en los hechos de corrupción, y es probable que veamos su sanción en los próximos días. Sin embargo, y tal como dijera el Juez Sergio Moro, líder de las investigaciones relacionadas con el proceso del Lava Jato, que ha llevado a la cárcel a decenas de políticos, funcionarios y empresarios brasileños con gravísimas condenas –al ex Gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, le impusieron ¡45 años! de prisión- no bastará con esa norma, sino que resultará indispensable contar también con el instrumento de la delación premiada, que tan buenos frutos diera en nuestro vecino país.

Precisamente, esa monumental causa judicial ha puesto de relieve un aspecto poco conocido, en la medida es que es la primera vez que aparece nítida la transnacionalidad de la enorme maquinaria de corrupción montada. Y así, sin caer en teorías conspirativas, ha quedado expuesta su íntima vinculación con el Foro de San Pablo, fundado en 1990 por el Partido dos Trabalhadores (PT), comandado por Luiz Inácio Lula da Silva. La izquierda latinoamericana se convenció que el camino militar –recorrido por las organizaciones terroristas que asolaron nuestro continente en los 70’s y 80’s- no tenía posibilidad de llegar al destino deseado, e invento esa falacia del “socialismo del siglo XXI”, que conlleva la destrucción de las instituciones más caras a nuestros sentimientos: la república, la democracia representativa, las iglesias, las familias y, por supuesto, los ejércitos. 

Rápidamente, y dada la comunidad de objetivos políticos, el Foro logró la adhesión incondicional de los líderes populistas (en algunos casos, verdaderos cleptómanos) de la región, se llamaran Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Michelle Bachelet (Chile), José Pepe Mujica (Uruguay), Dilma Rousseff (Brasil), Daniel Ortega (Nicaragua) y, claro, Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), y cuenta con gran apoyo financiero transnacional de los grandes carteles de la droga. Pese a que se incorporaron al mismo los sanguinarios miembros de las FARC colombianas, del Sendero Luminoso peruano, de los distintos frentes terroristas chilenos y conspicuos integrantes de Montoneros y ERP argentinos, al menos por ahora trocaron los fusiles por los libros de la Escuela de Frankfort, de Antonio Gramsci, de Ernesto Laclau y de tantos otros profetas de esta destructiva religión.

Entre los concretos objetivos de ese nefasto Foro, en realidad como uno de sus instrumentos, está definido el incentivo a los movimientos indigenistas en la región. Éstos se han hecho presentes desde hace décadas en el sur de Chile, donde los mapuches sí han optado por la vía terrorista con asesinatos, incendios, bombas y sabotajes de toda índole. El Gobierno de la Coalición gobernante ha sido por demás tolerante, pese a disponer de una específica legislación represiva, y ello ha permitido no solamente la perduración de estas acciones violentas sino su traslación hacia territorio argentino, donde esta etnia arribó en 1833, aunque sólo muy recientemente ha adoptado posiciones insurreccionales y separatistas.

Los descerebrados y los malintencionados que apoyan las disparatadas reivindicaciones territoriales de estos autoproclamados “pueblos originarios” no se han detenido a pensar que el año -1833- en que los mapuches realmente cruzaron la cordillera de los Andes y se instalaron aquí, es exactamente el mismo en que los colonizadores argentinos de las islas Malvinas fueron desalojados militarmente por los británicos; entonces, y en función de esa igual antigüedad, la misma calificación y los mismos derechos deberían reconocerse a los invasores ingleses.

Este es el desafío que la Argentina tiene por delante, y en función de ese buen combate, está obligada a fortalecer sus instituciones y respaldar a las personas que se encargan de la defensa y de la seguridad del territorio nacional y de los ciudadanos; lo que hemos visto en estos días, con los feroces ataques a la Gendarmería y a la Ministro Patricia Bullrich va, precisamente, en dirección contraria.

Enrique Guillermo Avogadro 
Abogado 
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