Sábado, 21 Octubre 2017 00:00

Las políticas antimafias

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Según José Luis Espert (“La Argentina devorada”, Ed. Galerna) nuestro país  debería ser un país desarrollado, pero no lo es “porque tres corporaciones se la fuman en pipa”.

 

Se refiere a los empresarios prebendarios “que le venden a la gente, a precio de oro, lo que afuera se consigue por monedas”; a los sindicatos “que ganan sumas incalculables” y a los políticos que “a través de los impuestos le sustraen a los trabajadores la mitad de un año de trabajo”. Se pueden discutir algunas de las afirmaciones de Espert, pero en general hay coincidencia en el diagnóstico general: tenemos un capitalismo de amigos, prebendario y corrupto que genera decadencia, pobreza e inequidad.

En la enumeración de Espert  no están todos los que son, y no son todos los que nombra. Tal vez sea exagerado considerar globalmente a la clase política como una corporación corrupta, dado que allí hay de todo, como en botica. Por otra parte, cuando señalamos que no están todos los que son, cabría añadir algunos nichos mafiosos que todavía campan a sus anchas. Nos referimos, por ejemplo, a algunas agencias del Estado, como las fuerzas de seguridad, que están penetradas por mafias internas que lucran recibiendo sobornos de las redes de negocios prohibidos como el narcotráfico o la prostitución. También merecen entrar en esa relación los llamados servicios de inteligencia del Estado, una micro corporación mafiosa situada en las cloacas del Estado, que ejerce fuerte tutela sobre algunos jueces federales que operan al servicio del Poder Ejecutivo.

Donde Espert acierta es en la caracterización de ciertos empresarios vinculados a la obra pública, o representantes de los sectores industriales más proteccionistas, que “han reconocido públicamente ante la prensa su esencia corrupta y extorsionadora”.

Junto con ese grupo caracterizado en otros tiempos como la “patria contratista”, y en estrecha relación con ella opera la denominada “mafia sindical”. Como señala Espert, “nuestros sindicalistas constituyen verdaderas monarquías hereditarias: son reelegidos en sus cargos de manera permanente y reemplazados por sus propios hijos sólo una vez que mueren o renuncian. Con el cuento de la defensa de los intereses de los trabajadores y los miles de millones de pesos que manejan de manera absolutamente discrecional, constituyen una nueva oligarquía con casos de corrupción, aprietes y asesinatos dignos de Al Capone”.

La detención de dos sindicalistas, que prima facie aparecen representativos del sindicalismo mafioso, como Enrique “Caballo” Suárez o Juan Pablo “Pata” Medina, ha llevado a pensar que existe una firme voluntad política del presidente Mauricio Macri de librar una batalla contra esta forma corrupta de sindicalismo.  Para Luis Alberto Romero, estas acciones “son de una contundencia tal que difícilmente le permitan a Macri retroceder en el camino emprendido”.  Sin embargo hay que saber diferenciar lo que son acciones aisladas, de corte simbólico, de las políticas generales dirigidas a desmontar con eficacia los mecanismos institucionales que permiten la proliferación de estas redes.

Argentina tiene un peculiar modelo sindical, que no existe en ningún otro lugar del mundo. Estamos ante un fenómeno estructural que tiene su origen en la existencia de una legislación anacrónica, como la Ley de Asociaciones Profesionales, que establece una suerte de monopolio sindical en manos de la asociación sindical elegida por el Estado a la que se le confiere la “personería gremial”, es decir la facultad para integrar las comisiones paritarias y pactar en exclusiva los convenios colectivos que regulan cada actividad, y a la que también se le concede el control de las obras sociales. 

La otra ley que ha facilitado la consolidación de esta “monarquía sindical hereditaria” es la ley de obras sociales, que deja en manos de los sindicatos la recaudación de enormes cantidades que se descuentan coactivamente a todos los trabajadores. Esta ley, promulgada durante la dictadura militar de Onganía, pone en manos de los sindicalistas cuantiosos fondos sin excesivo control. Esto permite a los dirigentes sindicales deshonestos desviar fondos a empresas que están bajo su control y que son contratadas por las obras sociales para la realización de los más variados y extravagantes cometidos.

Sin abordar el cambio de esta legislación, será muy difícil eliminar el nido donde se incuban los huevos de la serpiente. Una tarea ciclópea en la que ya fracasó Alfonsín, de modo que nadie niega la enorme dificultad política de emprender una labor eficaz en ese terreno. Sin embargo, siempre existe la alternativa de la demolición por etapas, comenzando, por ejemplo, por aprobar una regulación que permita la fiscalización severa de los fondos que manejan esas obras sociales con la participación de las organizaciones empresariales en las comisiones de control. 

Los procesos de modernización del crony capitalism o capitalismo de amigos, según la experiencia internacional, ha supuesto emprender duras batallas contra las corporaciones beneficiarias del sistema. Que surjan algunas muestras que indican que este tema se instala en la agenda política de Argentina es una buena señal.  Pero sin el diseño de políticas abarcadoras que establezcan cambios legislativos de calado, todo quedará en agua de borrajas.   

Aleardo Laría  
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