Martes, 24 Octubre 2017 00:00

La situación de Gils Carbó

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Un juez en lo contencioso administrativo ha avalado la eventual remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político.

 

La decisión fue adoptada por el juez Pablo Cayssials, quien ha considerado "inconstitucional" el artículo 76 de la Ley 27.148, del Ministerio Público, que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo. Sin embargo, es una sentencia extraña, puesto que existe una consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema que impide a los jueces hacer declaraciones generales sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso.

Los jueces, en Argentina, tienen asignado el  “control difuso de constitucionalidad” es decir verificar que las leyes se ajustan a las reglas de juego que están establecidas en la Constitución. Se denomina “difuso” porque es una facultad que la ejercen todos los jueces en el momento de aplicar una ley a un caso concreto. De este modo el sistema se diferencia de aquellos Estados donde existe un Tribunal Constitucional encargado en exclusividad de esa misión. En estos casos, cuando un juez debe aplicar una norma que considera inconstitucional, debe suspender la aplicación de la norma y elevar una consulta al Tribunal Constitucional quien determina si la norma se ajusta o no al texto constitucional.

Si no existiera un sistema de control de constitucionalidad de las leyes, las normas de la Constitución podrían ser derogadas por simples leyes votadas por mayorías eventuales en el Congreso. Sin embargo, los jueces tienen un límite: deben pronunciarse ante un caso y una controversia judicial concreta y no pueden hacer un análisis en abstracto de la constitucionalidad de una ley. No se admiten las declaraciones genéricas y directas de inconstitucionalidad en tanto no hayan dado lugar a un litigio contencioso. Se persigue así preservar la división de poderes, según el criterio sentado por el juez Frankfurtes en la jurisprudencia norteamericana.

Si bien el control de constitucionalidad supone un examen técnico de la adecuación de las normas a los principios constitucionales,  debe tenerse en cuenta que las leyes dictadas por el Congreso gozan de la presunción de que se ajustan al texto constitucional. De allí que la Corte argentina  negara que estuviese “en la órbita del Poder Judicial de la Nación la facultad de expedirse en forma general y directa sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

De modo que por lo expuesto, la decisión del juez Cayssials aparentemente vulnera los criterios de razonabilidad fijados por la Corte Suprema.

Tampoco el argumento de fondo utilizado por el juez en lo contencioso administrativo para declarar la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 27.148 parece razonable. Considera que “el privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios, contemplados en la Constitución Nacional". Agrega que ese artículo, "al establecer el mecanismo de juicio político como modo de remoción del Procurador General, consagró una barrera casi infranqueable a la responsabilidad del funcionario".

El juez  ha citado en apoyo de su sentencia el caso Molinas para invocar una supuesta doctrina de la Corte en virtud de la cual solo pueden gozar del beneficio del juicio político los altos cargos que enumera el artículo 53 de la Constitución Nacional. Se considera que una ley de rango inferior no puede crear más inmunidades funcionales que las contempladas en el texto constitucional. Cabe recordar aquí que Ricardo Molinas, el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas designado por Raúl Alfonsín, fue destituido por Carlos Menem en el año 1991 porque tenía bajo su control causas sensibles contra el Gobierno. Digamos que no es un antecedente muy republicano para cobijarse bajo su sombra, pero lo cierto es que aquella decisión fue adoptada en el marco de la vieja Constitución, cuando no se había producido la reforma de 1994, de modo que carece de actualidad.

La reforma constitucional de 1994 definió al Ministerio Público –encabezados por un procurador general y un defensor general- como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera con la misión de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Su regulación se hizo en la Sección Cuarta, a continuación de la Sección Tercera que regula el Poder Judicial. Por consiguiente, dejó de ser un órgano que dependía funcionalmente del Poder Ejecutivo, y pasó a ser un órgano autónomo, situado a la misma altura que el Poder Judicial, y representativo de los intereses de la sociedad y no del gobierno.  El artículo 120 de la CN consagra la inmunidad funcional y la intangibilidad de las remuneraciones de los miembros del Ministerio Público, es decir que se quiso otorgar a los fiscales públicos la misma protección que  los jueces de la Nación.

La Ley 27.148 se votó como ley orgánica para reforzar su carácter de norma consensuada y estableció en su artículo 76 la necesidad de promover el juicio político para destituir al Procurador General de la Nación en su calidad de cabeza del nuevo poder, equiparándolo de esta manera a los jueces de la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial. De esta modo se dotaba de contenido real a lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución, dado que de otro modo, el procurador podría ser destituido por simple decreto del Poder Ejecutivo, lo que resultaba contradictorio con el rol de órgano independiente que le otorgó el legislador constituyente.

El fallo del juez Pablo  se pliega a la intensa campaña que viene librando el Poder Ejecutivo para conseguir remover de su cargo a la jefa de los fiscales. El gobierno de Mauricio Macri ha defendido la tesis de que Gils Carbó debió renunciar en diciembre de 2015, negando de este modo el significado profundo de la reforma constitucional de 1994. Ahora se apoya en un procesamiento bastante cuestionable por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la compra de un edificio en la que familiares de un funcionario de su departamento cobraron comisiones del vendedor. Este procesamiento reavivó en el oficialismo los pedidos de renuncia de la procuradora o, cuanto menos, de licencia (como lo pidió el ministro de Justicia Germán Garavano)

Por el momento, y en tanto el fallo del juez Cayssials no sea confirmado por un tribunal superior y en última instancia por la Corte Suprema, el único camino legítimo para remover a la Procuradora Gils Carbó sigue siendo el juicio político. Desde una perspectiva republicana es conveniente dotar de autonomía al Ministerio Público y evitar que quede bajo la dependencia del Poder Ejecutivo. Las reglas de juego deben preservarse con independencia de que favorezcan a personas que pertenezcan, en forma real o presunta, al arco opositor. El respeto escrupuloso a las normas aprobadas por el Congreso es lo que diferencia a una república de su contracara autoritaria. El modo por el que Maduro destituyó a la Fiscal General Luisa Ortega marca el camino de lo que no se debe hacer.

Aleardo F. Laría 
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