Jueves, 02 Noviembre 2017 00:00

De Cristina Fernández a Gils Carbó

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La pregunta más escuchada en estos días se refiere a la suerte que puede correr en los próximos meses Cristina Fernández. Con base en el desafuero y la posterior detención de Julio De Vido, las especulaciones que se han echado a correr son de nunca acabar.

 

En un país de opinadores vocacionales, no es algo que cabría incluir en el terreno de lo novedoso. Curioso hubiese sido lo contrario: que el tema pasara desapercibido y nadie hiciera escuchar su opinión respecto del futuro de la viuda de Néstor Kirchner.

Hay razones, nada antojadizas, para imaginar que la ex–presidente corre el serio riesgo de hacerle compañía a Lázaro Báez, Ricardo Jaime y Julio De Vido, entre otros.

Está, por de pronto, el clamor de quienes en la elección del domingo antepasado votaron en favor de Cambiemos y creen que el gobierno se halla interesado en llegar hasta las últimas consecuencias en punto a la corrupción kirchnerista. Además, no habría que descartar el papel relevante que, en la embestida contra la jefa de Unidad Ciudadana, están dispuestas a desempeñar Graciela Ocaña y, sobre todo, Elisa Carrió. Las declaraciones de la primera de las nombradas de que Cristina podría no asumir su banca en el Senado de la Nación no fueron un exabrupto ni mucho menos. Por fin, qué decir acerca de los jueces federales -con la única excepción de Claudio Bonadío- interesados en ser hoy más papistas que el Papa.

Como contracara de lo expresado, existen también razones de peso que apuntan en sentido contrario y permiten suponer que, si acaso la Fernández fuese presa algún día, no sucedería antes de que la justicia fulminase en su contra una sentencia de carácter definitivo. A diferencia de lo que sucedió con De Vido en la cámara baja del Congreso, la cámara alta tiene una postura distinta sobre qué condiciones deben darse para votar los eventuales pedidos de desafuero que lleguen a ese cuerpo colegiado.

El antecedente en el cuál hay que parar mientes no es el de Julio De Vido sino otro, igual de reciente: el de Carlos Menem. Las solicitudes de desafuero del ex–presidente de la Nación se estrellaron, hasta el momento, contra un Senado convencido de que sólo sería pertinente soltarle a aquél la mano en el supuesto caso de que mediase una sentencia firme y definitiva. No está de más recordar que el proceso judicial por la venta de armas a Croacia lleva más de una década. Dependiendo de lo que dictamine la sala correspondiente de la Cámara de Casación Penal en los próximos días, el hombre de Anillaco podría o no verse privado de sus fueros.

Tan importante como el parecer de los señores senadores es la estrategia de la Casa Rosada -que por motivos que nada tienen que ver con lo institucional, lo legal o lo formal- apunta a mantener a Cristina Fernández lejos de cualquier prisión. Se equivocan quienes estiman que el macrismo teme transformarla en una suerte de mito sufriente. La posibilidad de que ella se victimice es un riesgo menor, en atención a la fuerza electoral y política del gobierno. El dato fundamental es que la presencia activa y militante de la candidata que -de lejos- más votos propios tiene dentro del peronismo, le asegura a Cambiemos un escenario de lucha permanente en el espacio justicialista. Con Cristina en libertad la unidad del PJ resultará imposible.

Pero la eventual prisión de dos ex–presidentes y de algunos otros personajes emblemáticos del ciclo kirchnerista ha sido el tema de mayor trascendencia sólo en las tertulias y los mentideros políticos, en las mesas de café y en los programas televisivos. El hecho más significativo de la semana en curso -superior en calado, inclusive, al discurso presidencial del lunes en el Centro Cultural Kirchner- fue la renuncia de la jefa de los fiscales nacionales, Alejandra Gils Carbó.

Desde el momento en que triunfó a expensas de Daniel Scioli, Mauricio Macri tomó conciencia de que los perdedores de esa elección dejarían detrás de sí, cuando les tocase abandonar el poder, un campo minado con el propósito de hacerle la vida imposible a la administración entrante. La pieza principal del Caballo de Troya kirchnerista, introducido en el riñón del macrismo, era la procuradora general de la Nación. El primer magistrado, recién electo, no se animó a desalojarla de su cargo por decreto y debió convivir con ella por espacio de dos largos años.

Tal cual lo explicamos antes de que se substanciaran las PASO, dependería del resultado electoral la suerte de Julio De Vido, Alejandra Gils Carbó, Amado Boudou y demás personajes estelares del universo K. Los primeros que se hallaban convencidos de esto fueron precisamente ellos. Ni bien quedó en claro que Cambiemos había obtenido un triunfo contundente, De Vido y la procuradora supieron que sus días estaban contados. Dos días antes de los comicios, el fallo del juez en lo contencioso administrativo, Pablo Cayssials, de que no resultaba menester un juicio político para removerla de su cargo, comenzó a derrumbarla. Esa fue la primera estocada mortal que recibió. La segunda sobrevendría luego de conocerse la derrota de Cristina Fernández en la Provincia de Buenos Aires. Procesada por corrupción, impugnada por los excesos de parcialidad en favor de sus mandantes y criticada por designar a dedo a los fiscales amigos y afines, su idea de contraatacar en toda la línea de combate y llevar su caso a los organismos internacionales quedó en el limbo. El próximo 31 de diciembre dejará mansamente el puesto que hasta pocas semanas antes decía que iba a defender hasta las últimas consecuencias.

El paso al costado de Gils Carbó y la posibilidad de que el gobierno cuente a partir de fines de año con el noveno voto en el Consejo de la Magistratura, dejan a la administración de Cambiemos en la mejor posición imaginable para acometer una de las varias reformas que planea. Depurada la Procuración General y con mayoría en el citado Consejo, hacer cirugía fina y a fondo en materia judicial es algo que estará al alcance de su mano. En términos de las transformaciones revolucionarias de las que se viene hablando y que el presidente dejó planteadas a grandes rasgos el lunes, el espacio que se le abre en el campo judicial ofrece una ventaja inestimable respecto de las demás asignaturas pendientes: el gobierno tendrá poderes casi absolutos para actuar y el peso de sus enemigos será insignificante. 

 Vicente Massot

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