Viernes, 08 Diciembre 2017 00:00

Macri y Gerónimo

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La organización mapuche RAM tiene poco o nada que ver con los grupos revolucionarios que, en la década del setenta del pasado siglo, desafiaron al Estado argentino e intentaron, con base en la lucha armada, convertir a la Argentina en un país socialista.

 

A los descendientes de Calfulcurá les falta un mito convocante, armas, bases y militancia como para emular al ERP y a Montoneros. No tiene sentido, pues, trazar un paralelo entre unos y otros, a todas las luces forzado, y, por lo tanto, improcedente. Tratar de entender situaciones o problemas nuevos montados en categorías analíticas pretéritas es la mejor forma de equivocar el rumbo y permanecer a ciegas. Estos indígenas destartalados, a la vista harapientos y sin demasiadas ideas, no son la resurrección de aquellos jóvenes convencidos de que habían sido bendecidos por el sentido de la historia.

No obstante lo cual, la RAM y los demás componentes maximalistas de la comunidad mapuche, resultan peligrosos. Por de pronto, han sentado el precedente de desafiar la Constitución, las leyes nacionales y provinciales y el principio mismo de nuestra soberanía territorial, sin que ello haya levantado -como hubiera sido de esperar- una condena fulminante de parte de las autoridades. El macrismo, siempre temeroso del qué dirán, no se ha animado todavía a tomar el toro por las astas. Hasta ahora ha marchado claramente detrás de los acontecimientos. En esto los mapuches llevan ventaja, ayudados, consciente o inconscientemente, por buena parte de los principales medios de comunicación.

No llamar a las cosas por su nombre impide montar una estrategia de represión que descanse sobre la idea de que quienes violan las leyes son delincuentes y deben ser tratados en calidad de tales. Con lo cual el riesgo es doble: por un lado premia la impunidad de los subversivos y, por otro, envía el peor de los mensajes a la sociedad en general y a los mercados en particular. La RAM todavía no ha llegado a los extremos de ferocidad y de demencia que caracteriza a sus hermanos chilenos, pero en tanto y en cuanto el gobierno nacional siga enredado en sus contradicciones, no sería de extrañar que, en un par de años más, podría animarse a quemar iglesias, matar a propietarios de estancias y apropiarse, como si tal cosa, de territorios que no le pertenecen.

Con todo, a raíz del último incidente conocido -que terminó con la muerte de Rafael Nahuel- algo parece haber cambiado en la óptica gubernamental. De acuerdo a los trascendidos que se conocieron el fin de semana, el presidente habría reaccionado airado al tomar conocimiento de que la Prefectura había pedido permiso al juez correspondiente antes de ingresar al Parque Nacional invadido. A Macri ya le había molestado sobremanera -cuando se investigaba la desaparición de Santiago Maldonado- el video que mostraba a un mapuche palpando de armas a miembros de las fuerzas de seguridad que pretendían entrar en los “territorios sagrados”. Esta vez la gota parece haber colmado el vaso.

El presidente es un hombre de pocas palabras y escasa formación intelectual. Lo suyo no son los discursos floridos ni la lectura de los clásicos. Lo cual -dicho sea de paso- nada tiene de malo. Macri es un típico exponente de las familias italianas con menos de cien años entre nosotros, que vinieron en busca de mejores horizontes y se dedicaron a trabajar. Las medias tintas no lo convencen. Tampoco las posiciones relativistas. Para él, el pan es pan y el vino, vino. Así como, en su momento, le costó horrores homologar en la ciudad de Buenos Aires el matrimonio homosexual y rechaza el garantismo jurídico que, en la práctica, convierte a los victimarios en víctimas, así también desea ejercer su autoridad frente al desafío de la RAM, sin cortapisas.

Ahora bien, Macri no siempre coincide con algunos de sus principales colaboradores que comulgan con los tópicos del progresismo cultural y desconfían de cualquier política de mano dura. No se necesita ser un sabueso intelectual para imaginar sus nombres. Los liberals, por llamarles de alguna manera, no pecan por serlo. Es más, están en todo su derecho; y, si ostentan cargos de tamaña responsabilidad, es porque el presidente tiene una confianza ciega en ellos. No existe tensión y nadie supone que vaya a haber un cortocircuito. Pero es importante conocer sus diferencias y el ascendiente que Marcos Peña y Jaime Durán Barba -para nombrar a los más representativos de ese espacio- tienen sobre su jefe.

Si el Poder Ejecutivo carece de firmeza, está claro que la RAM escalará en sus reclamos y en su beligerancia, sin importarle que en el desenvolvimiento de su estrategia pierda militantes. Casi podría decirse que le convendría en la medida que ello podría servirle, como hasta el momento, para victimizarse no sólo de puertas para adentro sino hacia fuera del país. La repercusión que en parte del mundo y -por sobre todo, en organismos internacionales que apoyan su causa- tendría la existencia de más víctimas fatales, sería inmensa.

La preocupación que embarga a por lo menos tres gobernadores patagónicos y a no pocas empresas energéticas, unida al hecho de que Macri está convencido de que hay una mayoría -muchas veces silenciosa- que se halla harta de la inseguridad, inducen a pensar que en esta coyuntura la decisión presidencial rimará con sus convicciones más íntimas. Como el presidente cree que -entre otras cosas- recibió un mandato de las urnas para preservar el orden ciudadano, no quiere ceder a la extorsión.

En esta ocasión todo hace suponer que su reacción no se inscribirá dentro del marco gradualista que ha presidido su gestión en materia económica. Quienes lo conocen y frecuentan dicen que quedó muy impresionado por la firmeza de su amigo chileno, Sebastián Piñera, en la disputa televisiva que tuvo con un líder de la comunidad mapuche, en plena campaña electoral. También por la claridad con la que el jefe de la derecha chilena anunció una política de absoluta intransigencia con la delincuencia maquillada de protesta social. Una primera medida, tomada por la administración gobernante, apuntó en buena dirección y por eso es hoy el foco de interesadas críticas internacionales. Por orden del presidente la Argentina decidió impedir el ingreso de unos sesenta activistas al país durante la reunión ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio) que comenzará la semana entrante.

Hay otra preocupación latente y creciente en la Casa Rosada que tiene que ver con las conferencias del G–20 y con la reunión cumbre de ese grupo de países -hoy presidido por la Argentina- que se llevará a cabo en la ciudad de Bariloche, en noviembre del año próximo. Mucho se discutió en los despachos oficiales respecto de dónde convenía que tuviese lugar el encuentro de jefes de estado a fines de 2018.

Básicamente por razones de seguridad. Si en Hamburgo los activistas que se dicen contrarios a la globalización generaron un verdadero caos en la última tenida del G–20, que no podría suceder aquí.

Buenos Aires resultó finalmente descartada porque ofrecía un sinfín de riesgos. Se optó entonces -con criterio opinable- por la mencionada localidad patagónica. La condición necesaria para substanciarla allí es que los intentos desestabilizadores de la RAM y demás organizaciones por el estilo sean puestos en caja cuanto antes.

Ninguno de los estadistas más poderosos del mundo tolerarían quedar sitiados dentro del hotel. Para recibir huéspedes en el Llao Llao, Gerónimo no puede merodear por los alrededores. 

Vicente Massot

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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