Jueves, 11 Enero 2018 00:00

El iceberg de la corrupción sindical

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La detención del sindicalista platense Marcelo Balcedo ha permitido confirmar lo que es un hecho ampliamente conocido en Argentina.

 

Existe un extendido fenómeno de corrupción que afecta a toda la estructura sindical. Los sindicalistas detenidos en los últimos tiempos serían sólo la punta de un iceberg de inmensa extensión y tamaño. Ahora bien, donde ya no es posible encontrar coincidencias es en el diagnóstico del problema y la manera más eficaz de enfrentarlo.

Algunos analistas utilizan el fenómeno para regresar al rancio antiperonismo. Según este punto de vista, el problema consistiría en que la mayoría de los gremios está en manos de dirigentes gremiales peronistas y, como todos saben,  el atractivo por las riquezas mal habidas está en el ADN del peronismo.  Es una falacia que se puede deshacer con facilidad contemplando el fenómeno en otros contextos. Por ejemplo, en España, uno de los factores que contribuyó a la creación de la burbuja inmobiliaria, fue el fenómeno de la corrupción en las cajas de ahorro, que estaban en manos de políticos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE). En España no se le puede echar la culpa al peronismo, por lo que es evidente que hay que buscar explicaciones del fenómeno un poco más rigurosas.

La corrupción es generalmente producto de una falla institucional, ya sea porque se origina en un diseño original equivocado, ya sea porque alguien descubrió la manera de superar una barrera legal. En el fondo, siempre vamos a tropezar con un defecto institucional.  Una vez detectado el problema y realizado un diagnóstico correcto, recién se podría dar el siguiente paso, que generalmente demanda una inmensa voluntad política para llevar a cabo las reformas institucionales necesarias para romper con los grupos corporativos que se aprovechan de esa brecha institucional.

En Argentina, el fenómeno de la corrupción sindical es el subproducto del juego de dos instituciones peculiares que no existen en el resto del mundo. La primera y más antigua es la derivada de la Ley de Asociaciones Profesionales, que establece un curioso sistema de “personería gremial” que otorga el monopolio de la representación sindical a un sindicato por rama de industria. De manera que este sindicato caza afiliados en un zoológico, obteniendo la posibilidad de recaudar una inmensa cantidad de fondos provenientes de las cuotas sindicales que se extraen compulsivamente a los afiliados. En algunos casos las cuotas sindicales pueden representar el 2 o el 3 % de los salarios, lo que pone en las manos de los dirigentes sindicales considerables sumas de dinero. Es cierto que el sistema nació con el peronismo, pero fue luego legitimado por gobiernos de otro signo político.

La otra institución que desvía fondos de los trabajadores hacia las arcas sindicales son las obras sociales. En este caso una creación original de la dictadura de Onganía que ha establecido un sistema de salud privatizado, en desmedro del sistema público y universal de salud. Cabe añadir que el fraccionamiento de la atención sanitaria en manos de personas que no están especializadas genera un fenómeno de pérdida de recurso impresionante que lo pagan  todos los trabajadores. Por otra parte, la desfinanciación del sector público de salud  ha dejado un sistema de atención hospitalaria de notorias y lacerantes carencias.

Mientras persista una legislación que propicia este desvío colosal de recursos, existirá corrupción sindical, dado que los seres humanos en general –no solo los peronistas- tienen una vocación natural a hacerse con la riqueza ajena cuando no existen mecanismos de control efectivos o estos son muy difíciles de implementar. De modo que iniciativas aparentemente bien intencionadas, como las de limitar el tiempo de mandato de los dirigentes, están destinadas al fracaso puesto que no modifican la base estructural del problema.    

Uno de los motivos por los cuales este mecanismo perverso de sustracción de recursos a los trabajadores subsiste es debido al interés del empresariado nacional en preservar el sistema. Los empresarios domésticos prefieren tratar con dirigentes sindicales corruptos y no tener que enfrentar a dirigentes radicales de izquierda que suelen ser más exigentes en sus reivindicaciones laborales. Por otra parte, también los gobiernos prefieren contar con una estructura sindical razonablemente flexible, lo que explica que en el ministerio de Trabajo del gobierno de Macri se sienta una persona cuyo único antecedente profesional es ser hijo de uno de los exponentes máximos del sistema de corrupción sindical.

Lamentablemente no se puede ser optimista en esta cuestión. El sistema está tan arraigado y  compromete tantos intereses, que es difícil que algún gobierno se atreva a ponerle -o quitarle- el cascabel al gato. El “costo argentino”, derivado de sistemas institucionales perversos, no podrá ser eliminado mientras no se consiga una alianza de partidos políticos fuertes dispuestos a  abordar las reformas institucionales de calado que hacen falta. Por algo la República parece siempre bajo una niebla, como una fantasía lejana. 

Aleardo F. Laría  
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