Martes, 27 Febrero 2018 00:00

La difusión de comunicaciones privadas

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Las conversaciones telefónicas entre la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, han sido difundidas en los principales medios de comunicación.

 

La interceptación ilegal de las comunicaciones privadas es un delito penado por el Código Penal pero la mera difusión por quien no ha sido autor de la interceptación no tiene sanción alguna. No obstante, desde una perspectiva institucional, estamos ante actuaciones de enorme gravedad dado que las principales sospechas de la difusión recaen sobre la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La interceptación de las comunicaciones de Oscar Parrilli las había ordenado el juez federal Ariel Lijo en una causa creada ex profeso, con el obvio consentimiento del juez, donde se investigaba una infundada acusación que atribuía a Parrilli haber encubierto, a fines de 2015 y como titular de la AFI, a Ibar Pérez Corradi, entonces prófugo en la causa por el triple crimen de General Rodríguez. Datan del período comprendido entre junio y septiembre de 2016 y se produjo una primera difusión de estas conversaciones en febrero de 2017.

La difusión de las actuales revela que quien dosifica su entrega lo hace con una evidente finalidad política, probablemente con la intención de dañar los esfuerzos que hace actualmente la ex presidente para consolidar un frente opositor. Cuando se produjo la primera difusión el año pasado, en un editorial, el diario La Nación señaló que “pasaron los años, hubo un cambio de gobierno y tres cambios de jurisdicción, pero la filtración a la prensa de escuchas telefónicas con clara intencionalidad política continúa como si nada hubiera ocurrido y constituye otra enorme mancha para la Justicia que no puede ponerle coto a esta práctica aberrante ni identificar y sancionar a los responsables”.

En realidad, pese a la opinión del editorialista, la mancha abarca no solo a la Justicia sino al propio Poder Ejecutivo, de quien depende la AFI. En el descargo que formuló Lijo ante un requerimiento de la Corte Suprema, remarcó que "se autorizó a personal de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI ) -organismo que también debe resguardar la confidencialidad regulada por esas leyes- a realizar la escucha directa de los abonados telefónicos de referencia y a retirar los discos con el producido de las intervenciones". Si aplicamos la regla “cui bono”, la AFI aparece como la candidata que se lleva todos los premios en las sospechas sobre la autoría de las filtraciones.

La captura de conversaciones de un modo irregular es una vieja práctica de los servicios de información del Estado a la que acudieron todos los gobiernos y que la propia redacción del texto facilita. La Ley N° 25.520 -sarcásticamente denominada “de Inteligencia Nacional”- efectúa una sutil distinción entre dos situaciones completamente diferentes:   la orden judicial –emitida por el juez interviniente en una causa judicial, quien dispone la interceptación como medida investigativa o probatoria- y la dispensa, otorgada por el Juez a solicitud de la Secretaría de Inteligencia (SI) (hoy Agencia Federal de Inteligencia –AFI-) quien requiere la interceptación para actividades de inteligencia o contrainteligencia, sin necesidad de prueba alguna. En cuanto a la duración de la medida, la ley previó un plazo máximo de sesenta días que caduca automáticamente, salvo que a pedido del solicitante se extendiera por única vez por otro plazo máximo de sesenta días, si ello fuera imprescindible para la investigación en curso.

Que estos límites no son aplicados en la práctica lo revelan las escuchas que el fallecido fiscal Alberto Nisman dispuso, con la complicidad del espía Jaime Stiusso, en la investigación de la causa AMIA. Las conversaciones del ciudadano argentino Jorge Y. Khalil, invocadas por el fiscal Nisman en su famosa denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, fueron grabadas a lo largo de dos años. Ningún país democrático admite que las conversaciones privadas de un ciudadano que no está acusado formalmente de ningún delito puedan mantenerse a lo largo de tanto tiempo. En España, por dar un ejemplo, los jueces no han dudado en declarar la nulidad de conversaciones obtenidas irregularmente incluso al precio de liberar a narcotraficantes. En Argentina, esas conversaciones son las que han permitido que los jueces mantengan actualmente en prisión a tres ciudadanos por supuesta participación en una cuestionada acusación de encubrimiento, delito que en el peor de los casos nunca podría dar lugar a una condena de cumplimiento efectivo.

Nuestro Código Penal protege la intimidad de la correspondencia en línea con lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional que garantiza, frente a la acción de las autoridades, la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de los papeles privados y establece que una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su ocupación. El tratadista Miguel Ángel Ekmekdjián lo ubica como uno de los contenidos básicos del derecho liberal a la dignidad, y lo definió como “la facultad que tiene cada persona de disponer de una esfera, ámbito privativo o reducto infranqueable de libertad individual, el cual no puede ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado”.

El profesor Mario Serrafero, en un texto referido a la calidad institucional, señala que existen diversos tipos de democracia y diferentes formas de vida en cada una de ellas. Pero un concepto que diferencia a las mejores democracias de aquellas que se encuentran en un estado menos avanzado, es el de la calidad institucional. En el concepto de calidad institucional se involucran varias cuestiones: “comprende no solo la calidad del diseño de las instituciones y de sus reglas, sino también la calidad de los actores del régimen político, esto es de la dirigencia”.

El uso de los aparatos de inteligencia del Estado para provecho del partido en el Gobierno es una forma de uso desleal de las instituciones del Estado. Si algo caracterizada a los que Guillermo O’Donell denominó “democracias delegativas” es la creencia de que quien gana una elección está autorizado a gobernar el país como le parezca más conveniente. En estas democracias, según O’Donell, “lo que el presidente haga con el gobierno, no precisa guardar ninguna semejanza con lo que dijo o prometió durante la campaña presidencial”.

Solo resta añadir, como colofón de esta nota, las acertadas opiniones que el consultor del presidente, Jaime Durán Barba, expuso en una nota titulada “Un país y su credibilidad” ( Perfil, 25 de enero de 2015): “Hay que impedir que los políticos sigan jugando con las instituciones del Estado, exigirles que pongan a los servicios de inteligencia, o las Fuerzas Armadas, o la AFIP o al Indec al servicio de la Nación, sin manipularlas para la lucha política. Debe establecerse que quienes partidicen las instituciones del Estado pierdan sus privilegios y sean enjuiciados si participan de ese tipo de maniobras. Así mismo deben establecerse sanciones a los políticos y jueces que hagan el juego a estas violaciones de la Constitución”.

Aleardo F. Laría  
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