Martes, 03 Abril 2018 00:00

El auge del populismo

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“Un exceso se da en cuanto alguien aspira a que los demás adopten su código particular y comulguen con él” - Javier Marías

 

Parodiando lo que señalara alguna vez Ludwig von Mises del marxismo, podríamos aseverar que el auge del populismo en la política de nuestros días se debe también a que ofrece la perspectiva de “satisfacer aquellas aspiraciones y sueños de venganza tan profundamente consustanciados con el alma humana desde tiempo inmemorial”.

En efecto, al igual que la ideología que sumió en las tinieblas a gran parte de la humanidad, promete un paraíso en la tierra, y lo que es más grato aún para los perdedores en el juego de la vida, el que puedan asistir a la humillación que se impone a todos los que son mejores o más fuertes que la multitud, que deben someterse obligatoriamente a una igualdad totalmente arbitraria y ficticia.

La receta predilecta del populismo consiste en convencer a la sociedad que el aumento del gasto público para su “redistribución equitativa” (¿) significa de por sí una herramienta conveniente para el bienestar general, aunque los resultados en el corto plazo consistan en la ya probada disminución de la renta nacional y provoquen una inflación que, aseguran, con el tiempo podrá ser controlada y/o eventualmente desacelerada.

El pretexto clásico para justificar una intervención estatal apabullante, es que la misma resulta “socialmente conveniente” para explotar ciertas actividades ineficientes a fin de mantener bajos los precios de bienes y servicios y conservar las fuentes de trabajo.

El grave inconveniente es que la corrupción moral que acompaña a la burocracia de la administración pública montada ex profeso al efecto, termina creando una peligrosa apatía social provocada por la aparente estabilidad de empleos mal remunerados, con el fin de “controlar los eventuales desbordes monetarios” (¿), permitiendo que crezca el monopolio estatal sobre los medios de producción y dos de sus pilares fundamentales: precios y salarios.

Una verdadera paparruchada. Porque la creciente intervención de un gobierno que a partir de allí se constituye en figura omnipresente, hace posible que el ciudadano deje de creer, poco a poco, en el equilibrio de poderes tan fundamental para la salud de la democracia, y el Congreso y el Poder Judicial pasan a constituirse en “extravagancias superfluas” en opinión de quienes intentan convencernos que atentan contra un Ejecutivo “fuerte”, que suele referir sus políticas supuestamente equitativas a una “ley natural” cuya interpretación final se arroga sin más.

Los tentáculos de la burocracia populista terminan ahogando así lentamente la actividad privada, tratando de establecer un nuevo escenario en el que se trata de recrear soluciones constitucionales “alternativas”, que permitan respaldar un nuevo orden de derechos y obligaciones que apunten a consolidar lo que resulta ser finalmente un inexistente e indescifrable “bien común” (¿).

Lo que se trata en realidad es intentar que la sociedad se tome el “tiempo necesario” (¿) para apreciar las supuestas bondades de ahogos burocráticos que en todos los casos terminan provocando una homogeneización del pensamiento político, aplastando cualquier divergencia.

Al mismo tiempo, el ataque puesto en marcha contra las ganancias de algunos actores sociales -supuestamente “superiores al promedio” (sic)-, promueve la aplicación de nuevos impuestos muchas veces exorbitantes, que quedan finalmente muy próximos a una confiscación lisa y llana.

Esto resulta muy popular entre la gente que no tiene que pagar los mismos y ve con agrado la expoliación de unos “poderosos” que detesta visceralmente, aunque se trate de quienes arriesgan su tiempo y el capital necesario para desarrollar emprendimientos privados que dan trabajo genuino a la gente, generando riqueza al mismo tiempo.

Spencer solía señalar que los Estados deberían ser considerados “naciones constituidas como sociedades anónimas” para que el ciudadano del común pudiese evaluar las acciones de un gobierno de la misma manera que un accionista juzga la actuación del directorio de una empresa, o como lo hace el socio de un club con respecto a su comisión directiva.

El populismo destroza este concepto, intentando que su gobierno no se someta a la voluntad de una mayoría en todas las cuestiones para cuyos fines ésta se ha asociado a través del voto popular.

Al mismo tiempo, decide destinar los fondos públicos de manera exótica, con el pretexto de proteger sus “propósitos originales de proveer al bienestar común” (¿), sin que los mismos estén definidos detalladamente en ninguna parte, por la multiplicidad de normas y decretos que se superponen unas a otros de modo confuso y superabundante.

Puede afirmarse que un gobierno populista alienta la obtención de facultades casi ilimitadas que respondan a fines que resultan casi abstractos, lo que termina resultando como un río sin márgenes, ignorando los principios de una libertad que permita usar a cada ciudadano sus conocimientos personales y su vocación de riesgo para lograr los fines que se proponga dentro del marco de las leyes, deshaciéndose de la tutela agobiante del Estado.

Finalmente –y esto es lo más grave-, termina constituyendo un régimen que impone a la sociedad toda una rígida ideología que termina cerrando los canales de expresión del pensamiento libre, sofocando la innovación y provocando el estancamiento colectivo sin remedio alguno.

Por lo que tenemos a la vista, parecería que nuestra sociedad, enferma por las recetas “afrodisíacas” de un kirchnerismo que asoló la economía y destruyó la moral pública, careciera aún de la lucidez necesaria para entender la naturaleza de un conflicto conceptual que ataca las raíces más profundas de la democracia y la libertad. A punto tal, que hay quienes sueñan (en vastos segmentos sociales) con un retorno que les devuelva ciertos privilegios perdidos.

A buen entendedor, pocas palabras.

Carlos Berro Madero
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“Un exceso se da en cuanto alguien aspira a que los demás adopten su código particular y comulguen con él” - Javier Marías

 

Parodiando lo que señalara alguna vez Ludwig von Mises del marxismo, podríamos aseverar que el auge del populismo en la política de nuestros días se debe también a que ofrece la perspectiva de “satisfacer aquellas aspiraciones y sueños de venganza tan profundamente consustanciados con el alma humana desde tiempo inmemorial”.

 

En efecto, al igual que la ideología que sumió en las tinieblas a gran parte de la humanidad, promete un paraíso en la tierra, y lo que es más grato aún para los perdedores en el juego de la vida, el que puedan asistir a la humillación que se impone a todos los que son mejores o más fuertes que la multitud, que deben someterse obligatoriamente a una igualdad totalmente arbitraria y ficticia.

 

La receta predilecta del populismo consiste en convencer a la sociedad que el aumento del gasto público para su “redistribución equitativa” (¿) significa de por sí una herramienta conveniente para el bienestar general, aunque los resultados en el corto plazo consistan en la ya probada disminución de la renta nacional y provoquen una inflación que, aseguran, con el tiempo podrá ser controlada y/o eventualmente desacelerada.

 

El pretexto clásico para justificar una intervención estatal apabullante, es que la misma resulta “socialmente conveniente” para explotar ciertas actividades ineficientes a fin de mantener bajos los precios de bienes y servicios y conservar las fuentes de trabajo.

 

El grave inconveniente es que la corrupción moral que acompaña a la burocracia de la administración pública montada ex profeso al efecto, termina creando una peligrosa apatía social provocada por la aparente estabilidad de empleos mal remunerados, con el fin de “controlar los eventuales desbordes monetarios” (¿), permitiendo que crezca el monopolio estatal sobre los medios de producción y dos de sus pilares fundamentales: precios y salarios.

 

Una verdadera paparruchada. Porque la creciente intervención de un gobierno que a partir de allí se constituye en figura omnipresente, hace posible que el ciudadano deje de creer, poco a poco, en el equilibrio de poderes tan fundamental para la salud de la democracia, y el Congreso y el Poder Judicial pasan a constituirse en “extravagancias superfluas” en opinión de quienes intentan convencernos que atentan contra un Ejecutivo “fuerte”, que suele referir sus políticas supuestamente equitativas a una “ley natural” cuya interpretación final se arroga sin más.

 

Los tentáculos de la burocracia populista terminan ahogando así lentamente la actividad privada, tratando de establecer un nuevo escenario en el que se trata de recrear soluciones constitucionales “alternativas”, que permitan respaldar un nuevo orden de derechos y obligaciones que apunten a consolidar lo que resulta ser finalmente un inexistente e indescifrable “bien común” (¿).

 

Lo que se trata en realidad es intentar que la sociedad se tome el “tiempo necesario” (¿) para apreciar las supuestas bondades de ahogos burocráticos que en todos los casos terminan provocando una homogeneización del pensamiento político, aplastando cualquier divergencia.

 

Al mismo tiempo, el ataque puesto en marcha contra las ganancias de algunos actores sociales -supuestamente “superiores al promedio” (sic)-, promueve la aplicación de nuevos impuestos muchas veces exorbitantes, que quedan finalmente muy próximos a una confiscación lisa y llana.

 

Esto resulta muy popular entre la gente que no tiene que pagar los mismos y ve con agrado la expoliación de unos “poderosos” que detesta visceralmente, aunque se trate de quienes arriesgan su tiempo y el capital necesario para desarrollar emprendimientos privados que dan trabajo genuino a la gente, generando riqueza al mismo tiempo.

 

Spencer solía señalar que los Estados deberían ser considerados “naciones constituidas como sociedades anónimas” para que el ciudadano del común pudiese evaluar las acciones de un gobierno de la misma manera que un accionista juzga la actuación del directorio de una empresa, o como lo hace el socio de un club con respecto a su comisión directiva.

 

El populismo destroza este concepto, intentando que su gobierno no se someta a la voluntad de una mayoría en todas las cuestiones para cuyos fines ésta se ha asociado a través del voto popular.

 

Al mismo tiempo, decide destinar los fondos públicos de manera exótica, con el pretexto de proteger sus “propósitos originales de proveer al bienestar común” (¿), sin que los mismos estén definidos detalladamente en ninguna parte, por la multiplicidad de normas y decretos que se superponen unas a otros de modo confuso y superabundante.

 

Puede afirmarse que un gobierno populista alienta la obtención de facultades casi ilimitadas que respondan a fines que resultan casi abstractos, lo que termina resultando como un río sin márgenes, ignorando los principios de una libertad que permita usar a cada ciudadano sus conocimientos personales y su vocación de riesgo para lograr los fines que se proponga dentro del marco de las leyes, deshaciéndose de la tutela agobiante del Estado.

 

Finalmente –y esto es lo más grave-, termina constituyendo un régimen que impone a la sociedad toda una rígida ideología que termina cerrando los canales de expresión del pensamiento libre, sofocando la innovación y provocando el estancamiento colectivo sin remedio alguno.

 

Por lo que tenemos a la vista, parecería que nuestra sociedad, enferma por las recetas “afrodisíacas” de un kirchnerismo que asoló la economía y destruyó la moral pública, careciera aún de la lucidez necesaria para entender la naturaleza de un conflicto conceptual que ataca las raíces más profundas de la democracia y la libertad. A punto tal, que hay quienes sueñan (en vastos segmentos sociales) con un retorno que les devuelva ciertos privilegios perdidos.

 

A buen entendedor, pocas palabras.

 

Carlos Berro Madero Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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