Lunes, 23 Abril 2018 00:00

Lo que la actualización tarifaria oculta

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El discurso gubernamental es, en lo central, correcto. Para utilizar una síntesis expuesta por uno de sus portavoces, podemos acordar en que “la cultura populista aplicada a la energía durante el kirchnerismo causó estragos en el sector energético y efectos colaterales de magnitud en las cuentas públicas, el sector externo, la producción y el medio ambiente”.

 

De allí la necesidad de actualizar las tarifas de los suministros energéticos. Sin embargo, como todo discurso político, hay algo que queda en la penumbra. Se oculta que la actualización tarifaria tiene un efecto redistributivo regresivo de enorme impacto fiscal.

En general, en toda economía moderna, los precios tienes que reflejar los costos de producción. Los usuarios deben pagar por la energía lo que cuesta como acontece en todos los países del mundo. Las políticas del gobierno en materia de ajuste de tarifas eléctricas, de gas y de transporte van dirigidas a corregir las distorsiones de precios relativos provocados por doce años de congelamiento tarifario. Pero esas políticas de actualización tarifaria generan un efecto fiscal inevitable, al hacer que los salarios se atrasen en relación con los nuevos precios de las tarifas.

Según el Instituto CIFRA vinculado a la CTA, el peso de las boletas de luz y gas se multiplicó por 7 desde la llegada de Cambiemos. Si en diciembre del 2015 la tarifa de gas suponía un 2,1 % del salario medio, en la actualidad insume un 8,3 %. En el caso de la luz ha pasado de representar el 0,6% del salario medio al 6,2 %. Es decir que sin tomar en cuenta el aumento del costo del transporte, solo con los servicios de electricidad y gas, el 14,5 % de los salarios deben destinar al pago de las tarifas mientras que en la etapa anterior sólo afectaba al 2,7 % del salario. Desde la perspectiva de un trabajador, sin incluimos el transporte, la actualización tarifaria equivale a una reducción del salario real del orden del 20 %.

El efecto fiscal regresivo de la actualización tarifaria se ve potenciado por la enorme carga fiscal que operan sobre la tarifas. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) de cada 100 pesos que paga el usuario, 37 pesos son impuestos. En esa carga tributaria contribuye el IVA con el 21 %, el impuesto a los ingresos brutos con el 5 % y las tasas municipales con el 11 % lo que suma un 37 %. De manera que junto con la actualización de precios relativos, se produce un efecto de incremento de la recaudación fiscal que lleva al incremento de la recaudación indirecta, regresiva desde el punto de vista social. La implementación de una tarifa social en el consumo de gas, que reduce el precio de los primeros 146 metros cúbicos de consumo, no alcanza a paliar el impacto fiscal de la actualización tarifaria.

El kirchnerismo utilizó como mecanismo redistributivo de la riqueza un sistema que ha provocado una grave distorsión de los precios relativos que ahora es necesario corregir. Pero es cierto también que objetivamente, con independencia de las consecuencias indeseadas, si lo observamos desde la perspectiva fiscal, el mecanismo de congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, junto con los impuestos distorsivos a las exportaciones (retenciones al agro) operó como un sistema de redistribución progresivo de la riqueza.

El diseño de nuestro sistema impositivo es sumamente distorsivo si se lo analiza desde la perspectiva de la eficiencia productiva y regresivo desde el punto de vista social. En una reciente entrevista, José Nun señalaba que mientras que en Europa el impuesto a las ganancias contribuye con el 15 % de la recaudación, en Argentina araña el 5 %. Esto es consecuencia de una enorme evasión tributaria de las empresas y los particulares que Tax Justicie Network estima en una fuga anual superior a los 20.000 millones de dólares. Otro modo de medir el grado de evasión fiscal en Argentina es tomar la cifra del último blanqueo que ascendió a 117.000 millones de dólares.

El gobierno actual, al implementar un sistema de actualización tarifaria que no va acompañado de una modulación del impacto fiscal –como sería por ejemplo reducir los impuestos indirectos-, está provocando una redistribución regresiva del ingreso en perjuicio de los sectores populares. Desde una visión ideológica que aspira a poner una mayor cuota del excedente social en manos de los empresarios –teoría del “derrame”- la redistribución regresiva del ingreso no genera preocupación. Pero desde una perspectiva progresista, que atienda al problema crónica de desigualdad que caracteriza a la estructura económica argentina, la cuestión no puede ser ignorada.

Aleardo F. Laría
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