Jueves, 09 Agosto 2018 00:00

Sobornos, exacciones y otras picardías

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Los grandes medios de prensa, en la particular batalla política en la que están metidos, utilizan con escaso rigor periodístico las palabras “sobornos” y “coimas”. La investigación que lleva a cabo el juez federal Claudio Bonadío ha sido caracterizada como el caso de “los cuadernos de la coimas” y no se contemplan otras hipótesis, lo que puede dar lugar a algunas sorpresas en el futuro.

 

Antes de avanzar en la descripción de algunos interrogantes que arroja el caso, conviene hacer algunas precisiones terminológicas y jurídicas, basadas en el estudio de nuestra legislación positiva.

El capítulo VIII del Código Penal regula el cohecho y el tráfico de influencias y establece una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para “el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones” (art. 256). Al mismo tiempo sanciona con igual pena al particular que “directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256”.

Es decir que el cohecho (popularmente conocido como coima o soborno) es siempre un delito de doble faz, donde hay un actor pasivo que recibe el cohecho y otro activo que lo ofrece y entrega. Pero también hay otra figura relacionada con el tema en el capítulo IX titulado “exacciones ilegales” que establece prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, para “el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”. En este caso, quien paga o entrega la dádiva es mera víctima de un delito, de modo que no tiene sanción alguna.

Finalmente, para el supuesto de simples donaciones voluntarias no declaradas para la campaña política de un partido político, no se contemplan sanciones penales en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos y solo multas para el partido que se financió irregularmente y la persona que efectuó esas donaciones. Por consiguiente, desde la casuística penal, en la “causa cuadernos”, el dinero entregado por los empresarios podría perfectamente encajar en cualquiera de estas hipótesis: podrían tratarse de sobornos (cohecho), de exacciones ilegales o de simples picardías, es decir donaciones para la campaña sin trascendencia penal. Todo dependerá del resultado de la prueba, pero lo que desde la lógica jurídica no se puede, evidentemente, es aplicar por los mismos hechos un tipo penal a unos acusados y otro tipo penal a otros.

Según declaraciones del fiscal, el juez Bonadío quiere también extender a los funcionarios kirchneristas procesados en este caso la figura de la asociación ilícita, tipificada en el artículo 210 del Código Penal. Según esta disposición “será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”.

En la doctrina penal se discute la constitucionalidad de esta figura por varios motivos. Se trata de un delito de peligro abstracto, ya que no requiere principio de ejecución lo que conculca el principio de lesividad. La doctrina garantista la considera una figura propia de los sistemas inquisitivos, donde basta la mera sospecha o se consagra el derecho penal de autor. En los casos de acusados que integran organizaciones civiles, comerciales o instituciones públicas, sería de automática aplicación por la existencia de un vínculo previo. Por ejemplo, se podría aplicar a los empresarios reunidos en la Cámara de la Construcción por el solo hecho de integrarla o a los componentes de cualquier gobierno de un Estado nacional o provincial por estar incorporados a un organigrama oficial, lo que sería claramente abusivo.

Caso “cuadernos”

Como ha señalado el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, la desaparición de los originales no impide darle valor indiciario a las copias de los famosos cuadernos, pero aquí se debe hacer una distinción importante. Las copias pueden servir para verificar, por ejemplo, que los viajes relatados por el chofer Oscar Centeno realmente se hicieron si se confirman esos datos con otras evidencias. Pero no sirven para acreditar todos los hechos relatados, algunos muy relevantes, como por ejemplo las cantidades que dicen haber sido transportadas.

Esta ausencia de valor probatorio respecto de los contenidos es lo que le ha permitido al juez Claudio Bonadío aceptar la versión del “primo” Ángelo Calcaterra de que su empresa había entregado para campañas electorales alrededor de 200.000 dólares, una suma muy alejada de los 12 millones de dólares que es la cuenta que sale de los cuadernos. Según el propio Calcaterra, en declaraciones a La Nación, las cantidades que aparecen en los cuadernos son “disparatadas”.

Justamente, esa minuciosa descripción de las cantidades que habían sido recaudadas en cada viaje es uno de los motivos que restan credibilidad a esa parte del contenido de los cuadernos porque es difícil establecer el método que le permitía al chofer Centeno conocer con tanta exactitud el dinero que estaba en unos bolsos.

Por otra parte, si tomamos como referencia el Lava Jato, los sobornos por cantidades millonarias no se entregan ya en efectivo, porque luego es muy difícil conservarlo bajo resguardo, como pudo comprobar José López con sus 9 millones de dólares arrojados a través de los muros de un convento. Lo “profesional” en este mundo de bites es que esos pagos se hagan mediante transferencias a cuentas de sociedades situadas en paraísos fiscales.

De modo que el caso de los cuadernos, si tomamos por buenas las cantidades que los empresarios dicen haber entregado como aportes de campaña, estaríamos eventualmente ante una mera infracción de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. ¿Podrían ser considerados esos aportes como “exacciones ilegales” en base simplemente a las declaraciones exculpatorias de algunos empresarios, como Ángelo Calcaterra, que dice haber sido “apretado” por teléfono por Roberto Baratta?

Por más ganas que el juez Bonadío tenga de mantener en prisión preventiva a los funcionarios kirchneristas, parece evidente que haría falta alguna prueba más contundente para relacionar los pagos con el tipo penal de las exacciones.     

En el “caso cuadernos” se han verificado algunas irregularidades, como la auto adjudicación del caso por un fiscal elegido por un periodista (fórum shopping). Es evidente que el fiscal Carlos Stornelli no siguió el procedimiento legal de enviar a sorteo la causa y el juez admitió esta irregularidad. Pero la resolución más llamativa del juez Bonadío ha sido la decisión express que ha dictado para autorizar la exención de prisión del “primo” Ángelo Calcaterra. Luego de haber tomado un café en el juzgado, el empresario ha sido liberado porque el juez considera verosímil su relato de que fue “víctima” de una extorsión por los funcionarios kirchneristas, mientras paralelamente mantiene en prisión preventiva a los otros empresarios que todavía no se han arrepentido, bajo la figura del cohecho. A ningún juez penal riguroso se le ocurriría aplicar a un mismo supuesto de hecho figuras penales claramente contrapuestas.

Las derivaciones del Lava Jato en Argentina

Los interrogantes abiertos que deja el caso de los cuadernos y la impresión de que la presentación de Ángelo Calcaterra estaba previamente acordada, ha llevado a algunos observadores independientes a establecer una relación entre el resonante caso y las derivaciones del Lava Jato en Argentina. Según esta interpretación se habría querido abrir un nuevo caso resonante de corrupción, cubriendo la calle Florida de elefantes, para que entre tantos elefantes quede difuminado un caso que todavía no se ha abierto pero cuyos autores, y en especial el Gobierno, conocen en su exacta dimensión. En opinión del periodista Hugo Alconada Mon, “la jugada de victimizarse le ofrecería a los empresarios dos posibles beneficios adicionales.

El primero, callar sobre la cartelización de la obra pública, con los consiguientes perjuicios multimillonarios para las arcas públicas, es decir, los impuestos de los contribuyentes. El segundo, acaso bloquear de algún modo las evidencias comprometedoras del Lava Jato, sobre varios de esos mismos empresarios, que llegará de Brasil tras la firma del demorado acuerdo de cooperación entre los fiscales de ambos países”.

Según Alconada Mon, en los tribunales de Comodoro Py, cuatro jueces acumulan cinco pesquisas sobre Odebrecht que podrían dar un salto cualitativo cuando el material del Lava Jato llegue a Argentina. El primer paso podría darse el 24 de octubre, cuando debe declarar en Buenos Aires un ex ejecutivo de Odebrecht. Se trata de su ex vicepresidente para América Latina Luiz Antonio Mameri, quien fue citado a indagatoria por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento.

Mameri ya confesó ante los fiscales brasileños y admitió que autorizó coimas por US$2,9 millones a funcionarios del Ministerio de Planificación y que los canalizaron a través de un ejecutivo de la constructora Iecsa, por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Iecsa es una de las principales contratistas de obra pública en la Argentina y hasta 2007 integró el grupo Socma, momento en que Franco Macri,   decidió vendérsela a su sobrino, supuestamente para no afectar la gestión de su hijo Mauricio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el informe de Alconada Mon se añade que un día después de Mameri, el 25 de octubre, sería el turno de Mauricio Couri Ribeiro para declarar ante el juez federal Martínez de Giorgi, sobre el Sarmiento. Si firma un acuerdo individual de cooperación, podría relatar sus reuniones con un ejecutivo de Iecsa, y también los pagos al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime. No sería una sorpresa que Bonadío reclamara la competencia para “unificar” todas las causas en una maniobra similar a la que le permitió reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el Memorándum, inventando un delito de “traición a la Patria”.

En cualquier caso, pronto sabremos si, efectivamente, se ha querido cubrir la calle Florida de elefantes.

Aleardo F. Laría  
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