Martes, 21 Agosto 2018 00:00

Tras la búsqueda del tesoro

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No es fruto de la casualidad que el juez Claudio Bonadío haya caratulado la causa abierta tras la misteriosa aparición-desaparición de los cuadernos del ex sargento Centeno como “Cristina Fernández de Kirchner s/asociación ilícita”.

 

Es decir que en el momento de iniciar la investigación, con los pocos indicios reunidos, el juez hizo explícito el propósito final que perseguía. A pesar de que muchos dan por supuesto que le resultará fácil a Bonadío dejar a Cristina inhabilitada para el juego electoral, el objetivo, analizado estrictamente desde el plano jurídico, no se presenta sencillo.

La causa de los cuadernos de Centeno ha dado un vuelco fundamental a partir de las declaraciones del presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner. Dado que el carácter secreto no impide que circulen por las redes las copias de las declaraciones de los “arrepentidos”, es incuestionable de que Wagner se ha inculpado de graves delitos, relatando con pelos y señales un organizado sistema de cartelización de la obra pública que daba lugar al pago de retornos a los funcionarios públicos que estaban del otro lado del mostrador. Según lo que ha trascendido, el organizador y receptor último de estos sobornos era el ex presidente Néstor Kirchner que había diseñado un aceitado y eficaz sistema de recaudación.

Muchas notas de prensa dan por descontada la responsabilidad del “matrimonio Kirchner” en esa red de corrupción, pero debe recordarse que en el proceso penal rige el principio de presunción de inocencia y de individualización de la pena, de modo que la existencia de un vínculo matrimonial no convierte automáticamente a la esposa en cómplice o partícipe de las actuaciones de su esposo. Algunos lectores protestarán indignados por esta observación dado que están convencidos de que CFK no podía ser ajena a lo que hacía su marido. Sin embargo, debe advertirse también aquí que el Código Penal argentino no considera punible el desnudo encubrimiento de familiares directos. Es decir que no basta con argumentar que Cristina no podía ignorar estos hechos, sino que para vincularla a la causa que investiga Bonadío deberían reunirse evidencias que acrediten su participación directa o indirecta en la trama de corrupción.

La mera circunstancia de estar al frente del Estado tampoco es un argumento para atribuirle la participación en una asociación ilícita. Al abrigo del Estado pueden surgir redes ilícitas sin conocimiento del presidente o del primer ministro. Por ejemplo, en España, la existencia de una vasta red de corrupción –el caso Gürtel- que surgió a la sombra del Partido Popular, no llevó al procesamiento automático del presidente del Gobierno, en ese entonces José María Aznar, ni de su sucesor, Mariano Rajoy. Por consiguiente, para implicar a la ex presidente, haría falta algo más que la opinión subjetiva de un arrepentido o la ligera mención en un cuaderno de que fue vista paseando en “joggings” por la residencia de Olivos.

Según cuenta Centeno, cuando se produjo la muerte de Néstor Kirchner se interrumpió el “valijeo” lo que hizo que dejara de recoger información en los cuadernos. Más adelante relata el motivo que lo llevó a retomar las anotaciones: “Decidí nuevamente porque en una reunión que tubo (sic) el ministro De Vido; Baratta y la Sra Presidenta Cristina F. de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”. Esta información es coherente con lo declarado por el ex Jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien reconoció que durante su desempeño se recaudaron cantidades con fines electorales que fueron redistribuidas por Juan Carlos “El Chueco” Mazzón.

Abal Medina quedó en libertad sujeto a la causa, sin que sus declaraciones supongan el reconocimiento de ningún delito porque la financiación irregular de la actividad política está sancionada en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos como mera falta con multas e inhabilitación de los derechos a elegir y ser elegido.

Es decir que no cabría descartar, a título meramente conjetural, que la investigación determine la existencia de dos etapas de recaudación. Una primera, durante la vida de Néstor Kircher, donde el volumen de las cantidades recaudadas obedecía claramente a los retornos pactados con la “patria contratista”, mientras que en la segunda etapa, cuando se reanuda el “valijeo”, la recaudación sólo perseguía el propósito de afrontar los gastos electorales.

Por consiguiente para que Cristina Fernández quedara vinculada a la causa de los sobornos se debería probar no solo que fue beneficiaria directa de la recaudación de la primera etapa sino que lo recaudado en la segunda etapa obedecía al cobro de exacciones indebidas y no solo a gastos de la campaña electoral. La prueba que sin duda permitiría cerrar el círculo de cualquier investigación, sería encontrar en alguna parte un considerable tesoro y bosquejar la trazabilidad de la corriente dineraria desde su origen hasta el destinatario final, algo que todavía no se ha verificado.

Por lo tanto, en el caso de los cuadernos del sargento Centeno, todavía queda bastante tela que cortar, y cualquier conjetura sobre la participación de CFK, en una causa con una carga política importante, parece aún prematura. Por el momento, lo que cabe exigir en una democracia es una investigación hecha con rigor profesional, no sesgada y conducida con imparcialidad, algo que parece un tanto difícil conseguir en nuestro atribulado país.

Aleardo F. Laría  
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