Lunes, 03 Septiembre 2018 00:00

Una desaforada senadora

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Los denominados privilegios parlamentarios son, con distinto alcance, comunes en el derecho constitucional comparado. Se entiende que están destinados a garantizar el más libre y pleno ejercicio de la representación política.

 

Desde antiguo, nuestra Corte Suprema se ocupó de aclarar que no se trataba de beneficios personales sino funcionales: "La Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, ni por razones del individuo mismo a quien se hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto; y si ha considerado esencial esa inmunidad es precisamente para asegurar no solo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución" ("Alem, Leandro N.", fallos 54:432, 1893).

Del juego de los artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional surgió siempre el debate de si se consagraba exclusivamente la inmunidad de arresto o si también existía respecto de los legisladores una inmunidad de proceso. En diversos pronunciamientos, la Corte Suprema había determinado que no era necesario el desafuero para iniciar y proseguir una causa. Así, por ejemplo, en "Parry" (fallos 139:67) sostuvo: "Los artículos 61 y 62 de la Constitución [actuales 69 y 70] no se oponen a la iniciación de acciones criminales contra un miembro del Honorable Congreso que no tuvieran origen en sus opiniones como legislador, ni que se adelanten los procedimientos de los respectivos juicios mientras no se afecte su libertad personal, esto es, mientras no se dicte orden de arresto o prisión, ya esa esta preventiva o de carácter definitivo".

Sin embargo, las leyes procesales exigían el desafuero para la prosecución de los procesos penales. Esta desmesura fue corregida por la ley n° 25320, la que circunscribió la inmunidad parlamentaria al arresto. Desde la promulgación de esa norma las causas pueden desarrollarse normalmente hasta su total conclusión. Solo se requiere el desafuero para hacer efectivas medidas que restrinjan la libertad ambulatoria de los imputados.

Se trató, sin dudas, de un saludable y considerable avance. No obstante, la ley prohíbe la realización de allanamientos en el domicilio particular o en las oficinas de los legisladores sin la autorización de la respectiva Cámara. Esta previsión no se justifica y es opuesta al espíritu de la ley. En efecto, los allanamientos no son más que medidas probatorias como otras que se dictan durante una causa penal. Si esta puede proseguir hasta su total conclusión, no tiene sentido impedir la realización de una prueba que puede ser útil para la averiguación de la verdad.

Para corregir ese error presenté hace unos días un proyecto de ley para que se elimine de la ley de fueros esa prohibición. Es necesario interpretar las inmunidades parlamentarias, como todos los privilegios, en sentido restrictivo. Lo que la Constitución quiere es que los legisladores puedan cumplir con libertad su eminente función de representación política, no que se los exceptúe del principio de igualdad ante la ley.

Por cierto, mientras la ley no se modifique o no se declare respecto de este punto inconstitucional se deberá solicitar la autorización de la Cámara respectiva cada vez que un juez dicte la orden de allanamiento del domicilio o las oficinas de un diputado o senador nacional. Pero la Cámara solo puede dar o denegar la autorización. Carece de atribuciones para sujetarla a condiciones o para regular su realización, como pretendía la senadora Fernández de Kirchner, quien hizo en el Senado una extensa perorata sobre su tema predilecto: ella misma. Ya nos estábamos desacostumbrando a esas diatribas que denuncian conspiraciones internacionales. De las pruebas en su contra, abundantes y precisas, no dijo nada. Volvió al pueril argumento de las fotocopias, como si no existieran ya varias declaraciones de empresarios y ex funcionarios que la comprometen seriamente.

Cada nuevo testimonio o declaración indagatoria demuele el castillo de naipes del relato. La realidad es contundente y no necesita adjetivos ni tono lacrimógeno.

Jorge Enríquez
Diputado nacional por CABA (Cambiemos- PRO)

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