Martes, 04 Septiembre 2018 00:00

La figura del juez enemigo

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La expresión “juez enemigo” ha sido acuñada por el jurista italiano Luigi Ferrajioli para referirse al magistrado que no actúa de modo imparcial.

 

En el proceso, para garantizar la imparcialidad del juez, es preciso que no tenga un interés privado o institucional acusatorio como ocurría, por ejemplo, en el procedimiento inquisitivo cuando adoptaba la función que corresponde a la acusación.

La causa, dice Ferrajioli, no debe degenerar en un proceso ofensivo, donde “el juez se hace enemigo del reo”. En el antiguo procedimiento inquisitivo el juez se convertía en un buscador exclusivo de la verdad, utilizando criterios discrecionales. De este modo la actividad del instructor podía ser amplia y secreta, tratando de eludir el control de los abogados defensores porque se consideraba que eran un obstáculo para la buena marcha del juicio. En el modelo acusatorio, por oposición al método inquisitivo, se invierte la idea de que el fin de la verdad justifica cualquier medio, y se exige que solo se utilicen los medios aceptados por la ley para la obtención del fin.

Una de las garantías para salvar el riesgo de la parcialidad del juez, es la exigencia de que el magistrado interviniente sea el “juez natural”, es decir el preestablecido en el sistema legal según la distribución de competencias. Esto significa que el juez no puede ser elegido para que atienda una causa en particular (fórum shoping); la inderogabilidad e indisponibilidad de las competencias y la prohibición de jueces extraordinarios y especiales (art. 18 de la Constitución Argentina). Esta exigencia abarca también las funciones del fiscal, de modo que sus competencias no pueden ser manipuladas por órganos o personas extraños al proceso. De allí que la ley establezca la distribución automática de las causas, mediante sorteo o siguiendo el orden cronológico de entrada, para evitar cualquier intervención humana.

El moderno sistema acusatorio está concebido como un modelo cognoscitivo que funciona mediante un proceso contradictorio donde las pruebas reunidas por la acusación son sometidas a una labor de refutación por la defensa, de modo que tanto acusación como defensa actúan siempre situadas en un mismo plano. El juez hace las veces de árbitro: en la etapa de instrucción, como juez de garantías para que no se vulneren los derechos de los investigados, y en la etapa del juicio oral, como órgano colectivo que tomará una decisión razonada, fundada en derecho. Las sentencias penales exigen una motivación que debe estar fundada en el análisis riguroso de los hechos, explicando en un primer razonamiento los motivos por los que se aceptan unas pruebas y se rechazan otras, y en un segundo razonamiento, exponiendo porque corresponde aplicar a esos hechos un determinado tipo penal.

Como señala Ferrajoli, en un estado de derecho “no puede castigarse a un ciudadano sólo porque ello responda al interés o a la voluntad de una mayoría. Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena a un inocente…y ningún consenso político –del parlamento, la prensa, los partidos o la opinión pública- puede suplantar la falta de prueba de una hipótesis acusatoria”. Las opiniones políticas, religiosas o morales, por más respetables que sean, no pueden ser aceptados en la búsqueda de la verdad, que es el único imperativo que debe presidir una investigación imparcial.

Toda connotación partidista que tiña cualquier investigación irá siempre en desmedro de la legitimación que el poder judicial debe obtener de la sociedad. De allí que en las causas donde se investiga la actuación de figuras políticas relevantes, sea aconsejable extremar los cuidados para respetar los principios de estricta legalidad y de jurisdicción. El juez debe actuar siempre con prudencia, equilibrio y ponderación, dado que en estos casos cualquier extralimitación será inmediatamente observada y podrá dar pie a la sospecha de que la causa enmascara una persecución política. Por otra parte, dada la inserción de Argentina en el sistema de protección interamericana de los derechos humanos, las actuaciones judiciales arbitrarias podrán dar lugar no solo a nulidades procesales sino también a la impugnación futura frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En definitiva, en un Estado democrático de derecho, no es tolerable ninguna desviación ni abuso judicial basado en causas excepcionales o extraordinarias. Hobbes, hace tres siglos, había argumentado que solo existía un caso en el que se podía producir la ruptura del orden interno: sostenía que cuando estallaba una rebelión, cualquiera que atentara contra la seguridad del Estado pasaba de ser un simple delincuente a un “enemigo” y contra él no valían las reglas del derecho sino las de la fuerza. Esa concepción vinculada a la excepcionalidad no es de recibo en una democracia. No se debe abordar la confrontación política bajo el modelo de una guerra y los jueces no deben contribuir a dar valor a esa ficción tratando como “enemigos” a quienes están bajo su jurisdicción.

La ex presidenta Cristina Fernández ha recusado al juez Claudio Bonadío en la nueva causa abierto con motivo de la misteriosa aparición-desaparición de los cuadernos del ex suboficial Oscar Centeno, caracterizando su desempeño como propio de un “juez enemigo”. Sería largo enumerar los motivos que dan sustento a esta acusación, pero por el momento nos detendremos en el llamativo informe sobre la marcha de la causa que el juez publicó en el Centro de Información Judicial (CIJ).

En su relato señala que como resultado de las investigaciones se ha podido determinar la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015 procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.

Con esta singular redacción el juez parece querer englobar la causa bajo la figura de las exacciones ilegales, que establece prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, para “el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”. Si este fuere el caso, quienes habrían pagado o entregado las dádivas –los empresarios del “club de la obra pública”- serían mera víctimas de un delito, de modo que no serían pasibles de sanción alguna.

Con esta discutible interpretación el juez estaría eclipsando el hecho más grave ya acreditado en la causa a partir de las declaraciones del empresario Carlos Wagner: que existía una acuerdo de cartelización entre los empresarios del “club de la obra pública” que falseaban las presentaciones en los expedientes administrativos para asignarse las licitaciones según acuerdos previos, fijando elevados sobreprecios que incrementaban sus beneficios al tiempo que una parte se re-direccionaba para cubrir los sobornos de los funcionarios que debían controlar esas adjudicaciones. Es decir que el juez Bonadío, emulando la mejor tradición estalinista, con su informe, parece haber querido borrar a Trostky de la foto en que posaba junto a Lenin.

Desde una perspectiva política, es indudable que la causa de los cuadernos puede ser una oportunidad para modernizar el sistema productivo argentino, liberarlo de una pesada losa, y dotar a la economía de la infraestructura necesaria para que mejore la competitividad general de las empresas. Pero para ello es necesario identificar correctamente el origen del problema que es el fruto de la discrecionalidad y la opacidad en la relación entre el Estado y las empresas contratistas.

Esto ha derivado en un fenómeno estructural de corrupción que compromete por igual, con idéntica responsabilidad penal, a quienes estaban situados en ambos lados del mostrador. Si en vez de buscar la verdad en su integridad, los jueces manipulan la investigación para volcar toda la responsabilidad en solo uno de los actores del latrocinio, cometerán un inmenso error. El direccionamiento de la investigación y los subterfugios judiciales para dotar de impunidad a los empresarios de la “patria contratista” será un modo execrable de salvar a los principales responsables del sistema instaurado, que no tardaría en volver a reconstituirse. Ya en el siglo III de nuestra era, Ulpiano, probablemente el más famoso de los juristas, decía que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo.

Aleardo F. Laría
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