Viernes, 28 Septiembre 2018 00:00

La corrupción estructural

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El periodista Hugo Alconada Mon acaba de publicar un ensayo titulado “La raíz de todos los males” en el que ofrece una radiografía muy ilustrativa del fenómeno de corrupción estructural que afecta a la República Argentina.

 

La publicación de esta investigación es sumamente oportuna en momentos en que los grandes medios de prensa se hacen eco de la investigación que lleva el juez federal Claudio Bonadío basada en las revelaciones de los cuadernos del ex suboficial Oscar Centeno. La lectura del ensayo de Alconada permite obtener una visión equilibrada y no partidista de un fenómeno complejo que no debiera ser usado como arma arrojadiza de la política si existe la voluntad sincera de abordarlo.

La forma poco ortodoxa con la que el juez Bonadío dirige la investigación de los cuadernos, filtrando diariamente a la prensa las declaraciones de algún “arrepentido”, fortalece la idea de que la corrupción ha sido un fenómeno excepcional que caracterizó a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El trabajo de Alconada Mon sale al paso de esa imagen deformada para señalar que lejos de ser un fenómeno ocasional y atribuible al kirchnerismo, la corrupción está firmemente arraigada en nuestra sociedad, afecta a muchos estamentos sociales y ha sido históricamente transversal a todos los partidos políticos. Como es obvio, el reconocimiento de la intensidad y extensión de este fenómeno no busca atenuar la responsabilidad de los gobiernos kirchneristas, sino que es la manera honesta de evitar que esta ventana de oportunidad que se ha abierto se pueda cerrar si la investigación no respeta la imparcialidad que debe presidir cualquier actuación de la justicia.  

De los riesgos de que la causa judicial abierta por la cartelización de la obra pública quede en un mero hecho testimonial es consciente el propio Alconada Mon cuando señala que “el truco pasa por denunciar la vieja política, prometer la depuración o incluso la regeneración institucional, rodearse de jóvenes, mostrarse como un ciudadano más, pero con dotes de liderazgo, utilizar las nuevas tecnologías y declamar el “cambio”. La premisa de fondo, sin embargo, es promover el cambio para que nada cambie en realidad. Gatopardismo”. Y añade, para que no queden dudas, de que el auténtico ataque a la corrupción debe respetar la premisa que expuso uno de los más grandes estudiosos del fenómeno, Robert Klitgaard: “Hay que freír unos cuantos peces grandes. Dado que demasiado a menudo las campañas anticorrupción se convierten en campañas contra la oposición, los primeros peces grandes deberían ser del partido en el poder”.

Esta preocupación por la utilización partidista del fenómeno de la corrupción ha sido también expuesta recientemente por el analista Sergio Berensztein, en una nota de opinión en la que señala que “sería muy injusto ignorar que los problemas de corrupción, ineficacia de los controles estatales y colusión con el sector privado son efectivamente de larga data. Gobiernos militares como civiles fracasaron en promover prácticas de transparencia. El Estado fue históricamente el socio bobo en muchos emprendimientos, y los contribuyentes, las pasivas víctimas que pagaron las consecuencias. Las fallas institucionales de la Argentina son estructurales. Ningún debate serio se ha dado al respecto. Ignorando ese disfuncionamiento, nada serio, estable, mucho menos "normal", puede pretender construirse” (https://www.lanacion.com.ar/2160920-las-cloacas-de-la-politica-al-descubierto).

Todas estas consideraciones se ven ampliamente respaldadas por la laboriosa investigación de Alconada Mon que va describiendo minuciosamente los fenómenos de corrupción que anidan en distintas esferas institucionales y de la sociedad civil. De este modo va desgranando la corrupción que se deriva de la financiación de la política; la que afecta a los aparatos del Estado como la Agencia Federal de Inteligencia; en los sindicatos; en las comisarías de policía -que se “subastan” para ponerlas en manos de los oficiales que garanticen la mayor recaudación y en el Poder Judicial, en especial en la justicia federal, que tiene competencia sobre las causas que afectan a funcionarios; en la comercial, que interviene en temas que afectan a las grandes empresas y en la penal económica que recibe las denuncias de la AFIP. The last but not the least important, también la corrupción que anida en el periodismo, cuando “se compra el silencio de muchos periodistas y de ciertos medios de comunicación”.

De manera que en Argentina, continúa señalando el dedo acusador de Alconada Mon, “los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores, los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodistas no informan. Con excepciones en todos los campos, por supuesto, y muy dignas, por cierto. Pero así fue diseñado y así funciona un sistema de corrupción e impunidad donde reina la hipocresía, que premia a los que se adaptan, expulsa o encapsula a los elementos sanos (que son muchos), y castiga a los que intentan rebelarse (que no son tantos)”. Añade que el caso tan mencionado últimamente de la cartelización de la obra pública no es una construcción novedosa de la última década. Funcionaba ya durante el menemismo, cuando el ministro Roberto Dromi conformó una “comisión vial” en la que incorporó a los ejecutivos de las grandes empresas de la “patria contratista”, como el Grupo Macri, Techint y Pérez Companc para repartirse las licitaciones en las que solo ellos participaban.

En opinión de Alconada Mon, en el financiamiento irregular de los partidos políticos está el pecado original. “Cualquier candidato que quiera competir hoy por la Presidencia de la Nación Argentina (con pretensiones reales de ganar) necesita al menos 100 millones de dólares. Eso cuesta llegar a la Casa Rosada”. De allí que el periodista ponga en boca del presidente Macri el siguiente diálogo mantenido con un aportante de su campaña: “- Quiero el 1 % de tu patrimonio”. El que pide no es cualquiera. Es Mauricio Macri. — Quiero el 1 % de tu patrimonio para financiar mi campaña. Vos sabés que si yo gano normalizaremos el país y el 99 % restante de tu patrimonio va a valer muchísimo más.” A este diálogo añade un interrogante llamativo. “¿Cambiemos financió parte de la campaña de Florencio Randazzo en 2017, como sospechan los kirchneristas, para que el ex ministro del Interior le mordiera votos a Cristina Fernández de Kirchner en su puja con Esteban Bullrich por una banca en el Senado nacional? Acaso por eso, Macri no solo planteó que quería “el 1 % del patrimonio” de cada empresario grande que visitó. En reuniones con hasta 25 interlocutores llegó a decir otra frase explosiva: “En blanco, nada”.

El efecto corrosivo que la corrupción tiene sobre el funcionamiento general de la administración pública ha sido señalado por múltiples especialistas del fenómeno. Al notable aumento del gasto público por la sobrefacturación de la obra pública se suma el riesgo de que esas obras no reúnan luego las condiciones exigidas por los pliegos de las licitaciones. Ese sobrecoste resiente las partidas presupuestarias que deben financiar los servicios públicos de educación y sanidad en la cantidad y calidad necesaria. Las cantidades dedicadas a pagar los sobornos no se pueden destinar a otro tipo de actividades y la Administración pública, al no cumplir con eficacia su labor, penaliza a los ciudadanos que pagan tributos. Por otra parte, la corrupción distorsiona lo que deben ser los mecanismos ordinarios de toma de decisiones en el plano económico y genera actuaciones administrativas inadecuadas y decisiones públicas incorrectas. La consecuencia es la ineficiencia y falta de productividad del sistema económico en su conjunto. En el plano político, establece una desnivelación del terreno de juego favorable al partido que detenta el control del Poder Ejecutivo, con lo que se afecta la posibilidad de alternancia al tiempo que se daña la legitimación del Estado frente a sus ciudadanos. Por consiguiente, el abordaje de una cuestión tan compleja debiera hacerse desde el Parlamento, con participación de todas las fuerzas políticas, para garantizar un diagnóstico imparcial y profundo, que dibuje las políticas de Estado que deben instrumentarse para tratar de acotar el fenómeno.

Aleardo F. Laría    
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