Viernes, 19 Octubre 2018 00:00

¿Y las reformas estructurales? -Bien, gracias

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A esta altura del mandato presidencial para el que fue electo, Mauricio Macri debería saber que el país de los argentinos es un potro difícil de domar.

 

Después de casi tres años de haber lidiado con los problemas que heredó y con otros que él mismo ayudó a crear, no darse cuenta de la índole de quienes habitamos estas playas es una muestra o bien de desatención o bien de pereza intelectual. Entre nosotros todo se ideologiza y discute. Con tiempo suficiente, debatiríamos si el sistema métrico decimal decanta hacia la derecha o en dirección de la izquierda. A tal punto hemos llegado.

Si la mesa chica del gobierno fuese menos engreída y pusiese mayor empeño en analizar, con un mínimo de cuidado, la razonabilidad de determinadas políticas públicas, no cometería los errores en los cuales, sin solución de continuidad, ha incurrido desde que se hizo cargo del poder. Tropezar con una piedra es algo que puede pasarle a cualquier administración. Ninguna está exenta de ello. Lo que no es fácil de entender -y menos de explicar- es porque Mauricio Macri y sus colaboradores de mayor confianza han topado y se han ido de boca con la misma piedra, una y otra vez, sin aprender nada en el camino.

El tema del aumento de las tarifas de los servicios públicos ya le había causado al gobierno serios dolores de cabeza en el pasado. Imaginar que en las actuales circunstancias, en medio de un ajuste durísimo sobre el sector privado, nadie iba a patalear si se implementaba un incremento en las boletas de gas -aunque fuese moderado- suponía estar mirando otro canal. Había sucedido cuando la situación económica era claramente mejor que la de hoy y -por lógica consecuencia- sucedería con más razón ahora, en virtud del deterioro social que se percibe a lo largo y ancho del país. Pues bien, en Balcarce 50 nadie se enteró -o quiso enterarse- de las posibles consecuencias que arrastraría la decisión que estaban a punto de tomar.

Cómo se ponen en marcha en la Casa Rosada este tipo de medidas es materia abierta a discusión. Si alguien nos dijese que el secretario de Energía, en un rapto de omnipotencia, decidió por las suyas saltarse la cadena de mandos y, muy orondo, optó por hacer el anuncio sin consultarle a su inmediato superior, al ministro de Economía ni al mismísimo presidente de la Nación, nos resistiríamos a darle crédito a lo que escuchamos. Pero existe la posibilidad de que algo por el estilo haya ocurrido. También lo es que Javier Iguacel le haya contado la mitad de la historia a Nicolás Dujovne -por entonces, en Bali- y a Mauricio Macri. Y cabe pensar en un tercer escenario: que las jerarquías fueron respetadas, sólo que -frente a la polvoreada que levantó el tema- nadie quiso hacerse responsable.

¿Al jefe del estado le ponen al corriente sus ministros y secretarios, antes de activar un aumento de este tipo? Y si lo hacen, ¿hay una reunión previa en donde, con base en lo que podría llamarse un brainstorning, se analizan los pros y contras para determinar si cuanto es legal resulta, al mismo tiempo, conveniente? Porque en punto a la ley no caben dudas de que, conforme a una norma votada en 1992, si el dólar se apreciase más de 20 %, la diferencia en el precio de la tarifa de gas debía ser pagada por los usuarios en seis cuotas como máximo. Hasta aquí nada que objetar.

La legalidad estaba clara. La oportunidad, en cambio, no parecía la mejor, aun cuando era menester actuar en razón de que se hallaba en disputa la seguridad jurídica, el bien más preciado para un gobierno que viene de cerrar un acuerdo histórico con el Fondo Monetario y que necesita sostener -no sólo en materia energética- las reglas claras que requieren los mercados para invertir.

Sin duda la disyuntiva era de hierro y nadie hubiera deseado estar en los zapatos de Macri. Frente a la dificultad, lo menos que podía esperarse es que éste pusiese en autos de cuanto planeaba hacer a sus socios radicales. No lo hizo aun a sabiendas de que los seguidores de Alem e Yrigoyen tienen metido en la cabeza el virus estatista. Tampoco convocó al peronismo ortodoxo que, a diferencia de cuanto obró en contra de Alfonsín y de De la Rúa, no ha hecho una oposición salvaje a expensas de la administración de Cambiemos. Y, por supuesto, hizo las cuentas a medias de lo que estaba en juego. De lo contario, lo hubiese pensado dos veces y finalmente habría decidido desde el vamos, sin pagar un precio excesivo, que el Estado se hiciese cargo de cumplir con la ley.

Quedó en evidencia, por enésima vez, que los funcionarios de este gobierno se chocan en los pasillos, que la falta de comunicación entre ellos es alarmante y que los errores autoinfligidos siguen a la orden del día. Otro dato de importancia no menor es cómo se resolvió el entuerto. Cuando fue evidente que insistir con el aumento pagadero en veinticuatro cuotas ponía en riesgo la aprobación del presupuesto. Rogelio Frigerio y Emilio Monzó -actuando casi por las suyas- llegaron a un compromiso con Miguel Pichetto. Luego se lo informaron a Macri, que -horas antes, en un acto en Olavarría- había insistido en la necesidad de abonar el precio del gas por parte de los usuarios. Marcos Peña no fue tenido en cuenta. Por momentos desaparecido, sigue en un cargo que le queda demasiado grande, sostenido por la sola voluntad de Macri.

Cristina Kirchner -que se adelantó a todos, copó la parada y le sacó más ventajas al peronismo nacional- difundió la resolución del aumento antes de que resultara publicado en el Boletín Oficial y se impuso a sí misma la función de abanderada de la oposición a la medida. Sin decirlo, el grueso del justicialismo y de la Unión Cívica Radical coincidió con ella. Lo que pone al descubierto -por si faltasen evidencias- que las reformas estructurales, sin las cuales la Argentina continuará formando parte de los países subdesarrollados, carecen de consenso. La consigna “Argentina, cambio cultural”, que enarboló el martes de la semana anterior el macrismo en una de esas tenidas intelectuales a las que son tan afectos Marcos Peña y Jaime Durán Barba, puede esperar sentada mejores tiempos. De momento, por lo que se ve y escucha, la partidocracia tradicional -léase el PJ y la UCR- aunque en veredas opuestas en términos de su posicionamiento respecto del gobierno, tiene un pensamiento similar en materia económica, social, laboral y tributaria. No han cambiado mucho en los últimos setenta años. En cuanto al Pro, agita unas banderas y plantea discursos acerca de las bondades del capitalismo, el mercado y el liberalismo económico. Pero cuando pasa de la teoría a la práctica, el abismo que se abre entre una y otra genera vértigo.

Vicente Massot

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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