Martes, 23 Octubre 2018 00:00

Una grieta que no debe cerrarse: impunidad o igualdad ante la ley

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Un fiscal, en el marco de una causa penal, solicitó que se dictara la prisión preventiva de Pablo Moyano. El juez, días después, la denegó. Entre ambos hechos el clan Moyano llamó a una suerte de rebelión civil. Se obtuvo la solidaridad de la CGT y se organizaba una gran manifestación para recibir al imputado en Ezeiza, cuando regresara de un viaje al exterior.

 

No sabemos si esa presión incidió en la decisión del juez, un dirigente peronista de Avellaneda hasta su designación en el cargo actual. Quizás aún sin ella hubiera adoptado el mismo criterio, por buenas o malas razones. Pero no puede descartarse el efecto que acciones de este tipo pueden generar en magistrados que no posean una rectitud y un temple incuestionables.

Nada diré sobre la causa judicial en sí misma. No puedo saber si existen elementos suficientes para dictar la medida que el fiscal pidió, pero en cualquier caso si las pruebas son endebles o las decisiones judiciales equivocadas, el ordenamiento procesal ofrece la posibilidad de promover su rectificación mediante recursos. Los recursos permiten la revisión por parte de instancias superiores. Sus herramientas son (o debieran ser) los argumentos jurídicos. Las manifestaciones callejeras, los cortes, los piquetes, los aprietes no deberían tener la menor incidencia en su resultado. Si la tienen, no solo se vulnera el debido proceso sino el principio de igualdad ante la ley. La enorme mayoría de los ciudadanos no goza de esos privilegios.

La sociedad está cansada de estos métodos patoteriles. Sobre todo cuando vienen acompañados de expresiones claramente antidemocráticas, como las que profirió el jefe del clan, Hugo Moyano, al sostener que hay que "erradicar" al Gobierno de Mauricio Macri. En democracia solo se "erradican" gobiernos a través del voto.

Moyano, como su aliada Cristina Kirchner, pretende socavar permanentemente la legitimidad de la presidencia de Macri. Esta lo hizo desde el primer momento. Su negativa a participar de la ceremonia de entrega de los símbolos presidenciales el 10 de diciembre de 2015 tuvo esa inequívoca finalidad. En el caso del camionero, fue virando hacia esa posición a medida que lo salpicaban numerosas causas judiciales.

La embestida contra Cambiemos parte del supuesto de que la Justicia es manejada desde la Casa de Gobierno. No deja de ser comprensible, porque es lo que ellos hacen cuando están en el poder. La idea de que Cambiemos respete la independencia judicial les resulta inconcebible, una broma para ingenuos. Y, sin embargo, así es. Los "operadores" de Macri son una fantasía útil para llenar columnas periodísticas.

Lo más importante que vino a construir Cambiemos, mucho más que una determinada orientación económica, es la república. Es necesario darle vida a la letra muerta del artículo primero de la Constitución Nacional. Para ello, es fundamental garantizar la independencia judicial, porque sin jueces independientes el gobierno de la ley es una quimera.

La ley, asimismo, deber ser aplicada a todos por igual. Los Moyano son ciudadanos como los demás, pese a que estén acostumbrados a los beneficios de un poder y una fortuna inaccesibles para cualquier trabajador. Ellos no son perseguidos. Pueden expresar con absoluta libertad sus ideas políticas y pueden, en el marco de la ley, ejercer sin trabas la representación gremial. Lo que no pueden es alzarse contra el Estado de derecho.

Jorge Enríquez
Diputado nacional por CABA (Cambiemos- PRO)

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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