Lunes, 17 Diciembre 2018 00:00

Un protocolo para garantizar la seguridad ciudadana

Escrito por 
Valora este artículo
(3 votos)

 

La escena se hizo familiar en los últimos años: en manifestaciones agresivas, generalmente de minúsculos partidos de izquierda o en autodenominados "movimientos sociales", la policía solo atina a cubrirse ante la andanada de piedrazos.

 

La preocupación principal de las personas a las que les confiamos nuestra seguridad es que ninguno de esos vándalos resulte siquiera rasguñado.

En las canchas, es común que las hinchadas entonen cantos contra la policía. Parten sin dudas de las barras bravas, pero se asocian —tal vez sin prestar atención a las letras que corean— hasta los más atildados plateístas. No lo hacen por ningún hecho en especial. Es la misma idea de policía la que se repudia, la policía como rostro visible de la ley.

La ley es, en el fondo, nuestro problema. La ley, sin el auxilio de la fuerza pública, es solo una recomendación. Pretender que la policía no pueda actuar efectivamente para hacerla cumplir es lo mismo que desear que no haya ley. Como pasa tanto en la Argentina en los más diversos campos, es una idea adolescente, que se esfuma rápidamente cuando nos toca ser víctimas de un hecho ilícito: en ese momento nos transformamos y, comparado con nosotros, Jair Bolsonaro parece un socialdemócrata sueco.

El rechazo de algunos sectores al protocolo dictado por la ministra Patricia Bullrich para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad se inscribe en ese marco. Se desea que las fuerzas de seguridad permanezcan en su estado actual, es decir, como espectadores pasivos de los delitos. Y que ni siquiera se puedan defender cuando son atacadas y se pone en riesgo su integridad física y aun su vida.

Es hora de terminar con esa actitud, que no rige ni en las democracias más avanzadas del mundo, aquellas que en mayor medida se acercan al ideal de respeto universal por los derechos humanos. De hecho, estos necesitan para su defensa en muchas ocasiones del uso de la fuerza. Los delincuentes suelen ser reacios a plegarse a los ruegos cuando no son acompañados de lo que Hipólito Yrigoyen llamaba las efectividades conducentes.

Por cierto, el empleo de la violencia física y en particular de las armas es un último recurso. Solo excepcionalmente, cuando es imprescindible para evitar un daño inminente a la salud o la vida de terceros o de ellos mismos, las fuerzas de seguridad deben recurrir al uso de las armas. Y no otra cosa establece el protocolo que ha despertado tanta polvareda. Salvo quienes lo hacen de mala fe, pareciera que muchos de los que lo critican ni se han tomado el trabajo de leerlo.

De todas formas, esas críticas son minoritarias, aunque de minorías activas que logran desplazar en los medios de comunicación a las mayorías, habitualmente silenciosas. Conforme a recientes encuestas, seis de cada diez argentinos están a favor de la nueva reglamentación. Y probablemente la proporción fuera mayor si las respuestas no estuvieran teñidas de las posiciones políticas derivadas de la "grieta".

Nada hay en el protocolo del Ministerio de Seguridad que viole la Constitución, los tratados de derechos humanos ni la ley. Por el contrario, es una norma similar a la que rige en los países de mayor apego al Estado de derecho.

El rechazo de parte de la población al accionar efectivo de las fuerzas de seguridad se inspira en el recuerdo de la última dictadura militar. Pero ya llevamos 35 años de democracia. No podemos ver en cada policía a un represor. Lo he escrito muchas veces, pero no me canso de repetirlo: pasamos de la fuerza sin ley a la ley sin fuerza. Y la ley sin fuerza no es ley, es solo un catálogo de buenas intenciones.

El Estado se caracteriza por el monopolio de la fuerza pública. Esa fuerza no debe ser arbitraria ni desproporcionada, y debe ser ejercida en el marco de la ley, sujeta a todas las garantías constitucionales. Pero, llegado el caso, y como un último recurso, es imprescindible para asegurar la vigencia del orden legal y de la convivencia pacífica.

El agente de seguridad que cumpla ese deber de manera ilegal o arbitraria debe ser severamente sancionado, pero no se puede presumir la ilegalidad en el obrar de quienes defienden la ley en nombre del Estado. Ese camino nos conduciría a la anarquía, que es la antesala de las más crueles dictaduras.

Jorge Enríquez
Diputado nacional por CABA (Cambiemos- PRO)

Visto 532 veces

Fundado el 4 de agosto de 2003

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…