Martes, 22 Enero 2019 00:00

Necesidad y urgencia de recuperar los bienes mal habidos

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La corrupción en una escala casi inédita a nivel mundial como la que está siendo investigada en la Argentina nos obliga a innovar con herramientas jurídicas útiles y ágiles que permitan dar una eficaz respuesta a las demandas de una sociedad asqueada por el monumental saqueo sistemático que tuvo lugar durante los doce años de kirchnerismo.

 

No solo hay que condenar a los culpables, sino restituir en la medida de lo posible los bienes mal habidos para que regresen a la comunidad de la que salieron. La corrupción no solo es una grave inmoralidad que tiene su sanción en el Código Penal, sino que es también pobreza, marginalidad, inseguridad y muerte.

Por tal motivo, presenté el año pasado un proyecto de ley de extinción de dominio. Es un proyecto que respeta todas las garantías del debido proceso, pero no supedita la restitución de los bienes incorporados ilícitamente a un patrimonio a la existencia de una condena penal. Son dos procesos distintos, con finalidades diversas: el de extinción de dominio busca recuperar esos bienes, mientras que el proceso penal se lleva adelante para imponer una sanción penal a quien se demuestre que cometió un delito. Asistimos a un momento histórico en el que la Justicia está cumpliendo con su deber; es nuestra misión como miembros del Poder Legislativo cumplir con el nuestro, actualizando la legislación para que los jueces y fiscales dispongan de los mejores instrumentos a fin de hacer justicia.

La Cámara de Diputados aprobó en 2016 un proyecto de esa naturaleza. El Senado le introdujo modificaciones, por lo que volvió a la Cámara de Diputados. Las modificaciones desvirtúan muchos de los aspectos del proyecto original. Estas idas y vueltas han generado en los hechos el bloqueo de una iniciativa que anhela la gran mayoría del pueblo argentino. Por eso es reconfortante que el Presidente de la Nación haya tomado el toro por las astas, introduciendo este impostergable mecanismo mediante un decreto de necesidad y urgencia.

El DNU ni viola las materias prohibidas por la Constitución Nacional en el art. 99, inc. 3°, ya que no se trata de materia penal. Lo que se regula es un proceso civil destinado a la recuperación de los bienes mal habidos. En cuanto a la necesidad y urgencia, el concepto no se limita a una catástrofe económica o social. El imperativo jurídico y moral de retornar al patrimonio público bienes que manifiestamente derivan de la corrupción justifica sobradamente el uso de este instrumento. En definitiva, será el Congreso, cuando intervenga para ejercer el control que le asignan la Constitución y la ley 26.122, el órgano que aprobará o rechazará la medida. No podemos seguir anteponiendo preciosismos técnicos a la necesidad de terminar con la impunidad. Se trata no solo de un mandato del pueblo argentino, sino de una condición insoslayable para seguir avanzando en el camino del desarrollo con equidad social.

El Presidente ha obrado con determinación, priorizando una vez más el bien común. Los únicos que deben temer el dictado de este decreto son quienes con sus acciones ilegales, al amparo de la impunidad, robaron los recursos y los sueños de los argentinos.

Jorge Enríquez
Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (Pro-Cambiemos)

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