Viernes, 25 Enero 2019 00:00

Extinción de dominio y ­Venezuela: la realidad dibuja el mapa político

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El Gobierno decidió imponer por decreto de necesidad y urgencia una iniciativa que impulsó ya cinco años atrás el renovador peronista Sergio Massa. La única diferencia es el formato legal: aquél era un proyecto de ley, mientras el Ejecutivo prefirió la vía del decreto. ­ En tanto que una salida de baja violencia a la crisis venezolana necesitará más jugadores.

 

La realidad les ha ofrecido a gobierno y fuerzas de la oposición dos puntos interesantes para exhibir distancias y proximidades: las disposiciones sobre extinción de dominio de bienes malhabidos y la dramática crisis en Venezuela.

El Poder Ejecutivo decidió imponer por decreto de necesidad y urgencia una iniciativa que impulsó ya cinco años atrás el renovador peronista Sergio Massa. En junio de 2014, Massa anunciaba su propuesta de "extinción de dominio para activos del narcotráfico y la corrupción", argumentando que "la impunidad se va a terminar el día que persigamos la plata y los bienes de los que se hicieron ricos con la droga y la corrupción".

La iniciativa extendía la persecución a los activos heredados por familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país. Lo que sucede hoy es que en el mejor de los casos los delincuentes pasan un tiempito en la cárcel, pero se quedan con la plata".

Los argumentos de Massa eran similares a los que empleó ahora el oficialismo para justificar el decreto presidencial. La única diferencia es el formato legal: aquél era un proyecto de ley, mientras el Ejecutivo prefirió la vía del decreto.

No se trata, claro, de una diferencia menor: la mayoría de los juristas independientes (que inclusive respaldan el objetivo de que el Estado alcance el control de los bienes malhabidos) consideran que el camino elegido por la Casa Rosada es inconstitucional. Apuntan a varios flancos. Primero, alegan que no se sostiene la apelación a la urgencia del DNU cuando hay en trámite un proyecto de ley que ya fue tratado por ambas Cámaras y sólo requiere una decisión final de Diputados; en segundo término, cuestionan que -contra lo que prescribe la Constitución- se pretenda legislar por decreto sobre una materia penal. Se señala que el Ejecutivo usurpa funciones del Congreso y se advierte que la disposición estatal sobre bienes de personas sin condena firme es un avance sobre derechos individuales y un riesgo de futuros juicios indemnizatorios contra el Estado.

Sin minimizar ese debate (que encierra, en los hechos, la posibilidad de que, a causa de fallas jurídicas, pierda sustentabilidad una norma de gran trascendencia), vale la pena subrayar las coincidencias argumentales entre el oficialismo y un amplio sector de la oposición (el kirchnerismo es la mosca blanca), una señal clara de que hay base política para alcanzar acuerdos (y, contrario sensu, que si esos acuerdos no se concretan la explicación sólo puede atribuirse a motivos facciosos).

LA IMPLOSION DEL CHAVISMO

La reacción ante lo que ocurre en Venezuela también muestra denominadores comunes entre el oficialismo y la oposición no kirchnerista. Mientras los seguidores de la señora de Kirchner se lanzaron a definir el vasto movimiento popular de rechazo al régimen de Nicolás Maduro como un "golpe de Estado" o una "maniobra imperialista", el gobierno y los principales precandidatos del peronismo alternativo destacaron que las movilizaciones fueron provocadas por el proceso de descomposición del régimen chavista residual que encabeza Maduro. Esa descomposición ya había disparado proceso de emigración masiva inédito en la región.

El Gobierno Nacional y el opositor gobernador Juan Manuel Urtubey proclamaron su reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario legítimo. Similar actitud a la que adoptaron la Organización de Estados Americanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El gobierno de Mauricio Macri coordinó su postura con Brasil, Colombia, Chile y Ecuador (entre otros países) y actuó en el marco del consenso regional mayoritario del llamado Grupo de Lima al que no se sumaron, sin embargo, ni México ni Uruguay.

Convendría no simplificar colocando por esa reticencia a los gobiernos de Tabaré Vázquez o Andrés Manuel López Obrador en la misma bolsa que, por caso, el régimen tiránico que encabeza en Nicaragua Daniel Ortega, que expresa sin ambages su respaldo a Maduro.

El gobierno uruguayo y el mexicano son expresión de procesos democráticos y, más allá de sus eventuales afinidades ideológicas con actuales o pretéritas invocaciones del chavismo, parecen movidos por la prevención frente al activo rol de la diplomacia estadounidense en esta etapa del conflicto, así como por su temor de que la dualidad de poder que se manifiesta en Venezuela desate procesos violentos incontrolables. Ambos gobiernos parecen reservarse para jugar un papel moderador o facilitador en eventuales negociaciones destinadas a imponer pacificación y una salida ordenada del régimen de Maduro.

LA DUALIDAD DE PODER

Las grandes manifestaciones de protesta ocurridas en Caracas y otras grandes ciudades de Venezuela tuvieron una naturaleza distinta a anteriores movilizaciones: esta vez sumaron numerosos contingentes de pobladores de barriadas que tradicionalmente constituyeron baluartes del régimen chavista.

La pavorosa crisis económica ha dinamitado esa base y ha impulsado a las corrientes políticas opositoras a dar un paso audaz: establecer un núcleo de poder -con un presidente a cargo- que desafía abiertamente la autoridad de Maduro, elegido en comicios presidenciales controvertidos e internacionalmente devaluados en su legitimidad.

Tanto el poder de uno como el del otro presidente son relativos. Guaidó, por el momento, no manda nada, aunque cuenta con reconocimiento internacional. En cualquier caso, su pedido de que los países que lo reconocen no cierren sus embajadas ha determinado al menos que Estados Unidos pueda apelar a argumentos legítimos e invocar su autoridad como presidente a cargo para ignorar la ruptura de relaciones diplomáticas decretada por Maduro, así como desobedecer la orden de éste de que sus diplomáticos abandonen Venezuela.

Se verá que hace Maduro con este desafío del Departamento de Estado. Pero ya está a la vista de todos que él no cuenta ahora con mando efectivo sobre las fuerzas armadas. Si lo tuviera, si tuviera seguridad sobre ellas, ya habría reaccionado frente a los retos que le lanza Guaidó y habría tratado de cortar de un tajo la dualidad presidencial. En cambio, lo que hace desde el primer momento es invocar (y reclamar) la "obediencia y fidelidad" de los militares. Ha conseguido esa promesa de los más altos mandos, sospechados de asociación con las corruptelas del poder.

La presencia de la gente en las calles es un argumento de peso en favor de Guaidó. El no puede ordenar qué hacer, pero puede por ahora determinar que algunas cosas no se pueden. Los mandos superiores de las fuerzas armadas quizás sean fieles a Maduro por conveniencia inmediata pero una prolongación de la crisis erosionará sin duda la disciplina de las fuerzas y, con ella, la plataforma de sustentación del régimen.

Guaidó ha tenido la inteligencia de prometer comprensión y perdón a aquellos militares que contribuyan a recuperar el pleno ejercicio constitucional. Esa promesa es un estímulo, aunque quizás no suficiente: en tiempos de globalización, el perdón que algunos militares venezolanos requieren excede las atribuciones actuales de un presidente sin mando.

Una salida de baja violencia a la crisis venezolana seguramente necesitará más jugadores, una mesa en la que participen actores con poder y con prestigio aceptado por los partes involucrados para dar garantías. Quizás de una negociación de ese tipo pueda derivarse una salida que implique, como pidió el Presidente argentino, "restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres y transparentes, con plena vigencia de la Constitución y la participación de líderes de la oposición" (habrá que ver qué fuerza es "la oposición" en ese momento). Quizás una negociación así ya se esté iniciando.

TEMPLANZA Y CRISPACION

Si el centro del espectro político argentino (oficialistas y opositores) parece dispuesto a mirar los acontecimientos con templanza y moderación, los extremos ideológicos están, en cambio, crispados. Para el kirchnerismo y sectores de la izquierda el derrumbe del régimen chavista (o su deconstrucción paulatina como fruto de una negociación) es una catástrofe que interesa y hace el juego al "imperialismo", en el otro extremo hay un ideologismo "democrático" que predica la erradicación completa y rápida del chavismo sin reparar en costos y consecuencias y que está predispuesto a considerar impura cualquier negociación que no conduzca a aquel resultado.

Hace un tiempo solía usarse al régimen de Maduro como argumento en la discusión con el kirchnerismo que, según pretendía cierta propaganda, llevaba a la Argentina a convertirse en Venezuela. Valdría la pena mirar la Venezuela de hoy y alguno de los escenarios que se le presentan para imaginar adónde podría conducir la profundización de las grietas.

Jorge Raventos

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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