Lunes, 25 Noviembre 2019 00:00

¿Quién fue el golpista en Bolivia? - Por Luis Alberto Romero

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¿Hubo en Bolivia un golpe de Estado? Son muchos los que han limitado a este punto toda su preocupación por la compleja y dramática situación de Bolivia. Podía descontarse la opinión del arco “bolivariano” local. Más llamativa es la de quienes no pertenecen a él y adhieren a un concepto cuyo único referente es el Diccionario de la Corrección Política.

 

¿Quién fue el autor del golpe de Estado en Bolivia? Para contestar esta pregunta, no tan obvia como parece, conviene precisar primero qué es exactamente un golpe de Estado. La respuesta no está en los diccionarios, sino en la exploración de los usos de esa fórmula hasta nuestros días.

“Golpe de Estado” comenzó a usarse en el siglo XVII, con sentido similar a “golpe palaciego”. Por ejemplo, Catalina de Médicis fue una golpista consumada: así como liquidaba a un favorito, asesinaba a su hijo rey y masacraba a miles de protestantes. En el siglo XIX, en tiempos de gobiernos constitucionales, y acercándose a nuestro uso, la expresión designó a una acción palaciega que interrumpía la normalidad constitucional. Es lo que hizo Napoleón Bonaparte en 1799, y también su sobrino Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la República electo en 1848, quien en vísperas de concluir su mandato -sin reelección-, disolvió las cámaras y se hizo plebiscitar como emperador. Muchos escribieron entonces sobre el “coup d’état”, y entre ellos Carlos Marx, en su extraordinario estudio histórico “El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte”.

En el siglo XIX hubo otro tipo de interrupciones constitucionales, que fueron llamadas “revoluciones”, como la de 1789. En Francia ocurrieron en 1830, 1848, 1871, y sucedieron de manera bastante parecida. Luego de un período previo de agitación, un día el “pueblo” salía a la calle, construía barricadas y pedía el cambio del gobierno o del régimen. Inicialmente el ejército los reprimía, había muertos y heridos, hasta que finalmente alguien le decía al monarca algo así como “esto no va más”.

Las cosas van muy mal en Bolivia, y me temo que irán peor. A esta altura, si hubo o no golpe es una circunstancia menor en el cuadro de conjunto. No sirve para entender uno de los problemas actuales de la democracia: cómo los gobiernos pueden fluir, mediante pequeños golpes de Estado, de la democracia hacia el autoritarismo democrático y de allí hacia la dictadura.

En España y en América Latina, donde la movilización popular era menor, predominó el “pronunciamiento” o “cuartelazo” militar, una práctica que se extendió durante el siglo XX, ya con una política democrática asentada y compleja. De entonces data el binomio “democracia-golpe de Estado”, que hoy domina en el sentido común. Más allá de las sustanciales diferencias entre los distintos casos, existe un mínimo común del golpe de Estado, precisada por Carlos Barbé en el “Diccionario de política” de N. Bobbio. Según señala, el “golpe de Estado” es el que se da desde el Estado, por quien tiene la capacidad de usar sus instrumentos.

De modo que un golpe de Estado no es necesariamente militar, aunque esto ha sido frecuente en América Latina, aunque siempre es un golpe palaciego, realizado desde el poder. Quizá convenga observar el caso boliviano desde esta óptica y preguntarnos si corresponde calificar de golpistas a las fuerzas armadas -según la vieja tradición hispana y latinoamericana- o quizás al presidente Morales, actuando en la senda trazada más antiguamente por los dos Bonaparte.

Sabemos que Bolivia es un país complejo, lleno de conflictos que no encajan bien con la forma institucional democrática. También, que en catorce años de gobierno Morales ha transformado muchas cosas, buscando esa adecuación institucional y dándole un sentido inclusivo y equitativo. Todo ello explica el amplio apoyo que tuvo, hasta 2016.

Para el caso, el problema no son sus méritos sino su deseo de perpetuarse, más allá de lo establecido en la nueva Constitución, y de lo que la ciudadanía boliviana podía aceptar. Comenzó con una serie de violencias sucesivas en el sistema institucional, que suscitaron la protesta de la minoría opositora pero no cambiaron la opinión de los dos tercios restantes.

Las instituciones fueron cediendo ante la ley de la mayoría. Comenzó en la propia Constitución de 2006, donde se estableció que su primer mandato no se computaba. A poco de comenzar el tercero, en 2016, convocó a un referéndum que lo autorizaba a presentarse por cuarta vez. Rechazada por el plebiscito, la enmienda fue aprobada por el Tribunal Constitucional, por tratarse de un “derecho humano”. Luego de la elección, y ante el cariz del escrutinio, el Tribunal Electoral le permitió realizar un fraude grosero. En suma, una serie de golpes de Estado precisos, posibilitados por la mayoría de su partido en el Congreso pero, sobre todo, por el progresivo control de las dos altas instituciones fiscalizadoras.

La ciudadanía de Bolivia, disconforme con la anulación del referéndum, confió en corregir las cosas mediante el gran instrumento democrático: el sufragio. El fraude desencadenó una movilización al estilo de las “jornadas” parisinas del siglo XIX, en las que se sumaron los opositores de siempre -un tercio recalcitrante, por buenas o malas razones- y quienes en la ocasión cesaron en su apoyo a Morales. Los que lo siguen apoyando, que son muchos, no reaccionaron rápidamente y dejaron el control de la calle a los opositores, cuyos reclamos iban desde nuevas elecciones a la renuncia de Morales. Entre ellos había muchos policías, que decidieron abstenerse de intervenir.

En este contexto se produce el episodio decisivo de la controversia. Morales pide a los jefes militares que se hagan cargo de imponer el orden y estos se niegan. ¿Desacato, o simplemente darse cuenta de que la situación no daba para más, y negativa a convertirse, como en octubre de 2003, en los carniceros de la Plaza Murillo?

Por otra parte, se aduce que los militares sugieren, aconsejan o piden a Morales que renuncie. Este es el centro de la argumentación sobre el golpe. Lo cierto es que, después de sugerirle la renuncia, no hicieron nada más; no ocuparon el poder y se limitaron a esperar una solución política e institucional. No hubo golpe.

Aconsejar es la obligación de un funcionario consciente, ante una orden sin sentido o que transgrede la ley. Esto valió desde en “concilium” que el vasallo debía al señor feudal hasta el “advice” de un primer ministro británico al rey. Es importante pero no imperativo. No parece algo propio del viejo golpismo pretoriano sino, por el contrario, un signo de moderación y responsabilidad.

Responsabilidad es lo que faltó a Morales. Debió haber buscado una negociación a tiempo, como hicieron Lenin Moreno o Piñera. Luego, cuando decidió dejar el cargo, debió esperar a que se aceptara su renuncia y entregar el mando. Eligió irse, junto con todos los que le seguían en la línea sucesoria, dejando al Estado sin conducción. Es lo peor que le puede pasar a un sistema institucional y la más clara invitación al golpe militar.

Eso, y la posterior victimización, urbi et orbi, culminó la triste gesta de este golpista serial. La completan quienes, ignorando la película, congelan un cuadro y declaran “acá está el golpe”.

Las cosas van muy mal en Bolivia, y me temo que irán peor. A esta altura, si hubo o no golpe es una circunstancia menor en el cuadro de conjunto. Pero una parte importante de lo que ya está sucediendo le corresponde a la narración de los sucesos, a la que contribuyen los “bolivarianos” y también los “correctos”, atados a una rígida clasificación binaria. Además de ser políticamente contraproducente o negativa, no sirve para entender uno de los problemas actuales de la democracia: cómo los gobiernos pueden fluir, mediante pequeños golpes de Estado, de la democracia hacia el autoritarismo democrático y de allí hacia la dictadura.


Luis Alberto Romero

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