Viernes, 03 Enero 2020 00:00

Reformas, ajustes, imposición y negociación - Por Jorge Raventos

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Los mercados se expresaron en su propio idioma: bajó significativamente el índice de riesgo del país y la opinión pública está premiando al Presidente con un 60% de imagen positiva.

Merced a la victoria política que culminó en la aprobación de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, el poder presidencial se ha vigorizado notoriamente. Tanto, que para algunos ya estaríamos ante un caso de "hiperpresidencialismo". El propio Alberto Fernández mira esos comentarios con ironía: "Hasta hace dos semanas era un pobre tipo que no podía armar el gabinete porque Cristina le armaba todo. Ahora dicen que soy el presidente más poderoso", bromeó intencionadamente el último jueves ante Eduardo Van der Kooy, editorialista político de Clarín.

Es cierto: antes aún de que Mauricio Macri le colocara la banda y le entregase el simbólico bastón de mando, la comidilla mediática le concedía a Fernández habilidades como operador, pero lo pintaba sustancialmente condicionado por el poder de la señora de Kirchner, la que lo había elevado a la condición de candidato. Desde la aprobación de aquella ley, tanto los mercados como los analistas más renuentes empiezan a recoger las velas de su suspicacia o se rinden ante la evidencia: el que gobierna es Fernández. "Nos entendemos muy bien -explica el Presidente-. Ella no se entromete en mis decisiones". El verbo entrometerse es muy elocuente.

LOS MERCADOS Y LO INESPERADO

Los mercados se expresaron en su propio idioma: bajó significativamente el índice de riesgo del país, acciones y bonos se recuperaron. La opinión pública, según últimas mediciones, está premiando al Presidente con un 60 por ciento de aprobación (imagen positiva).

La Casa Rosada mostró su capacidad de convocatoria al congregar a dirigentes empresarios, sindicalistas y líderes de movimientos sociales y suscribir con ellos un "compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad" que constituye el hall de ingreso al Consejo Económico y Social que Fernández proyecta instituir por ley y establecer como un pilar de políticas de estado que trascienda los períodos presidenciales. Se sigue pensando en Roberto Lavagna como titular de esa institución. El compromiso firmado en esta ocasión, además de expresar una voluntad de encuentro en la diversidad social y hasta en la divergencia, sostiene varios conceptos que son importantes para el gobierno, de cara tanto a los mercados como a la opinión pública: estamos ante una emergencia, hay compromisos de pago (deuda) que deben ser cumplidos con urgencia; la voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención del quebranto social y del crecimiento de la economía".

Es comprensible que los mercados reciban con expectativa estos datos, que contradicen las sospechas que habían alimentado frente a un gobierno sostenido por el peronismo. Los augurios del mercado suelen huir de la originalidad, se asientan en la monotonía, en el principio de que el futuro repite el pasado. Por eso habitualmente fallan cuando se topan con lo inédito. Ante lo nuevo conviene pensar de nuevo.

Alberto Fernández es una invitación a hacerlo. Desde la década del 90 del siglo pasado era raro que una autoridad peronista admitiera que lleva adelante un programa de ajuste. El Presidente acaba de reconocer que eso es lo que está haciendo: "Si el concepto de ajuste es poner orden en las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste", concedió sin tapujos el jueves en un canal de cable; de inmediato agregó que "a diferencia de otros ajustes, no está pagado por los que menos tienen, sino por los que mejor están. ¿Quiénes son? Los que exportan, los que producen petróleo, metales, la minería, el campo, los que están en mejor situación con sus bienes personales. Hay que pagar en la Argentina un plan contra el hambre que va a costar 100 mil millones de pesos".

Si es un hecho singular que el peronista Fernández no se avergüence de llamar al ajuste por su nombre, no lo es menos que su gobierno pueda exhibir el respaldo conjunto de empresarios, gremios y movimientos sociales a los objetivos de su programa. El “compromiso por el desarrollo y la solidaridad” fue firmado por algunos de quienes se beneficiarán de su aplicación y también por muchos de los que deberán pagar por ella.

EL CAMPO Y LA CULTURA DOLARIZADA

Es cierto, no todos los que tienen que pagar estuvieron sentados a la mesa el último jueves de diciembre: la Mesa de Enlace de las organizaciones agropecuarias (que, sin embargo, mantiene abierto el diálogo con el gobierno) prefirió evitar esa cita. Es que ese mismo día varios agrupamientos de productores autoconvocados se movilizaban contra las retenciones en Rosario y en pueblos de Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Son expresiones irritadas, impacientes y minoritarias, pero el gobierno está atento para evitar que el descontento se extienda: Fernández sabe que el campo es el gran productor de divisas y que la Argentina no puede repetir conflictos como el del 2008. Tiene que refinar el programa de retenciones y estímulos y simultáneamente tiene que convencer al sector de que su aporte es no sólo necesario, sino inevitable. En esa operación consiste hacer política. Aunque a veces se tienta con fantasías progresistas, Fernández no compra el libreto anacrónico de algunos de sus aliados de izquierda que quieren una reedición corregida del conflicto del 2008. El Presidente cultiva el realismo.

Tal vez el círculo social más intolerante con el tipo de ajuste que encara el gobierno sea el que considera -como pintó Fernández ante los medios- "que comprar dólares es una suerte de derecho humano". Aunque el sentido común indica que el Estado está obligado a establecer prioridades en el uso de un recurso escaso como son las divisas, para aquella cultura banalmente dolarizada el impuesto fijado a la compra de dólares para turismo o para consumo doméstico en el exterior representa una ofensa imperdonable.

DE LA ROSADA A LA PLATA

En vísperas del final de 2019 la posición de la Casa Rosada se fortaleció. Generó condiciones para ir resolviendo las urgencias mientras trabaja para soluciones de fondo.

La situación en cambio no mejoró para otra figura estelar de los nuevos elencos gobernantes: el mandatario bonaerense Axel Kicillof. En La Plata las cosas habían andado muy bien hasta la semana anterior. Aunque el Frente de Todos no tiene fuerza suficiente en el Senado, en sus primeros días de gestión Kicillof consiguió que la Legislatura aprobase normas de emergencia por canales fluidos merced a una negociación que el mandatario mantuvo con María Eugenia Vidal y su equipo.

Una semana después, en cambio, Kicillof quiso aprobar una severa reforma de las tributaciones en la provincia (principalmente la tasa inmobiliaria y la de ingresos brutos) sin la indispensable flexibilidad a la que debería inducirlo su debilidad legislativa.

La oposición (Juntos por el Cambio) reclamaba que los incrementos impositivos no superaran la inflación, mientras el gobernador quería, sí o sí, mantener los incrementos que él había previsto, que en el caso del impuesto inmobiliario llegaba hasta el 75 por ciento (dejaba un tendal, pues afectaba, por ejemplo, a las propiedades que superen un valor fiscal de apenas 10.000 dólares). La intransigencia condujo al bloqueo de la situación; la oposición no dio quórum y la sesión fracasó. Kicillof buscó de inmediato introducir de rondón la norma por la Cámara baja, pero también allí falló el tiro, esta vez porque no tuvo suficiente apoyo en la fuerza propia.

El haber triunfado electoralmente por más del 50 por ciento de los votos quizás indujo a Kicillof a un espejismo: esa fuerza cuantitativa puede ser una palanca para determinar una buena negociación, pero no autoriza una línea de imposición expeditiva. El gobernador podría inspirarse en el Presidente, que no se priva de admitir concesiones: esta cualidad no lo ha debilitado. Tampoco le impide llevar adelante sus iniciativas. Otro ejemplo: el gobernador radical de Mendoza acaba de echar hacia atrás una ley sobre minería votada por la Legislatura cuando comprendió que la norma soliviantaba a la sociedad de la provincia. A pocos kilómetros de Mendoza, le revuelta ciudadana chilena es un recordatorio eficaz. Como supo decir Bartolomé Mitre, "en democracia, cuando todo el mundo se equivoca todo el mundo tiene razón".

Si el gobernador Kicillof quiere su reforma tributaria deberá negociar más temprano que tarde. Deberá hacerlo mirando al conjunto de la sociedad bonaerense, con una oposición que mantiene la mayoría en el Senado y también con el mismísimo bloque del Frente de Todos (o, si se quiere, con los intendentes peronistas del distrito, que no quieren quedar marginados de las principales decisiones). Ya empieza a comprenderlo.

Le convendría asimismo ir pensando en negociar con la Casa Rosada, como todos los gobernadores que lo precedieron.

Jorge Raventos

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