Domingo, 03 Mayo 2020 00:00

Alberto chocó con sus límites - Por Eduardo van der Kooy

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La aprobación casi unánime de las primeras semanas empieza a ser corroída por la crisis económico-social.

 

La pandemia continúa acaparando la preocupación pública. La consultora ARESCO, que mide la evolución de la cuarentena desde su inicio, refleja tal estado de ánimo sólo con variaciones respecto de la aplicación. El 50% la aprueba estricta. Ya el 40% reclama mayor flexibilidad. El otro 10% demanda una apertura total. La aprobación casi unánime de las primeras semanas empieza a ser corroída por la crisis económico-social.

Detrás del dominio del virus, sin embargo, se visualiza un cambio en la escena política. Primero, porque el oficialismo ha dejado de tallar con exclusividad. Segundo, porque empiezan a asomar grietas en la gestión del Gobierno y el Frente de Todos. Tercero, porque la conducción unipersonal de Alberto Fernández, indiscutida al arrancar la emergencia, pierde solidez por la dimensión de los problemas que afloran.

La rebelión en las cárceles y la liberación de presos aunó cada uno de aquellos factores. La oposición ─también otros sectores sociales─ recobró protagonismo en el perímetro de la pandemia. El oficialismo expuso sus posturas encontradas sobre el conflicto. Ambas situaciones indujeron al Presidente a incurrir en contradicciones. Primero avaló el recurso de las prisiones domiciliarias para los reos. A fin de descomprimir el hacinamiento en las prisiones. Luego afirmó, a coro con Axel Kicillof, que cualquier decisión compete solo al Poder Judicial.

El retroceso no alcanzó para apaciguar los ánimos de la sociedad que le estampó el primer cacerolazo. Tal vez Alberto no alcanzó a comprender la dimensión del asunto. Mucha gente que lo repudió, probablemente, debe estar de acuerdo con su política sanitaria. Pero ese telón no alcanza para esconder todo. También la consultora ARESCO posee un termómetro del AMBA en ese tema. Casi el 83% reprueba los arrestos domiciliarios.

Las rebeliones carcelarias por el coronavirus iban naturalmente a ocurrir. La necesidad de liberar presos se verifica en todos los países del mundo. Pero por razones políticas propias el kirchnerismo encendió la mecha: fue cuando ejerció influencia para beneficiar con arresto domiciliario al ex vicepresidente Amado Boudou. Con condena firme y sin riesgo sanitario. La afirmación no es conjetural: luego de ese episodio pulularon los videos de motines en cárceles bonaerenses en los cuales los reclusos reclamaron los mismos derechos que los políticos beneficiados.

La semana pasada quedó otra huella de la maniobra. El juez que tendió la mano a Boudou dispuso además el arresto domiciliario a dos condenados por delitos de lesa humanidad. Uno de ellos, Carlos Capdevila, fue uno de los parteros de la maternidad clandestina que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura. El magistrado es Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal 5, que entiende en la causa Los Sauces. Están involucrados Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Hay sospecha por lavado de dinero. El juicio se viene postergando por los recursos judiciales que presenta la defensa.

Obligado había sido en su momento objetado junto a Adriana Palliotti por la defensa de Florencia. Por presunto “temor de parcialidad”. Pero la Cámara de Casación Penal ratificó a los dos. Es difícil no interpretar el último movimiento del magistrado como una búsqueda de compensación. No hubo solo un favor al kirchnerismo. También a ex represores. La conocida teoría de que para disimular la presencia de un elefante lo más conveniente resulta siempre llenar la escena con otros.

Las pistas del juez no concluirían en ese punto. Tampoco las de los integrantes del TOF5 que sustancia una de las causas de corrupción más comprometedoras contra la familia Kirchner. Desde hace meses existen gestiones sigilosas del doctor Carlos Beraldi, defensor de Cristina, con los interventores judiciales designados en las distintas propiedades de la familia de Santa Cruz.

Como resultado de dichas tratativas sucedieron dos cosas. Se dispuso que el Hotel Los Sauces pueda volver a ser administrado por la familia Kirchner, a contramano de la intervención dictada en las actuaciones. También se dispuso la devolución del usufructúo de una propiedad en Rio Gallegos a Máximo, el diputado, para que la habite su ex pareja.

Ya en cuarentena y como juez de feria, Obligado resolvió que se evalúe la pertinencia y conveniencia de mantener todas las intervenciones judiciales dispuestas en la causa. Esta medida podría devolverle a la familia Kirchner la explotación de sus propiedades ahora bajo fiscalización judicial.

La descripción no deja dudas sobre la extrema sensibilidad del juez ante el kirchnerismo. Tampoco sobre la arbitrariedad que rodeó el arresto domiciliario de Boudou. Menos aún, acerca que la gestión del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para hacerle también un favor al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue una extravagancia individual. Resultó justificada públicamente por el Presidente.

Tanta flexibilidad pudo haber detonado entusiasmos y equívocos sobre la liberación de presos comunes. El secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García, anunció que esa entidad trabaja por la liberación de la mayor cantidad posible. De los “compañeros”, según su jerga. Cuando advirtió la polvareda levantada aclaró que se refería a aquellos que tienen penas leves.

Tampoco lo corregido por Cipriano García se ajustaría a la realidad. Hay una gestión para liberar a uno de los condenados por el secuestro y homicidio del joven Axel Blumberg, sucedido en 2003. La explicación: existe una demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la dureza (21 años de prisión) de la condena al delincuente. Podría haber una sanción a la Argentina.

Las dudas sobre la conducta oficial aumentan cuando se repara en otros casos. Los fallos del juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Violini, que primero ordenó la cesión de teléfonos móviles a los reclusos en las cárceles de la provincia y luego dispuso liberaciones en masa, cuyo número y gravedad resulta difícil precisar. El Procurador Julio Conte Grand posee una aproximación. Calcula que han sido alrededor de 2900. Ochocientos de ellos podrían explicarse por pertenecer a segmentos de riesgo ante el coronavirus. Cuatrocientos, al menos, serían injustificables. El resto correspondería a bajas rutinarias.

El Gobierno quedó incómodo entre ese desmadre judicial y la inocultable sombra de la intervención política. A las palabras, incluso las del Presidente, pareció barrerlas la insurrección de presos en Villa Devoto. El Estado debió someterse a una negociación cuya cara inicial más representativa no fue del Poder Judicial. Se trató del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Es el mismo funcionario que Cristina dispuso para el control de los Testigos Protegidos. La mayoría de ellos colaboradores en causas de corrupción contra el kirchnerismo. No existe en el mundo K ninguna línea inhibitoria.

El caso de los presos y las cárceles desnuda dos realidades. Las grietas visibles en el Frente de Todos. La ineficacia del Estado para desenvolverse en situaciones críticas. Cuando algún vector imprevisible (la pandemia) descompone la actualidad.

A la coalición oficialista le comienza a suceder algo similar a lo que le ocurrió a Cambiemos. No hay amalgama. Por su diversidad ideológica y la cohabitación de una autoridad en construcción (el Presidente) y un liderazgo silencioso que pesa (la vicepresidenta). Habrá que observar cuanto tiempo le insume la armonización. Cambiemos la resolvió con cierta rapidez porque, al margen de las fricciones entre el PRO y la UCR, se encolumnó detrás de Mauricio Macri​. Esa lógica varió desde que perdió el poder.

Sergio Massa y Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, se opusieron férreamente a la liberación de presos confrontando con el kirchnerismo puro. El titular de Diputados, que por una vez repite lo que siempre pensó, reclama el juicio para tres magistrados. Alberto quedó a media agua. Cristina eligió el silencio.

La ineficacia del Estado se manifestó en esa crisis carcelaria y la atención frente al drama social. Es verdad que la gestión de Alejandro Vanoli en la ANSeS fue mala. Por su manejo con los jubilados y el pago del bono adicional. De allí la renuncia. Debe haber sido así porque la vicepresidente permitió su desplazamiento. Aunque conservó con creces el sillón: lo sustituye la camporista de Mar del Plata Fernanda Raverta. Devota cristinista.

También es cierto que la estructura estatal es decadente. Hubo cruce de datos entre la ANSeS y la AFIP para determinar el total de beneficiarios de los $10 mil. De tres millones previstos aparecieron once millones. Quedaron 7 millones y medio. En la limpieza se descubrieron dislates burocráticos. Personas con 90 años de edad en la base de datos y DNI con numeración inicial de 27 millones.

Los conciliábulos para reabrir el Congreso encajan en aquel paisaje. La lógica, como sucede en la mayoría de los países, consistiría en sesiones mixtas. Presencias simbólicas y mayoría de participación virtual. Fue lo que acordó Massa en Diputados. El Senado está en veremos. La vicepresidenta rechaza aquella fórmula porque, arguye, sería discriminar a quienes por edad y riesgo al contagio no puede concurrir. Se lo enrostró al jefe del bloque opositor, Luis Naidenoff. Hizo instalar delante de su estrado tantas pantallas que impiden ver el recinto. Para estar sola. La inspira siempre su espíritu monárquico.

Eduardo van der Kooy

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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