Domingo, 17 Mayo 2020 00:00

Pandemia, default e impunidad - Por Eduardo van der Kooy

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Cristina desconfía de la Corte Suprema. Por eso empuja la ampliación del número de miembros. Desea incorporar jueces de tinte progresista. Al estilo Zaffaroni

 

El éxito de la cuarentena puede estar por convertirse en una trampa para Alberto Fernández. La política sanitaria defensiva adoptada tempranamente –con inteligencia-- por las falencias estructurales de la Argentina sirvió para demorar la curva de contagios. Pero esa curva y su letalidad, concentrada en Ciudad y el conurbano, empiezan a trepar en un momento inconveniente.

Despunta el clima frío, propicio para el coronavirus y otras enfermedades respiratorias habituales. Se evidencia una fatiga social que obligó al Gobierno a un relajamiento del encierro en la instancia quizás de mayor riesgo. Todos los indicadores de la economía continúan en derrumbe. En menos de una semana, nuestro país sabrá si cae en el tercer default del siglo o si logra mantenerse de pie.

La política tampoco ofrece un paisaje atractivo. El Gobierno y la oposición empezaron a abrir el fuego después del paréntesis que impuso el miedo inicial por la pandemia. El interior del poder exhibe, por otra parte, un par de fotografías inquietantes. La vicepresidenta galopa sobre las políticas que más le interesan. Ligadas a la administración de fondos del Estado y el Poder Judicial. El Presidente zigzaguea, con aciertos y equívocos, entre los retos permanentes que le plantean la pandemia y la negociación con los bonistas. Son sus parcelas exclusivas del sistema diseñado.

Alberto consolidó una autoridad impensada con la emergencia. Además, acumuló poder político dentro del territorio que comparte con los gobernadores peronistas. En el inicio de la gestión representó un mecanismo radial que la pandemia ha estacionado en su figura. De allí sale la estrategia general para combatirla.

El Presidente, con un Decreto de Necesidad y Urgencia, intentó atornillar aún más esa realidad. Fue el que eliminó el tope del 5% que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tenía para reasignar las partidas presupuestarias. Se ha consagrado una discrecionalidad que la oposición se encargó de subrayar. Agravada por otro par de motivos: el Gobierno se maneja sin Presupuesto, sólo con la prolongación de la vigencia del de 2019; la emisión producto de la profundización de la crisis económico-social se calcula en alrededor de 3% del PBI. Todo estimado, imposible de fiscalizar.

Propio también de las distorsiones que el virus causa sobre la democracia. Nunca, desde que fueron puestos en vigencia con la reforma constitucional del 94, una veintena de DNU presidenciales fueron aprobados de un saque sin que hubiera discusión. Se trata de un límite objetivo –para tener en cuenta—que imponen las sesiones virtuales en el Congreso. Vacío político que Cristina Fernández supo aprovechar en el Senado.

Aquella decisión implica un empoderamiento de Cafiero. Es algo que persigue el Presidente: “Es de lo mejor de la generación que nos va a suceder”, dice a este periodista en un cruce telefónico. Se lo nota fastidioso cuando se le recuerda los excesos de poder. O los llamados superpoderes, que le liberaron las manos cuando funcionó como ladero de Néstor Kirchner: “No me vengan otra vez con eso”, responde.

Al Presidente se lo escucha sereno pese a la tormenta que merodea su Gobierno. Admite que la pandemia le hizo descubrir una sociedad tan desmembrada que jamás había calculado. Ni siquiera computando la mala herencia que recibió del macrismo. Tal vez la sorpresa tenga con ver son eso. Los problemas de la Argentina datan de mucho antes. En los cuales el kirchnerismo y el peronismo también han tenido gran cuota de responsabilidad.

Mirando bien las cosas aquel empoderamiento de Cafiero es, sin dudas, también el suyo. El jefe de Gabinete no tiene aún vida política propia. Alberto hurga más poder dentro de ese frágil equilibrio que le impone la sombra de Cristina. Y la heterogeneidad del Frente de Todos. En ese juego aparece el fantasma del default.

Alberto no conoce todavía, más allá de las previsiones tomadas, ni cuándo ni cómo resultará el desenlace de la pandemia. Sólo allí parece anclada su popularidad actual. La posibilidad de acordar con los bonistas afianzaría su conducción en otro plano. Le concedería, tal vez, otra dimensión. Aunque habría que ver qué es lo que queda en la economía nacional y mundial luego de la atenuación o extinción del flagelo del virus.

“Mi prioridad es evitar el default”, afirma. No hay a la vista ninguna garantía de que ello vaya a ocurrir el viernes próximo. “Pero la situación mejoró”, revela. Tiene su interpretación sobre las dificultades. El desastre internacional detonado por la pandemia, a juicio suyo, ayuda poco.

¿Por qué razón? “Los bonistas preferirían no cerrar trato ahora. Porque no sólo tienen bonos argentinos. También de todos los colores y muchísimos países. Y por la crisis están todos con los valores por el piso”, dice. Enseguida añade: “Si el acuerdo se hiciera ahora en los términos propuestos, o con algunas variaciones, quedaría como un hito para las negociaciones posteriores que vendrán con todos los países que deberán renegociar deudas debido al descalabro económico que provocó la pandemia”. Hay una nómina de alrededor de 60 naciones.

Los acreedores desearían un paréntesis hasta fin de año. Dejar por ahora las cosas como están. Esperar si la economía global y el valor de los bonos repuntan. Es lo que el Gobierno pretende impedir. Sintoniza, en ese aspecto, con el Fondo Monetario Internacional. Existe un fuerte lobby lanzado, a propósito, por la Casa Rosada sobre los acreedores, con la solidaridad de socios impensados.

Tanta energía colocada en la pandemia y la renegociación de la deuda hacen difícil de explicar dos propuestas que, al pasar, el Presidente colocó la semana pasada en la agenda. La reforma judicial, cuyo proyecto será enviado a Diputados, y la integración de la Corte Suprema. Para ser precisos su número de jueces. El Presidente dijo, explícitamente, que está conforme con los cinco actuales.

Si en efecto es así, ¿para qué lanzar el ruedo tal debate? Las pistas sólidas indicarían que se trata de una solicitud de Cristina. La vicepresidenta presume que en la búsqueda de su impunidad muchas de las causas de corrupción que la acechan y están ya elevadas a juicio deberían aterrizar en algún momento en el máximo Tribunal.

Como prólogo se encarga de desmalezar el camino. Con gestos de fuerte impacto político. Relativos, tal vez, desde el punto de vista procesal. La Oficina Anticorrupción se retiró como querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, donde hay sospechas de lavado de dinero de la familia Kirchner. Allí está el fiscal Félix Crous, de Justicia Legítima. El mismo que, según Patricia Bullrich, falseó testimonios de los mapuches a favor de la teoría del secuestro de Santiago Maldonado. Existe otro detalle. El Presidente dijo al asumir que la OA dejaría de depender del Poder Ejecutivo. No lo hizo. Se comprende, entonces, de qué lugar salió la decisión.

Cristina desconfía de la Corte. De hecho, los cinco votaron en su contra cuando pidió que fueran legitimadas las sesiones virtuales del Senado. Esa solicitud fue jurídicamente improcedente. Igual constituye para ella apenas un detalle. Sostendría que al tribunal le faltaría músculo ideológico acorde a su forma de pensar. La habría perdido –conjetura-- cuando a fines del 2015 renunció Raúl Zaffaroni. En coincidencia con el epílogo del ciclo cristinista.

La vicepresidenta tampoco ignora otra cosa. El Presidente posee un vínculo estrecho con tres de los actuales jueces: Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. Mucho menos con Rosatti, afectado desde que renunció como ministro de Justicia de Kirchner denunciando sobreprecios en el proyecto para la construcción de cárceles. Ninguno, claro, con Rosenkrantz. La vicepresidenta está mucho peor: apenas tiene cierta llegada a Highton.

El aumento del número de jueces apuntaría a una estrategia incluso mayor. Ofrecerle uno o dos sillones a la oposición. La mira está colocada sobre el radicalismo. ¿La forma de abrir una grieta definitiva en Cambiemos? Puede ser. Aunque habría algo más. Por lo menos dos dirigentes del PRO resultaron también apalabrados de manera informal. Mauricio Macri conoce dicha información.

El objetivo final de ese trato en ciernes sería para el Gobierno garantizarse los dos tercios en el Senado. Por allí pasan muchas cosas importantes: los pliegos de los jueces, muchos de cuyos sillones quedaron vacíos (entre 60 y 70) por el recorte a las jubilaciones de privilegio; además la designación del Nuevo Procurador General.

El jefe de los fiscales. El Presidente promueve a Daniel Rafecas. Cristina, aunque con sabor ácido, no lo cuestiona. Porque tiene garantías. En el Ministerio Público quedó casi intacta la estructura que montó Alejandra Gils Carbó. El segundo de Eduardo Casal, que quedó de modo interino, es Víctor Abramovich, identificado con el CELS.

Nadie sabe cómo aquel movimiento encajaría con la reforma judicial que promueve Alberto para depurar ese universo. Un tema vertebral para la institucionalidad cuyo debate en un Congreso virtual despunta a priori inconveniente. Tampoco de qué manera esa pretensión concuerda con la solapada defensa kirchnerista de viejos compinches. Rodolfo Canicoba Corral empieza a zafar de los juicios que tenía en el Consejo de la Magistratura. El ex camarista Eduardo Freiler, destituido porque no logró justificar su patrimonio, se acerca por pedido de Cristina a la titularidad del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, polo cerealero.

Antes que un favor habría una moraleja: a los amigos nunca se los abandona.

Eduardo van der Kooy

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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