Martes, 09 Junio 2020 00:00

Intervención a Vicentin: internas, polémicas y definiciones políticas en un Gobierno cambia de fase - Por Mariano Obarrio

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Fue el propio Presidente el que se sentó en el medio y lo anunció: intervendrá con un DNU al gigante agroexportador Vicentin y luego enviará al Congreso un proyecto de ley para expropiar la compañía. Así, Alberto Fernández inauguró una nueva fase en su gobierno: de mayor confrontación política e ideológica.

 

La propuesta funciona como un mecanismo de “rescate” a una compañía en problemas económicos y financieros. Pero aprovechará la volada, más allá de la quiebra, para crear una corporación estatal bajo la órbita de YPF Agro “que será testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios” y que garantizará “la soberanía alimentaria”.

Desde Juntos por el Cambio y diversas usinas empresarias, industriales y agroexportadoras comenzaron a entrever el embrión de una nueva Junta Nacional de Granos, cuya desaparición en 1991 significó el despegue del sector agroexportador. También cundió el temor a nuevas expropiaciones de miles de empresas quebradas por la parálisis de la pandemia.

La única tranquilidad en el sector privado, en medio del estupor y la conmoción, fue la designación de Gabriel Delgado como interventor. Lo consideran un hombre del sector agropecuario, con experiencia y razonable.

El vocero presidencial Juan Pablo Biondi aclaró a A24.com: “No va a haber ninguna expropiación más, esto es algo puntual y específico; una intervención de una empresa que estaba quebrada y en convocatoria, no cualquier empresa”. Un alto dirigente empresario decía al mismo tiempo que aún “está por verse si esto tiene o no un impacto demoledor” mientras recordaba a la Junta Nacional de Granos.

Según confiaron a A24.com altas fuentes gubernamentales, el Presidente “terminó la fase del monopolio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus en su agenda y empezó la fase de la postpandemia”. Eso disparará nuevos anuncios de medidas y viajes por el interior del país. Por lo visto, descuenta que tendrá que caer en el conflicto: ayer se anticipó a decir que desde la oposición lo culparán de “ir hacia Venezuela”. Y así fue.

El Gobierno desde ayer estrenó una nueva impronta. El dato político clave, que el propio Presidente subrayó en forma reiterada, fue la presencia en el anuncio en la Casa Rosada de la senadora Anabel Fernández Sagasti, a quien el Presidente le atribuyó la autoría intelectual del rescate y expropiación.

La mendocina Fernández Sagasti es una militante de La Cámpora, incondicional de la vicepresidenta Cristina Kirchner y preside la Comisión de Acuerdos del Senado. Su influencia es cada vez mayor en el Frente de Todos. Tiene llegada directa al jefe del bloque de diputados, Máximo Kirchner. La voz del kirchnerismo puro será cada vez más escuchada en Olivos.

Un comunicado de Juntos por el Cambio calificó la expropiación de “ilegal e inconstitucional”. Y señaló: “Nos terminará costando millones de dólares”. Dijo que es el “primer paso para estatizar el mercado agropecuario” y terminará costando cara como las estatizaciones de YPF, Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas y Ciccone. “Confirma las amenazas de la diputada Fernanda Vallejos”, dice el texto. Se refiere a la legisladora que había propuesto quedarse con empresas que reciban ayuda estatal.

“Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista”, dijo Cambiemos. Y señaló que “empresas en problemas por la cuarentena corren el mismo riesgo” y que ahora esas empresas “tienen razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra”.

Todos entrevieron la mano de la vicepresidenta Cristina Kirchner detrás de la medida, más aún luego de comprobar la influencia de Fernández Sagasti. “Hoy empezó el gobierno de Cristina”, señalaron algunos.

Desde Coninagro, su presidente Carlos Iannizzotto dijo a A24.com que “hay mucha preocupación” desde “el punto de vista legal y político”. “Habrá que analizar si no hay una invasión de jurisdicción a la legalidad, al proceso judicial y por un decreto del Poder Ejecutivo”. Y pidió por el sector lechero. "Sería bueno que la medida se apoyara en los pequeños y medianos tambos, no en grandes empresas. En eso el cooperativismo tiene un papel y ofrece como una alternativa de asociativismo de las pymes para descentralizar al sector”, pidió. También apoyaron a Gabriel Delgado por su gestión en el INTA.

En la Sociedad Rural Argentina, que preside Daniel Pelegrina, se sumó a las críticas al DNU de intervención y al proyecto de expropiación de Vicentin. En el sector aseguran que había otras alternativas, grupos empresarios como Glencore Acopio, que analizaban salidas para absorber a la empresa concursada, siempre dentro del marco de las reglas del mercado.

“La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendió solucionar”, señaló un comunicado de la SRA. El malestar es evidente.

En el sector cerealero y agroexportador aseguraron que la noticia cayó como una bomba porque “sorprendió a todos en el espectro granario” empezando por los propios integrantes de Vicentin. “Quién le va a vender a una empresa estatal”, dijeron en el sector, que comenzó reuniones frenéticas tras el anuncio.

“El crecimiento en la Argentina luego de la Junta Nacional de Granos ha sido exponencial. Cuando lo dejás hacer, el agro, pese a que le ponen un pie encima, pasamos de 50 millones de toneladas a 120 millones. La palabra soberanía alimentaria me asustó”, dijo un productor con más de 35 años en el mercado de granos. “Cuando tenes un elefante blanco como YPF y Aerolíneas la manera de ocultarlo es otros elefantes blancos”, dijo.

“No estamos a favor de ningún tipo de política intervencionista. Cuando la ideología se antepone a la lógica no está bueno, las consecuencias están a la vista”, señaló el viejo cerealero. Aunque se esperanzó de que “Gabriel Delgado es un tipo probo, ducho y puede dentro del desastre de algunas cosas, puede ser bastante lógico, habrá que ver…”

Precisamente, el anuncio de la expropiación sucedió a una semana en la que Alberto Fernández buscara llevar tranquilidad a los empresarios y los reunió en Olivos para comunicarles que la propuesta de Fernanda Vallejos no era su decisión como Presidente, lo cual repitió luego en visitas a las provincias.

En esa reunión el Presidente les habilitó un encuentro con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para que le expusieran que la prohibición de recurrir a los dólares oficiales para importar insumos y la obligación de usar dólares que tuvieran en el exterior los perjudicaba sobremanera. La reunión con Pesce se hizo y el BCRA comunicó ayer una decisión de flexibilizar el acceso al mercado de cambios; la medida no conformó a los industriales.

La agenda pospandemia será ardua. Aparecen desconfianzas que empiezan a consolidarse en el sector empresario respecto del futuro plan económico del Gobierno, Al margen de un acuerdo por la deuda para evitar el default, los ejecutivos del sector privado no tienen certeza acerca de si las decisiones las toma el Presidente o la vicepresidenta.

Muchos observan que existe una radicalización incipiente en la Casa Rosada y dudan de que las medidas de política económica sirvan para reactivar la economía.

La radicalización involucra a la relación con Juntos por el Cambio. El jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, planteó una confrontación total cuando dijo que un gobierno de Mauricio Macri “hubiera causado un desastre con la pandemia”. Lo siguió en el razonamiento el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Más allá del plano discursivo, Alberto Fernández motoriza una seguidilla de denuncias de Cristina Caamaño, titular de la AFI, contra Macri y la cúpula de inteligencia macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Cristina Kirchner ayer difundió un video donde acusó al macrismo de espiarla con “narcotraficantes”. Romperá todos los puentes.

El Presidente que analiza suspender las PASO en 2021 por la pandemia, algo que Cambiemos rechaza; además puso en duda la construcción de la obra de la represa Portezuelo del Viento, en Mendoza, que el gobernador Rodolfo Suárez, de Cambiemos, tenía prevista.

La obra se planifica desde 2006 y Macri había destrabado los últimos obstáculos. En los legisladores de Cambiemos sospechan que la Casa Rosada presiona a Mendoza para que sus senadores voten el pliego de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, luego de que el peronismo mendocino bloqueó créditos del BID para la provincia.

La agenda confrontativa del kirchnerismo contra Cambiemos está lanzada. El Presidente envió un proyecto de ley para prorrogar por seis meses la suspensión de la movilidad jubilatoria de Macri y seguir aumentando las jubilaciones por decreto.

El diputado radical mendocino Luis Petri presentó un proyecto de Ley para volver al sistema de Macri y evitar que Fernández haga los aumentos discrecionales por DNU y por debajo de la fórmula macrista. Petri quiere lograr que los diputados de Roberto Lavagna se jueguen por un aumento mayor de jubilaciones y no se alíen con el Frente de Todos como cuando se ausentaron para no derogar “los superpoderes”.

La semana última, el bloque de Juntos para el Cambio en el Senado demostró que puede bloquear los dos tercios de los votos para aprobar el pliego de Rafecas como pretende el Frente de Todos en unas semanas. Se ausentaron en dos votaciones por dos leyes menores que requerían los dos tercios porque no tenían el plazo requerido del despacho de Comisión.

El gesto fue una señal para pasar el mensaje de que jugarán a cara de perro con Rafecas.

No pudieron evitar, en cambio, que el Senado rechazara el DNU de Macri que traspasó las escuchas telefónicas judiciales desde la Procuración a la Corte. Si en Diputados se reitera ese rechazo del peronismo, las escuchas volverán a la Procuración, donde el PJ quiere colocar a Rafecas.

El bloque de Cambiemos necesita que los lavagnistas también se opongan al rechazo para evitar la votación que le dé todo el poder a Rafecas cuando sea procurador: el manejo de los fiscales y de las intervenciones telefónicas judiciales.

Se terminaron los grandes consensos entre el oficialismo y la oposición por la cuarentena. Lo que viene será un clima enrarecido en la política y en la economía.

Mariano Obarrio

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