Domingo, 21 Junio 2020 00:00

El plan de Cristina en la Corte Suprema - Por Eduardo van der Kooy

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La vicepresidenta desea que el máximo tribunal interfiera ahora en el juicio de la obra pública. Y haga caer Los Sauces y Hotesur, por lavado de dinero, donde también figuran sus hijos.

 

Alberto y Cristina Fernández son ahora protagonistas de un contraste político. La vicepresidenta parece una figura espectral. No ha dicho palabra sobre la pandemia ni el largo padecimiento de la sociedad. El Presidente sorprende, en cambio, por su locuacidad. Por ende, también con inexactitudes. En el caso Vicentin y aspectos de la cuarentena. No pierde, sin embargo, la centralidad en el manejo de la estrategia sanitaria.

Esa centralidad lo mantiene en elevados niveles de ponderación. Está lejos el 80% de las primeras semanas de cuarentena. Según la consultora ARESCO, continúa orillando un 60% de imagen favorable. Cristina nunca rompe la barrera positiva de un tercio. Con estos números resulta complicado entender otro fenómeno. Según Managment & Fit el 42,6% de personas consultadas piensa que la vicepresidenta es quien posee el mayor peso en las decisiones de gobierno. El 39,1% adjudica la virtud al Presidente.

La supremacía de Cristina tuvo un disparador. La decisión de querer intervenir y expropiar la agro-industrial Vicentin. Una jugada que muy temprano golpea al Gobierno. Con una masiva resistencia social como la que se observó en los banderazos de este sábado. Para el Presidente, “gente confundida”.

Además, un pleito con la Justicia a partir de que el juez que lleva el concurso de acreedores de la empresa, Fabián Lorenzini, convirtió en veedores a los interventores estatales. Como broche, un desentendido con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que presentó una propuesta para salir de la encerrona, cuyo punto saliente consiste en olvidar la expropiación. Algo que a la vicepresidenta le desagrada.

Cristina venía consolidándose desde dos plataformas institucionales. La injerencia en el Poder Judicial para intentar desarmar sus causas de corrupción. El dominio en el Congreso. En el Senado, bajo su timón, y en Diputados, donde la incidencia de su hijo Máximo Kirchner se hace sentir como jefe del bloque oficialista.

La impronta potente de Cristina produce a veces situaciones risueñas. Desnuda el temor que provoca. En una de las últimas sesiones virtuales del Senado un opositor aludía a la corrupción K. La vicepresidenta tomó enseguida su teléfono y escribió por WhatsApp una orden a José Mayans: “Hablá de los dólares del macrismo”. El formoseño, jefe del bloque K, no perdió un segundo en recordar el caso del ex subsecretario del Ministerio de la Producción de Mauricio Macri. Se trata de Rodrigo Sbarra. En su oficina se halló un sobre con US$ 10 mil. Está imputado en una causa por lavado de dinero.

El objetivo central de Cristina es ahora el Poder Judicial. Allí está su historia negra que pretende borrar. En el mismo lugar se enhebran las denuncias contra Macri. No existe momento más oportuno para hacer y deshacer: la atención de la sociedad está absorbida por el miedo a la pandemia y la angustia que crece de manera acelerada por la crisis económica. Alberto, en ese terreno, parece incapaz de generar expectativas. La embestida contra Vicentin y la salida de la aerolínea Latam, surten el efecto contrario. Los vaivenes sobre la deuda, también. El Presidente comete el mismo error que Macri: carece de un ministro de Economía que se convierta en eje de las decisiones e imagine alguna salida para cuando la cuarentena se disipe.

La vicepresidenta tiene en lo inmediato un blanco concreto. Con ramificaciones trascendentes. Busca interferir la reanudación del juicio por la obra pública adjudicada arbitrariamente a Lázaro Báez. Se inició en mayo del año pasado, cuando ella misma se declaró “absuelta por la historia”. La pandemia logró paralizarlo. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) ha pedido se reanudación on line. La defensa resiste. El Consejo de la Magistratura habilitó una plataforma. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu proponen sesiones semi presenciales. Aquel organismo, que preside el kirchnerista Alberto Lugones, debe responder.

La causa de la obra pública, por supuesto, tiene importancia por sí misma. Pero todavía más que eso. De su continuidad o no dependen las más comprometedoras para Cristina: Los Sauces y Hotesur, iniciadas en el 2008 y no en la era macrista, donde están involucrados también sus hijos, Máximo y Florencia. Se sospecha de un circuito de lavado de dinero.

Aquella causa de la obra pública constituye el delito precedente necesario para probar el supuesto lavado de dinero. En ambas aparecen centralmente los mismos actores: los empresarios K Báez y Cristóbal López. El trazo grueso de la trama sería así: recibían dinero por las adjudicaciones que, en buena parte, devolvían a través de un esquema de rentas en Los Sauces y Hotesur.

La defensa continúa presentando recursos judiciales para invalidar la causa original. Aquí talla la ofensiva que la vicepresidenta desarrolla contra la Corte Suprema. El máximo Tribunal hizo lugar en mayo del 2019, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti y la disidencia de Carlos Rosenkrantz, a un pedido de los defensores de la ex presidenta. Una auditoría sobre los costos de la obra pública en todo el país entre 2008-2015, el lapso bajo investigación.

La decisión puso en suspenso el arranque del juicio, pero la reacción popular obligó a la Corte a buscar un atajo. Autorizó su comienzo, pero nunca se pronunció sobre la cuestión de fondo. La doctrina jurídica indica que la discusión sobre las pruebas debería ser abordada por la Corte sólo después de la sentencia definitiva. Es lo que la vicepresidenta pretende evitar.

Cristina habló varias veces con Alberto sobre su disconformidad con el máximo Tribunal. El Presidente la rebate pero no consigue convencerla. La vicepresidenta comenzó su avance objetando que la Corte continúe con el manejo de las escuchas telefónicas. Le recriminó públicamente no haber intervenido cuando fueron difundidas algunas conversaciones suyas con el ahora senador Oscar Parrilli, en las cuales reclamaba que se apretara a jueces. Ya el Senado rechazó el DNU mediante el cual Macri había trasladado las escuchas de la Procuración General a la Corte. Resta el veredicto en Diputados.

El problema sería de mayor profundidad. Cristina quiere un cambio estructural de la Corte Suprema. No, simplemente, un aumento del número de sus miembros. Su socio, el senador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá dio el puntapié inicial: presentó un proyecto para aumentar los integrantes de 5 a 9. Hojarasca: la pretensión kirchnerista consiste en elevarlo a 12.

¿Para qué tanto? Por dos motivos. El oficialismo se reservaría la posibilidad de designar una mayoría de 7. Pretendería además moldear un sistema como el que rige en varios países, incluso en América latina. Un Tribunal Supremo dividido en cuatro salas: Penal, Civil, Constitucional y Laboral-Comercial. Con tres miembros cada una. De aquellos hipotéticos 7 nuevos jueces 5 deberían ser mujeres. Para que exista paridad de género en la conformación.

Está claro que detrás de la modificación se oculta la intención de diluir a la Corte Suprema como unidad de poder máxima. También la de lograr influencia decisiva en las áreas sensibles. Vale reparar en un caso. La ex integrante de la Cámara Nacional de Casación, María Laura Garrigós de Rébori, acaba de asumir como interventora del Servicio Penitenciario Nacional. Su primera declaración pública no tuvo que ver con las cárceles. Afirmó que la Corte Suprema no sirve tal como funciona en la actualidad.

El destino de la fundadora de Justicia Legítima no estaría a futuro ligado al destino de los presos. Cristina la querría como próxima integrante de la Sala Penal. No habría que preguntarse los motivos. Garrigós de Rébori se ocupó de desacreditar varias veces la causa de los “cuadernos de las coimas”. Sostiene que habría que declarar la nulidad del testimonio de los arrepentidos. Incluso de los empresarios. Viga maestra de aquella investigación.

La modificación vertebral de la Corte no podría ser ajena a otro asunto que el Presidente anunció en marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso: la reforma judicial. Ese proyecto continúa boyando entre la Casa Rosada y el Instituto Patria. El original diseñado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, en combinación con Marcela Losardo, la ministra de Justicia estaría siendo deformado. Prevé la creación de 46 juzgados federales. La mitad de ellos nuevos. La otra parte, surgidos de los 12 ya existentes en Comodoro Py y los 11 juzgados en lo Penal Económico. La búsqueda de magistrados para los nuevos se haría en el ámbito de la instrucción nacional, siempre menos politizada.

El kirchnerismo difiere con esa mirada. Aspira a que mientras se resuelven las nuevas postulaciones –procesos extensos—los cargos sean cubiertos por jueces subrogantes designados por la Cámara Nacional de Casación Penal, donde predomina Justicia Legítima. Tendrían un año de ejercicio con la chance de ser prolongado, según resulten sus conductas.

El diseño podría completarse con otro par de movimientos. La formación de un Consejo Asesor para analizar todos los cambios. Donde se anota el doctor Carlos Beraldi, abogado de Cristina. Empuja también Raúl Zaffaroni. Además, la necesidad de cubrir dos vacantes en Comodoro Py (Claudio Bonadio y Sergio Torres), que podrían ser tres si Daniel Rafecas llega a la Procuración General. Según especialistas, aquella reforma insumiría al Estado US$ 30 mil millones. Sin contar gastos de funcionamiento y materiales.

El panorama, como ocurrió en el pasado, resulta transparente. El kirchnerismo impulsa reformas (Corte y Poder Judicial) que invocan la democratización y la institucionalidad. Aunque sean siempre formas de colonizar un poder clave en una democracia.


Eduardo van der Kooy

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