Jueves, 30 Julio 2020 00:00

Reforma judicial: una batalla dura, incierta y oscurecida por las sospechas - Por Claudio Savoia

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El enorme desprestigio judicial necesita cambios profundos, sostenidos y consensuados. Pero el presidente busca crear una llave para la impunidad de Cristina.

 

Llegó el día, nomás. Mientras el coronavirus suma muertos y la economía rompe récords de caída y destrucción de puestos de trabajo, el presidente dedicó su tiempo a cumplir con la primera exigencia que aceptó al sellar el pacto con quien lo nominó en el ticket presidencial: Cristina Kirchner, la unica destinataria directa de los toqueteos en la justicia que este miércoles se presentaron bajo el pretencioso nombre de "reforma".

Antes de argumentar semejante sentencia, reiteremos una vez más lo que desde estas páginas y tantos otros sitios se dijo respecto del funcionamiento del Poder Judicial, desde hace muchos años y varios gobiernos: el servicio de justicia es pésimo en la Argentina, sobre todo en algunos fueros y sobre todo respecto al castigo de algunos delitos. La inseguridad ciudadana es uno de los síntomas más dolorosos de esa pandemia, como también el estado de mendicidad al que desde hace décadas son reducidos los jubilados que patalean sus derechos ante los tribunales. La absoluta impunidad del latrocinio de las arcas estatales por parte de sucesivos funcionarios y empresarios asociados a ellos es otro signo indudable del fracaso.

De tanto repetirlo, el diagnóstico está gastado y ya no admite objeciones. Lo novedoso ahora es que se usa como excusa para lo opuesto: tratar de garantizar que esa impunidad de la corrupción no se vea amenazada por el trabajo de jueces que aún con demoras, dobleces y agachadas avanzaron en expedientes gravísimos y reunieron pruebas y testimonios demoledores para alcanzar condenas.

Esa línea política, que se había tornado marginal luego del último fracaso para acabar con la independencia del Poder Judicial -el proyecto de "democratización de la justicia impulsado por Cristina en 2013 e inspirado por sus mismas urgencias que ahora- volvió a la cima del poder como parte del Frente de Todos. Una parte decisiva.

Más allá de algunas confesiones off the record de altos funcionarios respecto al control prusiano de Cristina y su abogado Carlos Beraldi respecto al contenido y el diseño del proyecto anunciado este miércoles, los archivos televisivos y las redes sociales arden de declaraciones de Alberto Fernández sosteniendo con énfasis lo opuesto a lo dice desde la Casa Rosada. No sabremos si también lo piensa. Además de acercarlo al ridículo, esa retahíla de contradicciones -como las que el presidente exhibe respecto a la muerte del fiscal Nisman o el pacto con Irán, por ejemplo- le quitan peso político a sus palabras y promesas de ahora. Durante la campaña, por ejemplo, negó enojado que si ganaba la elección fuera a indultar a su vice en las copiosas causas por corrupción que afronta. ¿Mantendrá aquella posición? ¿Habría que creerle?

El Frankenstein anunciado en el Salón Blanco ante una flaca concurrencia es fruto del refrito de un viejo plan del espectral asesor Gustavo Béliz craneado en 2004, las obsesiones del presidente como especialista en derecho penal y los aprietos de la vicepresidenta, que recortó, vetó, sacó y puso hasta hacer del proyecto un traje a su medida.

Cuadruplicar la cantidad de jueces federales no mejorará la calidad de su trabajo, su independencia ni su idoneidad. Tampoco la velocidad de su trabajo, si no se modifican varias leyes y prácticas procesales. Ojalá eso se haga. Pero si ocurriese, se acabarían muchas de las chicanas, apelaciones y recursos con los que los abogados de funcionarios patean hacia adelante -hacia la nada- los juicios en su contra. Dueño de una galera repleta de esos conejos, el doctor Carlos Beraldi se quedaría sin nafta para surfear los expedientes de sus defendidos: Cristina, su sobrina Natalia Mercado, el Grupo Indalo de Cristóbal López, y siguen las firmas ilustres.

El dato no sería más que un detalle si no fuera porque Beraldi es -como bien describió el constitucionalista Roberto Gargarella en Clarín esta semana- el caballo de Troya en el Consejo Consultivo que a pedido de Fernández -de Cristina- opinará sobre el funcionamiento de la Corte, del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. De la Corte, para ampliarla y dividirla en salas temáticas que facilitarían una mirada piadosa a las apelaciones de la vice, firmadas por el mismo Beraldi.

El proyecto oficialista que llegará al Senado no es fruto de ningún reclamo popular, no fue siquiera discutido con la oposición ni con los gremios judiciales. Mucho menos con los jueces, fiscales y ministros de la Corte que serán reformados, y a quienes el chiste no les cayó nada bien.

"Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido", repitió el presidente. "Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sea cualquiera el color partidario que sea". Lo dijo el mismo día en que el controvertido juez Rodolfo Canicoba Corral se jubiló en paz, luego de ser salvado por el oficialismo en cinco pedidos de juicio político y de haber procesado a cuatro ex funcionarios de Macri minutos después de haberlos indagado. No hay remate.


Claudio Savoia

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