Lunes, 13 Febrero 2017 13:16

La primera herencia de Macri

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El affaire postal abre un capítulo muy diferente sobre el capital Macri porque desnuda la posibilidad de la utilización del poder presidencial en beneficio del patrimonio familiar, o en su defecto, en perjuicio de los bienes públicos

 

 

La “pesada herencia”, las consecuencias de los 12 años de gestión K, marcaron el primer año de la administración de Mauricio Macri. Ahora el peso de la otra herencia, la primera, la familiar, amenaza con complicar el tránsito electoral del Presidente.

 

Primero fueron los Panamá Papers, la denuncia sobre las empresas offshore de la familia presidencial y la investigación sobre posibles maniobras de evasión tributaria o lavado de activos. El affaire postal abre un capítulo muy diferente sobre el capital Macri porque desnuda la posibilidad de la utilización del poder presidencial en beneficio del patrimonio familiar, o en su defecto, en perjuicio de los bienes públicos.

 

La primera reacción oficial fue culpar al kirchnerismo: la privatización del Correo Argentino y las deudas que la empresa bajo el control de Socma acumuló con el Estado, se convirtieron en parte de la herencia K.

 

Hay algo de cierto: ya sea por los vínculos comerciales que Franco Macri mantuvo con las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner o porque las propuestas que hizo la familia Macri para lograr un acuerdo en el concurso preventivo del Correo eran insuficientes, la gestión anterior impidió que ese pleito llegara a su fin.

 

En el tiempo transcurrido entre el pedido de quiebra y el acuerdo firmado en junio de 2016 está la clave de la disputa: la fiscal Gabriela Boquin calculó que la deuda inicial de 240 millones de pesos convertibles, equivaldría a valores de hoy a unos 4 mil millones de pesos que crecerían a 70 mil millones de pesos si se computan los intereses que deberían cobrarse hacia el final del acuerdo que caducaría en 2038.

 

En el Gobierno discuten el criterio de la fiscal Boquin. Y se ciñen a la Ley de Quiebras: “La ley dice que las deudas de las empresas concursadas, una vez que han sido verificadas, dejan de pagar interés. Sí se puede aplicar un interés a los planes de pago ofrecidos por las empresas, como es el de este caso”, justifican en la Casa Rosada.

 

¿A qué interés se refiere? “Correo Argentino S.A. se comprometió a pagar el monto original (296 millones de pesos) más un interés del 7% anual en 15 cuotas. El monto total de lo que va a pagar es de cerca de $ 600 millones. El acuerdo le permite al Estado cobrar una deuda que, después de 15 años de inacción, parecía perdida. Los $ 600 millones conseguidos se podrán invertir en obras públicas y programas sociales”, hasta ahí la explicación oficial.

 

Tanto la fiscal como los abogados del Estado saben que la ley no es solo lo que sanciona el Congreso sino lo que la jurisprudencia construye otro cuerpo legal. Ahí surge el debate que complica al gobierno.

 

En los 80, la Corte alfonsinista ya estableció que “el ofrecimiento de pago sin reajuste implica una quita o remisión parcial de deuda”. Ese criterio utiliza la fiscal. En el Ejecutivo no lo desconocen y tienen en mente otra alternativa que también ofreció esa misma Corte.

 

En agosto de 1987, los jueces Caballero, Belluscio, Fayt y Bacque sentenciaron que cuando el concursado niega la compensación por la depreciación de la moneda “disminuye sensiblemente la suma a percibir por los acreedores, de modo que no constituye un ofrecimiento de pago en los términos de la ley de concursos, sino una quita o remisión parcial de la deuda, que no pudo ser aprobada por la mayoría de acreedores que se tuvo en cuenta sino que requiere una mayoría más rigurosa”.

 

Los otros acreedores que podrían ayudar a resolver la quiebra para alcanzar esa mayoría especial son otras dos reparticiones que también dependen del Presidente: el Banco Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin contar intereses, para 2003 la administración del correo le debía al BNA unos 60 millones de pesos convertibles y la AFIP le reclamaba 528 millones en concepto de “contribuciones patronales”.

 

La salida jurídica que tiene Macri desataría otra crisis política: si se suman a la estrategia que lideró el Ministerio de Comunicación, Alberto Abad y Javier González Fraga podrían ser denunciados como cómplices de la maniobra “abusiva” en perjuicio de las cuentas públicas.

 

La intención inicial del Presidente era limitar la discusión al ámbito político. Pero hasta los partidos de la oposición que no fueron a la Justicia ya denunciaron públicamente el acuerdo, incluyendo a Sergio Massa y su Frente Renovador.

 

Ahora la Casa Rosada apuesta sus fichas a la propia Justicia. Dos de las camaristas que deben resolver la apelación de la fiscal Boquin estuvieron presentes en la audiencia pública de junio donde se formalizó el acuerdo y, según argumentan en el Gobierno, ellas no lo objetaron. María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi, tienen en su poder el futuro de este expediente y también la salida (o la trampa) para la crisis postal.

 

Las juezas pueden valerse del cálculo de la fiscal o de los intereses que ofreció el Grupo Macri. En la página 1098 del Tomo de Jurisprudencia Argentina Número 1989 se lee: “El juez posee facultades suficientes para valorar la razonabilidad o no de la aplicación automática de los coeficientes indexatorios”. Su libertad interpretativa va a desatar una nueva crisis.

 

La fiscal Boquin ya le puso precio a la disputa: 70 mil millones de pesos. Ese es el valor, simbólico, del costo político que implica inclinarse para uno u otro lado. Y la resolución judicial durante un año electoral, donde el manejo de los tiempos está en manos de los jueces, se convierte en un arma aún más filosa.

 

Por la herencia, la primera otra herencia, el futuro de Macri está como el de su antecesora, en manos de la Justicia. 

 

Damián Glanz

Visto 75 veces Modificado por última vez en Sábado, 11 Marzo 2017 16:14

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