Domingo, 12 Febrero 2017 11:59

El Gobierno cree que se desató la guerra electoral por otros medios

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En la Casa Rosada aseguran que varios sectores endurecieron su postura de cara a las legislativas de octubre

 

 

Después de 16 años donde el Estado parece no haber defendido el interés general y 22 mil fojas de un juicio concursal que cruzó sin inmutarse los tres gobiernos kirchneristas, en junio del año pasado el Ministerio de Comunicaciones llegó a un acuerdo con la empresa Correo Argentino SA, propiedad de Franco Macri. Siguiendo las instancias formales, pasó a análisis de la Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín. El dictamen que cuestionó en duros términos el acuerdo alcanzado es del mes de diciembre, pero recién se conoció en febrero, a través de un comunicado de prensa que el Ministerio Público Fiscal publicó esta semana en su página web.

 

Se trata de una pieza comunicacional digna de análisis, porque hace referencia a "una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033" en carácter de condonación de deuda, que no figura en el dictamen de la fiscal, lo que pudo comprobarse varias horas después de estallado el escándalo, porque el fallo no estaba disponible para su consulta. Alguien con vocación no precisamente jurídica fue el encargado de la redacción.

 

Que la fiscal no lo haya incluido no fue por olvido. Es que no tiene facultades para realizar especulaciones financieras. Habla sí, de un cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) de la Procuración General de la Nación, pero Boquín no está en condiciones jurídicas ni técnicas de hacer un análisis de ese disparate, al punto, que no lo explicita, solo aparece en el comunicado de prensa.

 

Es un cálculo tan absurdo como si alguien que no pagó expensas por 10.000 pesos en el 2001, cuando había convertibilidad, luego de 10 años el consorcio lo obligara a pagar como si se trataran de 10 mil dólares puestos a plazo fijo en dólares. No eran dólares, la ley de quiebras no impone intereses y, aunque hubo fallos en los últimos años que sí lo hicieron, nada tienen que ver con lo que puede percibir un dinero inmovilizado en un banco. O sea, es una cifra inventada y sin sustento.

 

Pero es de lo que habló durante 48 horas la calle: el Estado le condonó al papá del Presidente 70 mil millones de pesos, una conclusión tan ridícula como afirmar que el papa Francisco fue un colaborador de la dictadura. Tal vez, incluso, venga de la misma usina.  Solo explicable por el hecho de que Alejandra Gils Carbó, la titular del Ministerio Público Fiscal, se siente en la obligación de salir al ataque para defenderse del juicio político que es impulsado por vastos sectores de la sociedad civil, con respaldo tanto del Gobierno como de varios partidos políticos de la oposición.

 

Gabriela Boquín es la sucesora de Gils Carbó en el cargo de fiscal general de la Cámara Comercial, adonde llegó por concurso en el 2015. Imposible que la actual Procuradora General no haya influido. De hecho,  Boquín habría alcanzado ese puesto de la mano de Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) en tiempos de Néstor Kirchner, quien la tuvo contratada durante el tiempo que estuvo en el cargo. Nissen tiene un estrecho vínculo con Gils Carbó, cuya candidatura a la Procuración fue impulsada por Horacio Verbitsky desde el CELS.

 

Llegada hace poco a una responsabilidad que normalmente no se inmiscuye en cuestiones de orden político, parece evidente que la actual fiscal general administrativa sigue el ejemplo de Gils Carbó quien, en el mismo cargo, accionó contra Papel Prensa, el Grupo Soldatti, Sociedad Comercial del Plata y "otros grupos corporativos" como suele escribir Verbitsky en Página/12 para elogiar su accionar. La obsesión del equipo que rodea a la Procuradora, ahora, es mostrar a Boquín como una fiscal independiente de cualquier interés político partidario.

 

Al Gobierno lo tomó por sorpresa la escalada que se instaló en la opinión pública con este tema. Los muy pocos que estaban enterados de este trámite esperaban una felicitación por impulsar el cierre de un asunto que lleva tantos años sin resolverse y donde el interés del Estado se habría ajustado estrictamente a derecho, en audiencia pública y frente a los demás acreedores, que también aceptaron la propuesta. Entre los que desconocían por completo el asunto está Mario Quintana, quien desde su fondo de inversión Pegasus compró el 2003 la empresa concursada Musimundo, para la que obtuvo una quita de 98% de la deuda, en un proceso concursal que no tuvo objeciones, como la enorme mayoría de los que se llevan adelante.

 

Por cierto, en este caso se trata de una empresa que fue del padre del Presidente, de la que ahora participan sus hermanos y sus hijos. Siendo candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, su campaña buscó suavizar la connotación negativa del apellido Macri entre los votantes. Y Néstor Kirchner lo recordaba siempre que podía: "Mauricio, que es Macri". Ganó igual. Parte del éxito de la estrategia de Marcos Peña fue haber logrado despegar la imagen de su jefe de los empresarios ricos con empresas fundidas, en una sociedad que no tolera el éxito ajeno y nunca fue muy afecta a hacer de la virtud de la austeridad un modo de vida.

 

Desde entonces, el PRO no perdió ninguna elección. Logró llegar a la Presidencia de la Nación en una estrategia que imaginó, desde el principio, por aproximación, en etapas. Ahora, ya como parte de Cambiemos, trabaja muy duro para ganar las legislativas de este año. Todas las decisiones que tomó desde diciembre fueron en función del irrevocable plan de ganar de nuevo y fortalecer su posición en el Congreso, donde hoy está en minoría en ambas Cámaras.

 

Por eso es razonable que los que no quieren que el Gobierno triunfe en las elecciones se muevan en sentido opuesto. Ellos también quieren ganar. En diciembre, promoviendo malestar social callejero, más allá de las comprensibles demandas de los que menos tienen. En la feria judicial, con el dictamen de la Cámara Nacionales de Apelaciones del Trabajo que dispuso el aumento salarial paritario acordado entre los trabajadores bancarios y los bancos, en abierta violación a una facultad que es exclusiva del Ministerio de Trabajo, donde "se rompió una frontera", según la opinión de un alto funcionario de la Casa Rosada.

 

"Días después, la CGT convocó a una movilización de protesta para el 7 de marzo y promete un paro para abril, cuando la generación de puestos de trabajo es un hecho, la economía empieza a moverse y la inflación a bajar. No se entiende el endurecimiento si no es por motivos electorales", agregó.

 

Consultado por Infobae acerca de cómo van a responder la guerra electoral por otros medios que está lanzada desde los más diversos estamentos de las estructuras del poder tradicional, el funcionario asegura que el Gobierno no tiene otra receta que "más transparencia, más apertura, más diálogo, que todos vean qué hacemos y por qué". Tranquilo, muy confiado, dijo que "es muy bueno para el ego que te peguen, así no te la creés, ni perdés el contacto con la gente". 

 

Silvia Mercado

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