Domingo, 18 Diciembre 2016 12:45

Cerrojo sobre los que convocan a saquear

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Jefes policiales descontentos con la política de seguridad de María Eugenia Vidal se reunieron con punteros vinculados al histórico aparato peronista bonaerense. La hipótesis de conflicto social violento en los últimos días del año sobrevoló esas conversaciones.

 

 

De allí al virtual aliento a los disturbios, liberando zonas para la acción de bandas de delincuentes, pareció haber menos que un paso. Si pretendían que las reuniones fueran secretas no lo lograron. Alguien habló. Las autoridades tomaron conocimiento y esta última semana fueron desplazados cuatro comisarios de la Policía Bonaerense en el municipio de Tres de Febrero.

 

Ese distrito, con 350.000 habitantes, tiene sembradas en su territorio doce comisarías. Un tercio, entonces, fueron las descabezadas. Durante 24 años seguidos gobernó allí Hugo Curto, patrón del peronismo. Hace un año cambió la mano: el intendente ahora es el macrista Diego Valenzuela, de Cambiemos.

 

Los desplazamientos de comisarios se decidieron desde el Ministerio de Seguridad provincial, que dirige Cristian Ritondo. Fue una cara visible, aunque discreta, del dispositivo de control que se montó en el Gran Buenos Aires para prevenir disturbios y saqueos en el final del año.

 

Quienes encabezan esta operación insisten en que no hay estructuras políticas, sindicales ni sociales importantes jugando a la desestabilización. Eso despeja los mayores temores. Pero admiten que hay dirigentes “que están camino a la jubilación” que podrían intentar un manotazo desesperado. Apuntan a sectores recalcitrantes del kirchnerismo y del peronismo derrotado en 2015. “Les vamos a mostrar que nosotros estamos al mando y no nos vamos a dejar boludear”, dicen.

 

Parte de la tarea de prevención está enfocada en las bandas de pibes chorros que sobreabundan en el Conurbano. Podrían provocar y aprovechar situaciones de descontrol, intentando arrastrar a gente de condición muy humilde para producir incidentes y saqueos. Cierto aliento desde los arrabales de la política y la negligencia cómplice de algunos policías completaría el escenario propicio para la violencia.

 

La Matanza, Merlo, Moreno, Florencio Varela, San Martín, José C. Paz, Avellaneda y Lomas de Zamora son municipios donde existen potenciales focos de zozobra para las próximas dos semanas.

 

El periodista Daniel Santoro informó en Clarín que el Ministerio de Defensa aguarda un decreto del presidente Macri para destinar militares a la custodia de centrales nucleares y represas hidroeléctricas, para liberar así a 1.200 gendarmes que serían trasladados al Conurbano. Allí ya están desplegados 6.800 efectivos de las fuerzas federales.

 

Los intendentes tienen una visión más cercana a la realidad concreta de sus vecinos. Valenzuela, de Tres de Febrero, dice que el caldo de cultivo para potenciales desórdenes es la mezcla entre “la necesidad que sufre mucha gente y la inseguridad que nos afecta a todos, a pesar de lo que se fue mejorando”. Y pone de relieve la red de contención social que arman los municipios del GBA más allá de su color político, en colaboración con autoridades provinciales y nacionales.

 

Gabriel Katopodis, peronista de San Martín, camina sobre argumentos similares. “La situación social está picante desde hace tiempo y este año más. Pero hoy lo que falta no es comida, sino un horizonte para los pibes que los aleje del delito”, señala.

 

El suyo es un distrito de riesgo. Pegado a Tres de Febrero y también limítrofe con la Capital, tiene 425.000 habitantes. Cuando desde el Gobierno le ofrecieron el envío de camiones con alimentos para repartir en villas y asentamientos los aceptó, desde ya. Pero advirtió que su preocupación central era que se produjeran tomas de tierras. Saben por experiencia los intendentes que si esos episodios no se acotan y neutralizan pronto, pueden desencadenar un descontrol mayor y más extendido.

 

Los finales de año nunca fueron tranquilos para Katopodis, que va por su segundo mandato. “Hay que tener cuidado con el efecto contagio. Si te distraés por ahí se te complica una situación que empezó con un grupito de pibes llevándose puesto un supermercado chino”, señala.

 

Con más recursos y tecnología, el Ministerio de Seguridad nacional enfoca el mismo fenómeno desde otro ángulo: trabaja para ponerle un cerrojo a quienes puedan alentar disturbios y saqueos movidos por una evidente intencionalidad política.

 

Hace una semana, Clarín había revelado que la ministra Patricia Bullrich se aprestaba a denunciar en la Justicia a titulares de cuentas de Facebook desde donde se incitaba a la violencia, se llamaba a producir saqueos y a “voltear al Gobierno”.

 

La denuncia se presentó el día miércoles. Recayó en el juez Julián Ercolini, quien la mandó a sorteo. Ahora está en el juzgado de Sergio Torres. La presentación, firmada por el subsecretario Guillermo Soares Gache, incluye dos anexos documentales. Es resultado del trabajo conjunto de Policía Federal y la Agencia Federal de Inteligencia con funcionarios del Ministerio de Seguridad. Participaron expertos en ciberseguridad y se reunieron también denuncias de particulares recibidas en el 0800 y la cuenta de Facebook del Ministerio.

 

Un primer ordenamiento de toda esa información permitió detectar que el tráfico de agitación propagandística y convocatoria a saqueos provenía de seis o siete cuentas, que después se reproducían y diseminaban por las redes sociales. Un primer efecto del cerrojo aplicado fue que esas cuentas de Facebook resultaron cerradas o silenciadas desde el momento que se supo que el Gobierno las había detectado y se aprestaba a denunciarlas.

 

Otro dato sugestivo es que todas esas cuentas, menos una, estaban a nombre de personas inexistentes. Eran usuarios falsos que camuflaban su identidad. La excepción fue una cuenta a nombre de Pablo Daniel Chamorro, quien sería miembro del partido MILES que regentea Luis D’Elía. Allí se menciona el próximo martes 20 como fecha de eventuales disturbios organizados para “echar a Macri con la resistencia”, en coincidencia con el 15° aniversario de los trágicos hechos que aceleraron la caída del presidente Fernando de la Rúa.

 

El nombre de D’Elía –socio político de Fernando Esteche, el jefe de Quebracho– aparece en otra de las páginas investigadas, que tiene adjuntada una grabación de la radio que dirige el piquetero ultra K. Además, según informes policiales citados por el portal Infobae, punteros vinculados a D’Elía habrían recorrido barrios de La Matanza buscando adherentes a supuestos saqueos. Habrían tenido muy escaso éxito en esa convocatoria.

 

Pero la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad no hace identificaciones políticas. “No acusamos puntualmente a nadie, sólo señalamos hechos objetivos”, dicen en las oficinas de Bullrich. La individualización correría por cuenta del juez.

 

Como la idea es prevenir disturbios y no embarcarse en una polémica política, también se eludió señalar al intendente kirchnerista de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aunque entre las organizaciones mencionadas en esa agitación en las redes está la Agrupación 5 de Abril, que le responde.

 

Tampoco se abunda en detalles sobre cuentas y usuarios que podrían estar vinculados o simpatizar con La Cámpora y que serían parte de los que reprodujeron esos mensajes originales en las redes sociales.

 

Parte del trabajo de los investigadores fue diferenciar las amenazas en apariencia verdaderas de aquellas efectuadas por quienes suelen sumarse a estos temas como diversión y engaño a otros usuarios.

 

Pero en los tramos más sensibles de la documentación presentada a la Justicia figuran denuncias de organización de saqueos impulsados por punteros políticos en un barrio de Lomas de Zamora, en un hipermercado de Ezeiza y otro de Avellaneda, así como en supermercados chinos de Moreno, San Miguel y la zona Sur del GBA. También hay denuncias sobre impulso a eventuales disturbios en Mar del Plata, Catamarca, Jujuy y Tierra del Fuego. Y otras convocatorias a Plaza de Mayo para “pedir la renuncia del Presidente”.

 

Dos datos provocaron especial atención. Uno, el “me gusta” que una senadora de Salta le colgó a una de esas convocatorias a saquear. Otro, que un mensaje incendiario publicado en esas cuentas de Facebook había recibido 13.000 “me gusta”. 

 

Julio Blanck

Visto 502 veces Modificado por última vez en Lunes, 13 Febrero 2017 21:34

Fundado el 4 de agosto de 2003

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