Viernes, 06 Mayo 2016 11:31

“Todos estamos mirando a los jueces”

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Un visitante reciente de Ricardo Lorenzetti desgranó la trillada argumentación acerca de que la Justicia debería ir esta vez a fondo contra la corrupción, empujada por la obscena revelación de riqueza de Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.

La sociedad está observando muy atenta lo que haga la Justicia, dijo el visitante. El presidente de la Corte Suprema, que disfruta de las respuestas concisas, contestó: “Todos estamos mirando a los jueces”.


La conversación fue a solas y Lorenzetti no es quien la contó. Guardó lo conversado entre las paredes de su nuevo despacho, siempre en el cuarto piso del Palacio de Tribunales pero ahora con ventanas a la calle Talcahuano. Era la oficina de Carlos Fayt, quien dejó la Corte el 11 de diciembre pasado, un día después de que Cristina Kirchner escabullera el ritual constitucional de entregar el poder a su sucesor. A sus 97 años, Fayt había resistido puntualmente todos los embates destituyentes de Cristina. Desde ese mismo despacho Lorenzetti deja traslucir ahora que habrá otras amarguras judiciales para la ex presidenta.


Sebastián Casanello, el magistrado que lleva la causa principal contra Báez, ya experimentó sin intermediarios a qué se refiere eso de “todos estamos mirando a los jueces”. Convocado tiempo atrás a una reunión cara a cara, escuchó a Lorenzetti desarrollar un manual de instrucciones muy sencillo: “¿Querés ser parte del Poder Judicial? Entonces comportate como un juez”.


Junto a charlas como ésta, los mensajes del papa Francisco que dice traer el legislador Gustavo Vera tras sus visitas al Vaticano, habrían ayudado a modificar el talante del juez. Casanello llegó sostenido por su cercanía con La Cámpora. Mientras Cristina estuvo en el poder durmió el expediente según el interés de la Casa Rosada. Pero ahora cambió la dirección del viento. Cambió el Gobierno, se difundió el video del conteo de millones en La Rosadita, habló Leonardo Fariña y Báez está preso.


Quienes han estudiado las causas que involucran a Cristina y su familia, al punto de haber entrecruzado informalmente datos, pruebas recogidas y denuncias todavía pendientes de investigación, sostienen que la situación de la ex presidenta sólo podría agravarse.


No sólo por asuntos graves y diversos como sobreprecios en la obra pública, la operación con el dólar futuro, los escandalosos negocios hoteleros, el presunto lavado de dinero o la existencia de plazos fijos que la ex presidenta olvidó incluir en su declaración jurada. También importa, para quienes observan el devenir en los tribunales, que sean cuatro los jueces que tienen a Cristina bajo investigación. Además de Casanello están Claudio Bonadio y también Julián Ercolini y Sergio Torres. “A un juez se lo puede hostilizar o presionar para que actúe de cierta manera, pero hacerlo con cuatro a la vez es casi imposible”, dice un hombre de mucho peso en la Justicia.


La facilidad con que se mencionan las distintas maneras de apretar a un juez no es novedosa, pero a veces asombra por su crudeza. Los jueces están lejos de ser carmelitas descalzas, pero quienes se han dedicado a ponerlos en la morsa los igualan y superan con comodidad.


Cuando Lorenzetti dice que “todos estamos mirando a los jueces” incluye en ese plural a la misma Corte y a la Cámara Federal porteña –en especial la sala que integran Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah– que tiene poder jurisdiccional directo sobre los estratégicos juzgados de Comodoro Py. También alude a otras instancias y miembros del Poder Judicial que resistieron como pudieron, y no siempre con elegancia absoluta, el fabuloso sistema de presiones del kirchnerismo.


La Corte Suprema, además, no escatima esfuerzos para reforzar sus señales a los jueces y camaristas. Para darle un sostén más eficaz a la tarea de los magistrados esta semana oficializó el nombramiento de tres peritos antilavado, que se suman al cuerpo forense. Poco tiempo atrás había nombrado a cuatro peritos anticorrupción.


La demora bíblica en concretar las pericias suele ser un obstáculo serio para el avance de las causas. Esto sucede por sí mismo, sin contar con la picardía de algún juez que reclama los peritajes justamente con ese fin dilatorio.


Todo el mundo –a excepción de Cristina y su universo menguante– quiere ver resultados rápidos en las causas por corrupción. La ansiedad del público y la prensa poco tiene que ver con los tiempos naturales del proceso judicial. Pero la presión social, el mandato electoral no escrito de limpiar la basura, opera de modo constante sobre la Justicia y también sobre el Gobierno.


El ministro Germán Garavano, que lleva la relación institucional con la Corte Suprema y otros escalones del Poder Judicial a veces con suerte diversa, insiste en que para saber si los jueces avanzan en serio o solamente actúan un avance que no es tal, la clave es que en un período razonable envíen las causas a juicio oral, donde se definen condenas y absoluciones, sin retener el expediente como mecanismo de protección personal.


También circula como un hecho que el Papa, que recibirá en junio a una nutrida delegación de jueces y fiscales argentinos que atienden causas sobre crimen organizado, repetiría la invitación hacia finales de año para revisar cuánto de lo que se dijo que se iba a hacer se hizo.


La figura de Francisco ha sido en estos días, una vez más, el epicentro de una operación política vinculada al último reducto con poder institucional que le queda al kirchnerismo duro: la Procuración General que encabeza Alejandra Gils Carbó, a quien el gobierno de Macri no encontró todavía la forma de desplazar.


En el cuerpo de fiscales los seguidores fieles de la ex presidenta aún pueden hacer pie. Es algo que ya no consiguen en otras instancias. No tienen número suficiente para trabar el quórum en la Cámara de Diputados, vieron a medio bloque de senadores peronistas desconocer abiertamente la jefatura de Cristina, soportaron a los sindicatos recuperando músculo y haciendo juego propio, y tienen a todos los gobernadores del peronismo –con excepción de Alicia Kirchner– embarcados en un proyecto que termine de disolver el pasado poder kirchnerista.


Esta semana, con auspicio de la Procuración, jugaron su ficha en un breve encuentro con el Papa, el miércoles luego de la audiencia pública en la plaza de San Pedro. Fue una movida impulsada por Roberto Carlés, el frustrado candidato de Cristina a la Corte tras la renuncia de Raúl Zaffaroni. Carlés tiene llegada al Vaticano y propició desde hace meses este encuentro a propósito de la situación en las cárceles, tema que es preocupación notoria de Francisco.


Carlés estuvo en la audiencia con Francisco pero no concurrió quien fue su numen y socio original en el asunto, el propio Zaffaroni. Según se comentó en el Palacio de Tribunales, Zaffaroni habría tenido algún conflicto en su nuevo destino, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de su alta exposición como asesor privilegiado y virtual coordinador de la estrategia de Cristina frente a la complicada situación judicial que atraviesa.


Esa visibilidad incluyó el acompañamiento a la ex presidenta en el acto político que encabezó a las puertas de Comodoro Py tras su presentación ante el juez Bonadio. Razones de prudencia o de simple decoro habrían llevado a la CIDH, que tiene sede en Washington, a recomendarle a Zaffaroni un tiempo de discreción, como juez de ese tribunal internacional que funciona en el ámbito de la OEA.


Aún sin Zaffaroni, la hábil movida cristinista se llevó adelante. Por descuido, por premeditación política o por simple imperio del inagotable afán viajero de los argentinos, junto a jueces y camaristas de filiación kirchnerista como el titular de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, hubo hombres y mujeres de la Justicia de procedencia opuesta, como el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecases, y hasta el representante del Gobierno en ese organismo, Juan Bautista Mahiques, encargado de los temas penitenciarios en el Ministerio de Justicia. Ellos ayudaron a maquillar de ecumenismo el momento.


El nudo de la jugada fue adherir la imagen del Papa a un programa de Gils Carbó llamado “Atajo”, que instala oficinas en villas y asentamientos para facilitar el acceso a la Justicia a la población más vulnerable. Desde el Ministerio de Justicia, fuentes cercanas al ministro Garavano aseguran que ese programa fue creado en su momento por Gils Carbó para facilitar el despliegue territorial de La Cámpora.


Quien encabeza el programa es Julián Axat, fiscal y poeta, hijo de desaparecidos, quien el miércoles subió presuroso a su cuenta de Twitter la foto en la que le está entregando al Papa una remera con el logo y la inscripción “Atajo”. La imagen es muy parecida a la foto de setiembre de 2014 en la que, bajo la sonrisa de Cristina, el diputado Andrés “Cuervo” Larroque le entregaba al Papa una remera de La Cámpora.


Aquella vez se dijo que a Francisco le había disgustado aquel exceso de escenificación política cristinista. Pero en vista de la virtual repetición ocurrida el miércoles en San Pedro, se ve que ciertas ocasiones fotográficas lo pueden. 


Julio Blanck

Visto 539 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Marzo 2017 21:31

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