Viernes, 01 Julio 2016 10:24

Reforzar la gobernabilidad, el principal desafío político de Macri del segundo semestre

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La intención de sumar a un sector del peronismo y sin descuidar la alianza con el radicalismo es uno de los dilemas. La tensión con los jueces. El seguimiento sobre el “Caballo” Suárez. Qué dicen las encuestas.

 

Gobernabilidad. El principal desafío del Gobierno pasa ahora por afianzarse en lo más alto del poder de la administración central durante este segundo semestre, de cara a las elecciones legislativas del año que viene. Según las encuestas encargadas por la Casa Rosada, consumidas pacientemente por Mauricio Macri y con voracidad por Marcos Peña, el Presidente conserva una alta imagen positiva y su antecesora, Cristina Kirchner, volvió a caer a índices similares a los alcanzados durante el conflicto con el campo, en el 2008.

 

Esta vez fueron los millonarios bolsos monasteriales de José Francisco López, ex secretario de Obras Públicas, los que le dieron más oxígeno al Gobierno. Los números que esta semana llegaron hasta el mismísimo despacho presidencial no tienen precedentes: según esa encuesta, el 98 por ciento de los argentinos está al tanto del bochornoso caso López, que impactó de lleno como nunca antes en la sociedad.

 

Golpeado por los brutales aumentos tarifarios de los primeros seis meses, con una economía aún descontrolada y todavía al tope de las inquietudes sociales, el Gobierno saca a relucir a diario los coletazos de la corrupción K en la entrada del segundo semestre, anunciado por los principales referentes del Poder Ejecutivo casi como la llegada de la panacea. En el plano político, según los funcionarios consultados por Infobae, el objetivo de Macri de este segundo semestre se circunscribe a reforzar y ampliar la base de poder que hasta ahora lo llevó a transitar sin demasiados sobresaltos los primeros meses de gestión, con un fuerte respaldo de los gobernadores que también aprovecharon el resquebrajamiento kirchnerista para apuntalar la gobernabilidad de Cambiemos sin culpa.

 

El desafío es aprovechar la diáspora K y sumar dirigentes e incluso a gobernadores peronistas sin descuidar la alianza con el radicalismo. Así podría resumirse la estrategia del Gobierno para lo que viene, según confiaron desde uno de los principales despachos con mayor impronta política de la Casa Rosada. En esa línea, Macri camina por un desfiladero. Fue el radical Ernesto Sanz, uno de los socios fundadores de Cambiemos, el que alertó en las últimas horas sobre esa estrategia. "Hay algunos confundidos", bramó el ex senador tras las declaraciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que había pedido "generosidad" a los socios presidenciales ante un eventual acuerdo con el gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti.

 

Lo de Sanz es producto de una tensión latente entre el Gobierno y la UCR, que todavía no se siente parte de la coalición gobernante. En la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país, la situación es calcada. Por lo bajo, el ala política del macrismo en su versión bonaerense se queja de la falta de contención de la cúpula partidaria con el radicalismo provincial, encarnado por ejemplo por Ricardo Alfonsín. Lo de Daniel Salvador, vicegobernador, es casi anecdótico.

 

"Una de las preocupaciones de este semestre es cómo la relación con los socios ocasionales. El ejercicio será adaptarse a ellos a medida que nos acerquemos a las legislativas", aseguraron en el entorno del jefe de Gabinete. El dilema no apunta tanto a los gobernadores, con quienes desde la Casa Rosada no descartan alianzas legislativas a pesar de la advertencia radical, como a la figura de Sergio Massa, que está obligado a enfrentar a Macri en las elecciones del año entrante y que fue un aliado legislativo clave del Gobierno durante el primer semestre. El líder del Frente Renovador festejó en silencio la semana pasada el envío del proyecto de reforma electoral: el impulso de la boleta electrónica a nivel nacional no solo encarna un adelanto institucional notable, sino que alivia enormemente los costos por la impresión de boletas y la fiscalización de candidatos como Massa, con poco aparato partidario y alta imagen positiva.

 

En los próximos meses, el Gobierno podría sin embargo ir un paso más allá. Según deslizaron desde el entorno presidencial, desde la Casa Rosada analizan impulsar cambios en la ley de financiamiento de los partidos políticos, una idea deslizada la semana pasada por el ministro Frigerio y por Adrián Pérez durante la conferencia posterior al envío de la reforma electoral. Las modificaciones en estudio a la normativa vigente contemplarían por ejemplo la posibilidad de que las empresas puedan volver a aportar a los partidos políticos en campaña, hoy prohibido por ley. Hace dos semanas, el juez federal Ariel Lijo procesó a los ex recaudadores del FPV del 2007 por tres aportes privados que, según el magistrado, no pudieron justificar el origen lícito del dinero. Según un informe de chequeado.com, el año pasado Macri recibió aportes por 3 millones de pesos de contratistas de la ciudad de Buenos Aires, también vedado por ley. El proyecto, todavía prematuro y en estudio en Casa Rosada, también avalaría las contribuciones en ese sentido. La idea del Presidente, que no desconoce el financiamiento actual de la política, multisospechado, es sincerar el sistema.

 

La ampliación de la base de sustentación política de Cambiemos apunta a emular la transversalidad alguna vez implementada por Néstor Kirchner, pero con la premisa de dejar afuera a los dirigentes identificados con ese sistema intrincado de acumulación de poder del que Macri ahora reniega. Por eso gobernadores como Juan Manzur, de Tucumán, se apuraron durante estos meses a despegarse de la lógica K.

 

Entre esos dirigentes apuntados por Macri sobresale, por ejemplo, el sindicalista Omar "Caballo" Suárez, cuyas posibilidades de terminar en prisión aumentaron considerablemente en las últimas horas, según fuentes judiciales que siguen de cerca el expediente en el que se lo investiga por serias irregularidades en su gremio. Macri sigue casi a diario, personalmente, los avances de la investigación. No solo porque, según dejó trascender, Suárez encarna el modelo de sindicalista que dice repeler. Sino porque el ex jefe del SOMU habría incomodado a un amigo presidencial, según el insistente rumor de los tribunales federales de Comodoro Py.

 

La relación y la reacción del sindicalismo -hoy anestesiado- y la vinculación con la Justicia son otros de los desafíos políticos del Gobierno en este segundo semestre. "Pediremos el juicio político a los que se apartaron de la ley", avisó Juan Mahiques, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura en medio de la aprobación de una auditoría para analizar cómo actuaron los jueces frente a las causas de corrupción de los últimos veinte años. Un mensaje contundente a Comodoro Py. Ni los jueces confían en las no presiones del Gobierno -varios de ellos ponen a Elisa Carrió de ejemplo, que los acusó de complicidad con la última década-, ni el Gobierno en la repentina celeridad judicial. El ejemplo más palpable es el de Rodolfo Canicoba Corral, uno de los doce jueces federales en la mira de Macri y su ministro Germán Garavano. Canicoba ahora avanza raudo en el expediente contra Suárez para complacer a la Casa Rosada. El magistrado era el elegido de Daniel Scioli para encabezar la AFI si ganaba las elecciones. Guillermo Scarcella, ex titular de ABSA, investigado por la Justicia de La Plata por lavado de dinero como uno de los supuestos testaferros del ex gobernador, es uno de los nexos del juez con el ex motonauta.

 

Cerca de Macri no terminan de comprender si el despertar judicial podría en algún momento volverse en contra. No tanto por la investigación contra el propio Presidente por los Panamá Papers, sino por otros funcionarios, como Juan José Aranguren, denunciado por incompatibilidad por la posesión de acciones de la petrolera Shell. Un secretario de Estado de enorme peso en las decisiones presidenciales defiende al ministro de Energía ante esa supuesta incompatibilidad de intereses. Pero admite, solo en privado, que en política incluso es más relevante la simbología que lo legal. En ese plano, se confiesa, lo de Aranguren es inadmisible. Es otro de los desafíos del Gobierno, que ensayó prueba y error durante los primeros seis meses: ya no hay margen para los ensayos.

 

Los números que devoran en Balcarce 50 no solo ubican a la economía como la principal inquietud de los argentinos -la política solo será decisiva si la inflación cede y se reactiva el consumo-, sino que la inseguridad se despegó de la corrupción en el segundo puesto, si bien esta última volvió a repuntar con los bolsos voladores de López.

 

En el Gobierno están convencidos de que si la economía repunta, la inseguridad será uno de los temas preponderantes de estos seis meses entrantes. Reconocen que, hasta ahora, el de Patricia Bullrich no fue el ministerio más exitoso.

 

Esos sondeos, sin embargo, todavía dan respiro a Macri. Si bien penetró el concepto de "segundo semestre" propalado por los funcionarios, los encuestados los perciben como meses de transición. Con algo de distorsión: hasta marzo, tres meses más de lo previsto por el calendario, habría paciencia. Aunque ahora la sociedad percibe que los errores ya no se excusan por errores de la administración anterior. Todo siempre y cuando la economía descomprima. Sin eso no hay desafíos políticos que valgan. 

 

Federico Mayol

Visto 331 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Marzo 2017 22:59

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