Viernes, 08 Julio 2016 11:33

Triple clave: salud, dinero y sindicatos

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El acuerdo involucra una caja de $ 29 mil millones que el kirchnerismo usó para condicionar a los gremios. Con inflación y tarifazo, en el universo sindical se reclama algo más que la devolución del dinero de las obras sociales.

 

 

El contundente freno judicial y el conflicto abierto alrededor de los aumentos en las tarifas del gas le pueden empañar al presidente Mauricio Macri el resultado positivo de su gira por Europa, con punto saliente en el apoyo de la poderosa canciller alemana Angela Merkel. Pero no todas serán pálidas hoy, a su regreso. Mientras estuvo de viaje acá se cerró la base de un acuerdo con los sindicatos para devolverles multimillonarios fondos retenidos a las obras sociales. Es una decisión económica con fuerte alcance político y social.

 

Cuando hablan de plata, Macri y los dirigentes sindicales se entienden enseguida. El Gobierno no tiene quejas de fondo sobre el comportamiento de las organizaciones gremiales en su primer semestre de gestión. Hubo paz social y una convivencia razonable a pesar de la penuria económica. Este acuerdo tiende a consolidar ese estado de cosas, más aún cuando la perspectiva es de mejoras en el mediano plazo.

 

El acuerdo del que estamos hablando involucra una caja de 29.000 millones de pesos que el kirchnerismo siempre retuvo y usó para condicionar a los gremios. La devolución de ese dinero, que está depositado en el Banco Nación, no será gratuita en términos políticos. Las tres CGT se comprometieron a apoyar y participar de un ambicioso paquete de reformas en la salud pública, que incluye –entre otros aspectos– la compensación que obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga harán al Estado por la atención de sus afiliados en hospitales públicos. Los expertos aseguran que se trata de cifras muchas veces millonarias, en especial por la atención de urgencias.

 

El plan de reformas en el sistema de salud, tanto como el acuerdo alcanzado por tres ministros con la dirigencia sindical, deberán ser finalmente avalados por Macri.

 

Cuando esto se ponga en marcha, el dinero de las obras sociales se repartiría de la siguiente manera: 2.500 millones de pesos en efectivo irían para esas entidades sindicales, lo que llena de alegría a los bravos defensores de los obreros; 4.500 millones formarán un fideicomiso destinado a atender prestaciones especiales de las obras sociales, que es el objetivo original con que se creó ese fondo; 14.000 millones les pagará el Estado en bonos que quedarán depositados en el Banco Nación con el compromiso de no ser vendidos en el mercado en los próximos tres años; 8.000 millones, finalmente, se destinarán a la Cobertura Universal de Salud, nombre que tomará el nuevo sistema estatal a partir de las reformas planeadas.

 

El plan fue impulsado y diseñado por el ministro de Salud, Jorge Lemus, a quien Macri puso a trabajar sobre el tema desde dos años antes de las elecciones presidenciales. Lemus, sanitarista y epidemiólogo, fue durante seis años el ministro de Macri en la Ciudad, y había tenido un largo trayecto en el nivel nacional bajo la gestión del entonces ministro Alberto Mazza, en la presidencia de Carlos Menem.

 

Aún sin certeza sobre si el programa podría aplicarse porque –pequeño detalle– antes Macri debía ganar las elecciones, Lemus se reunió muchas veces con la dirigencia sindical, tanto como con propietarios y directivos de las empresas de medicina prepaga, otra pata fundamental del sistema de salud que también entraría en el nuevo esquema.

 

Ya en el gobierno, el ministro logró consenso con sus colegas de las 24 provincias, según pudo constatar en la última reunión del Consejo Federal de Salud realizada en la Capital días atrás. Los sistemas de salud provinciales también se verían beneficiados, porque el Estado nacional financiaría la atención de los ciudadanos sin cobertura que acudan a hospitales públicos de cualquier jurisdicción. Cuando se reparte plata todo el mundo entiende más fácil.

 

El plan que propone Lemus incluye la conformación de un padrón nacional, cruzando datos públicos y privados, que permita definir con precisión qué compatriotas tienen cobertura de salud y cuál, y a partir de allí hacer más eficientes y menos costosas las prestaciones del Estado.

 

También se proyecta la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnología, al estilo de las existentes en Gran Bretaña, Canadá o Alemania, para impedir la importación indiscriminada de medicamentos y equipos de eficacia no siempre probada. Y se reciclarían los cerca de 90 programas que hoy tiene el Ministerio de Salud nacional para mantener las mismas prestaciones, pero de modo centralizado y con fuerte reducción del costo burocrático.

 

En la Casa Rosada aseguran que si ninguna de las partes hoy alineadas rompe la fila por cuestiones económicas o políticas, se avanzaría hacia la reforma del sistema de salud “más trascendente desde el regreso de la democracia”. Como le gusta decir a Macri: ver para creer.

 

En las negociaciones finales participaron Lemus, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, clave para destrabar los flujos de dinero. Carlos Melconian, el presidente del Banco Nación, defendió con énfasis los depósitos de la entidad. Logró el objetivo y además consiguió que el Gobierno se comprometa a cubrir la cuantiosa deuda contraída con el Nación por los gobiernos kirchneristas.

 

Del lado sindical, en las distintas etapas participaron Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Antonio Caló y también José Luis Lingeri, el gremialista que más y mejor conoce los vericuetos por donde se filtran los millones del sistema de salud, y que entiende –por experiencia acumulada– cómo sacar ventaja de la necesidad del gobierno de turno poniendo la paz social como moneda de cambio.

 

Desde la mirada del poder político, los gremios se llevan algo de dinero en la mano –la bonita suma de 2.500 millones de pesos– y la formalización de la titularidad del total de los fondos, que hasta ahora estaban de algún modo en discusión.

 

Puede parecer poco para los jefes sindicales conformarse con un adelanto, por cuantioso que sea. Pero la impresión del Gobierno es que esos veteranos de mil batallas ya vienen haciendo funcionar sus entidades sin ese dinero, y que tanto el fideicomiso como los bonos que recibirán pasarían a formar parte de su portafolio de inversiones para el mediano plazo.

 

Tanto consenso a punto de caramelo fue celebrado y ratificado ayer con un almuerzo que ofreció el hábil Lingeri en la sede de su sindicato de Obras Sanitarias. Junto a él estuvieron Moyano y Gerardo Martínez, jefe del gremio de la construcción. A los ministros Lemus y Triaca los acompañó Mario Quintana, uno de los coordinadores técnicos de la Jefatura de Gabinete.

 

Si los asesores clave de la Presidencia –entre ellos el secretario Legal, Pablo Clusellas– avalan los aspectos técnicos, la semana próxima Macri tomaría una decisión final sobre este paquete, que podría expresarse a través de varios decretos que serían enseguida remitidos al Congreso.

 

Pero no todo es color de rosa. En el universo sindical hay reclamos de algo más que la devolución del dinero de las obras sociales, en estos tiempos de inflación y tarifazo, con presión creciente desde las bases. ¿Paro? ¿Plan de lucha? ¿Documento duro? ¿Acto callejero? Descartando por ahora las variantes extremas, la discusión entre las tres CGT está abierta.

 

El lunes pasado, en una reunión convocada en el gremio gastronómico de Luis Barrionuevo, se acordó convocar a un plenario de secretarios generales gremiales para el 4 de agosto. En esa reunión estaban Moyano, Martínez, Lingeri, y también el capitán de los gremios del transporte Juan Carlos Schmid, el estatal Andrés Rodríguez y el jefe de Sanidad, Carlos West Ocampo, entre otros.

 

“El problema no se arregla con un documento, hace falta un pronunciamiento más fuerte”, planteó Schmid, el moyanista que suena para conducir la futura CGT unificada. Para empezar, el hombre citó el miércoles próximo a todos los sindicatos del transporte. Son los que tienen capacidad de parar el país.

 

El reclamo más urgente de los gremios es modificar las escalas del Impuesto a las Ganancias, para que se alivie esa carga abusiva sobre los salarios medios y altos. El Gobierno había prometido a las CGT en la Casa Rosada, y a Sergio Massa en el Congreso, tratar el tema antes de mitad de año, para que entrara en vigencia desde enero.

 

Pero ya estamos en el segundo semestre y ese pescado sigue sin vender.

 

Recién llegado de las caricias europeas, Macri ya debe haber aprendido hace rato que para quien gobierna nunca hay felicidad completa. 

 

Julio Blanck

Visto 356 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Marzo 2017 23:13

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