Miércoles, 14 Septiembre 2016 11:10

Juego de espejos con la década saqueada

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Cristina, llamada a indagatoria por el saqueo al Estado a través de la obra pública y de los negocios entregados a Lázaro Báez, su socio y testaferro.

 

 

Amado Boudou, enviado a juicio oral por falsificar papeles de un auto. Julio De Vido y José López, el que quiso esconder 9 millones de dólares en el convento de las pobres monjitas, también a indagatoria por la obra pública. Aníbal Fernández y Daniel Gollán, con pedido de juicio oral por la estafa millonaria con un plan para embarazadas. Agustín Rossi, imputado por sobreprecios de hasta 250% en la compra de alimentos para la última campaña antártica. Tormenta perfecta sobre el kirchnerismo.

 

La ex presidenta, su vicepresidente, su último jefe de Gabinete y tres de sus ministros fueron requeridos por la Justicia en las últimas 48 horas por casos de corrupción de diverso grado. Patalean, ellos y sus puntuales lenguaraces, aduciendo persecución política. Pero lo que estamos viendo, tardía e inevitable, es persecución judicial. Que es lo que sufren quienes cometieron delitos, o se supone que lo hicieron hasta que se demuestre lo contrario.

 

Mauricio Macri no tenía forma de prever ni mucho menos programar esta ocasión extraordinaria para mostrar su cultura de gobierno como la contracara de los tiempos tan cercanos de piratería desde el poder.

 

El Presidente no tenía forma de influir en el curso y los tiempos de estos acontecimientos por la sencilla razón de que no tiene control sobre la Justicia. Su operación sobre los tribunales, plagada de voluntaristas y gestores de buenos oficios y escasos resultados, suele ser desordenada, contradictoria, poco eficiente.

 

Lo que está a la vista es el espectáculo de muchos jueces y algunos fiscales que corren en estampida libre tratando de salvar sus propios traseros. El clima social presagia días de infierno para los tibios y cómplices con la década saqueada.

 

En el paquete explosivo que la Justicia le ofrendó al kirchnerismo se incluye la detención del sindicalista Omar Suárez, cariñosamente llamado Caballo. Es el patrón del gremio marítimo desde hace 27 años, está procesado por extorsión a empresarios y entorpecimiento del tránsito marítimo. La dosis de fortuna que siempre acompaña a Macri quiso que el señor Suárez sea considerado el sindicalista preferido de Cristina Kirchner, apelativo que ella se encargó de modelar con las lisonjas que supo derramarle.

 

Nota al pie: la CGT enmudeció olímpicamente ante la desgracia de Caballo. No sólo los marineros saben de qué lado sopla el viento.

 

Mientras el diluvio judicial anegaba el campamento de Cristina, el Gobierno se las tenía que ver con sus propios desaguisados. Como la interna por la Aduana y los tambores de efedrina entre la ministra Patricia Bullrich y el desplazado Juan José Gómez Centurión, mientras las mafias del tráfico y el contrabando siguen haciendo sus negocios. O los sobresaltos que provocó el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, con sus dichos sobre milicianos argentinos en el terrorismo global del ISIS; pecando por el manejo desaprensivo en un tema de alta sensibilidad sobre el cual hay desde hace rato indicios preocupantes.

 

Pero Macri, más allá de la confluencia de malas noticias para el kirchnerismo, supo encontrar una veta propia para marcar a fuego las diferencias de actitud con la piratería anterior. Fue el Gobierno a través de la Oficina Anticorrupción, y fue el propio Presidente haciéndole saber su opinión al interesado, quienes forzaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, a vender sus acciones en la petrolera Shell, ante la sospecha de un conflicto de intereses.

 

Aranguren fue el CEO de Shell durante doce años y tenía acciones de esa compañía por más de 16 millones de pesos. Su función de ministro no sólo rozaba, sino que se encimaba casi obscenamente con su condición de accionista de la petrolera.

 

Con todas las demoras y objeciones del caso, que fueron planteadas desde la oposición y hasta el propio oficialismo, la postura de Macri forzando a su ministro a desprenderse de esas acciones contrasta de modo notable con Cristina manteniendo hasta el último día a Boudou como vicepresidente a pesar de que cargaba con un doble procesamiento. Esto, sin contar las presiones y manipulaciones a la Justicia para evitar que avanzaran causas contra los funcionarios de entonces.

 

Fuentes de la Casa Rosada dicen que no había un “buen momento” para resolver la situación de Aranguren accionista. Que había avances en la investigación judicial por la denuncia del diputado camporista Rodolfo Tailhade. Y que además se aproximaba la audiencia pública por el traumático aumento del gas, que tendrá al ministro en el ojo del huracán.

 

“La venta de acciones de Aranguren no es por decisión propia, hace seis meses que lo pedimos”, dijo ayer Tailhade por Radio Belgrano. Tiene parte de la razón.

 

Aranguren aseguró que vendía aquellas acciones siguiendo “la recomendación efectuada por la Oficina Anticorrupción”. En la Casa Rosada opinan que el dictamen que Laura Alonso firmó como jefa de la OA y se oficializó el lunes ya era “un buen espejo de comparación” con la citación a indagatoria que ese día el juez Julián Ercolini le estampó a Cristina y compañía.

 

El anuncio de que Aranguren vendía sus acciones, hecho ayer por el propio Macri, llevó euforia a varios despachos oficiales. Aunque no faltó el ministro que dijera que no podía esperarse otra cosa porque “todos vendimos lo que teníamos” al llegar al Gobierno. Bella frase, aunque hay que ver si resiste una pesquisa intensiva.

 

El trámite en la OA se había iniciado a mediados de marzo por la presentación de dos diputados kirchneristas. Hubo una investigación interna, una intervención del juez federal Luis Rodríguez quien con personal policial se llevó ese expediente de la OA durante seis semanas, un descargo de Aranguren y, finalmente, el dictamen que dice que no había conflicto de intereses, pero que eso no despejaba las sospechas y dudas. Por eso se recomendó al ministro desprenderse de sus acciones.

 

En su resolución, basada en la Ley de Ética Pública, Alonso se remite también a recomendaciones de la OCDE, el club de 34 países con economías sanas al que la Argentina de Macri quiere pertenecer algún día. Recuerda que esa organización establece que “los funcionarios públicos, en particular los de mayor jerarquía, deben organizar sus intereses privados de una manera que conserven la confianza de la ciudadanía en su propia integridad, siendo un ejemplo para los demás”.

 

La jefa de la OA se ilusiona: “Los tiempos cambiaron y hay que actuar de acuerdo a la ley”. Podrían tomar nota en la Justicia y el Congreso, donde los potenciales conflictos de intereses –abiertos o encubiertos– muy rara vez son revisados.

 

Con ese aspecto de la situación de Aranguren despejada, el Gobierno pone el énfasis en asegurar un trámite ordenado en la audiencia pública por la suba del gas. Allí debería sellarse el aumento de tarifas, después de tres retrocesos sucesivos. El viernes comenzará la sesión en la Usina del Arte, con teleconferencia permanente en ocho capitales del interior del país.

 

El encargado de organizarla es Gustavo Lopetegui, uno de los dos vicejefes de Gabinete. Ya escuchó a Marcos Peña recomendar precauciones en las calles aledañas, ante eventuales intentos de generar disturbios que deriven en una impugnación de la audiencia.

 

También se preocupó Lopetegui por blindar el costado judicial. Envió un emisario a Tribunales, para escuchar opiniones respecto de cómo difundir las bases y datos para la audiencia pública, de modo de ponerlos al alcance de todos los interesados. El periodista Hernán Iglesias Illa, que integra el equipo de discurso de Macri, elaboró un texto de cuatro carillas, lo más sencillo y abierto posible, explicando los fundamentos de la suba de tarifas. El trabajo, junto con toda la información técnica, fue subido al sitio del Enargas.

 

Esa fue una de las recomendaciones que hizo el nuevo juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien fue ariete principal en el fallo que hace un mes derrumbó el tarifazo del gas para los usuarios domiciliarios. Ese fallo obligó a la realización de la audiencia pública, que el Gobierno pensó -grueso error- que podía pasar por alto.

 

La Casa Rosada no quiere más sorpresas y por eso siguió esta vez todas las indicaciones de Rosatti. Es fácil imaginar la gracia que le causará esto a Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte. Es un problema que Macri deberá atender a su tiempo. Todo en su medida y armoniosamente. 

 

Julio Blanck

Visto 422 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Marzo 2017 23:49

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