Jueves, 30 Marzo 2017 00:00

Una oportunidad para cumplir la promesa de limpiar la Justicia

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Hoy acusan al camarista Freiler en el Consejo de la Magistratura. Es una pieza clave del sistema K en la Justicia.

 

Eduardo Freiler, el camarista federal alistado en el esquema de protección de Cristina Kirchner en la Justicia, será acusado hoy formalmente en el Consejo de la Magistratura. Se busca abrirle juicio político y destituirlo. Además de señalar su sujeción funcional al poder kirchnerista, los acusadores pondrán el acento en las evidencias de un nivel de vida que está muy por encima de sus ingresos como magistrado.

Si el proceso avanza, quizás el Gobierno pueda dar un segundo paso en su promesa inicial de limpiar la Justicia. Hasta ahora, salvo la renuncia a la que se forzó al ex juez Norberto Oyarbide, casi no pasó nada de nada.

Freiler fue uno de los miembros de la Cámara Federal que rechazó dos veces abrir la investigación por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina por encubrimiento de iraníes en el atentado a la AMIA. Además, sigue investigado por enriquecimiento ilícito por decisión de la Cámara de Casación. Es dueño de propiedades, entre ellas una mansión de 1.200 m2 frente a la quinta presidencial de Olivos. Tiene autos de alta gama y veleros.

Pero hay dos datos más pequeños si se quiere, pero reveladores, incluidos en el dictamen acusatorio. Primero, la Comisión de Acusación dice tener comprobado que los gastos en blanco del camarista durante los últimos cinco años exceden en unos 6 millones de pesos sus ingresos declarados. Segundo, que entre los muchos viajes oficiales que realizó sobre los que se sospechan irregularidades, figura la invitación a un congreso en Arkansas, EE.UU.; pero los gastos de sus tarjetas de crédito en ese período son de las ciudades de Miami y Cancún.

La Comisión de Acusación tiene 9 integrantes. El oficialismo dice contar con los 5 votos necesarios para decidir hoy la citación a Freiler a una virtual declaración indagatoria dentro de 10 días. Pero en la fijación de ese plazo quizás se planteen las primeras pulseadas de resistencia.

El dictamen de acusación tiene más de 150 páginas y lo presentará el diputado macrista Pablo Tonelli. Luego se pondrá a votación. El Gobierno descuenta que el senador kirchnerista Ruperto Godoy votará a favor de Freiler. Pero prestan especial atención a la postura de Luis María Cabral y Leónidas Moldes, representantes de los jueces en la Magistratura. Sucede que habría un sigiloso movimiento de algunos jueces federales tendiente a aliviar la situación de Freiler, obstruyendo o demorando su enjuiciamiento.

No se trata de simpatía política por el kirchnerismo. Es, sobre todo, un intento de defensa corporativa. Sucede que Freiler tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial y adquirió cierto renombre ya a mediados de los años ’90, cuando fue uno de los fiscales en el escándalo de corrupción menemista conocido como IBM-Banco Nación.

El ministro Germán Garavano declaró sobre el patrimonio de los jueces que “aquellos que hayan tenido un crecimiento llamativo lo tendrán que explicar”. Freiler, hábilmente, plantea la discusión en el terreno político. Dijo: “Si el ministro de Justicia habla de renovación está queriendo afectar la estabilidad de los jueces. Pareciera que se ha trasladado a Comodoro Py un ring de batalla política”. Habló como si esto jamás hubiese sucedido antes. Y él no hubiese sido parte. En la Justicia también hay relato.

El Gobierno tiene otros entuertos que resolver. Entre ellos, el frente abierto por la decisión de la Corte Suprema de mantener el límite de 75 años para ejercer como juez, aunque se podría seguir mediante una ratificación del Senado. Hay 27 jueces en esa situación y el caso más resonante es el de María Servini de Cubría, quien ayer estalló señalando que la decisión del tribunal era poco menos que una venganza del presidente Ricardo Lorenzetti, a quien tiene bajo investigación por una denuncia lateral en el desvío de dinero de Futbol para Todos. La jueza Servini ya se había enojado feo cuando su hijo fue cesanteado como administrador del Consejo de la Magistratura.

Servini ha tejido en el tiempo una buena relación con Elisa Carrió, enemiga declarada de Lorenzetti. Pero fuentes del Gobierno dicen que no hay vínculo con esta reacción de la jueza y su amistad con Carrió. Señalan que otro viejo amigo de la volcánica aliada de Macri, el prestigioso camarista federal de La Plata, Leopoldo Schiffrin, promotor de la causa sobre la cual falló la Corte, acudió ayer al mediodía en persona a entregarle su renuncia a Garavano.

Hilando muy fino, creen que detrás de este fallo de la Corte hay cierto interés político del peronismo, que en la Corte encuentra comprensión en Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

Por estricta cuestión de edad la mayoría de los jueces que deben retirarse fueron nombrados en el gobierno de Alfonsín. Así, el peronismo compensaría, en parte, el desagrado por la permanencia en la Corte de Elena Highton de Nolasco, a quien un amparo permitió seguir aún cumplidos los 75. El que celebró en silencio fue Lorenzetti, que retuvo a una aliada en la interna cortesana. Y los peronistas, que esperaban cubrir esa vacante, se habían quedado con las ganas.

La Justicia tiene una venda sobre los ojos solamente en la estatua que está a la entrada de Tribunales.  

Julio Blanck

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