Domingo, 10 Septiembre 2017 00:00

Manos negras detrás del drama - Por Eduardo van der Kooy

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El Gobierno sospecha que Alejandra Gils Carbó ayudó a embarrar la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado.

 

Desde un organismo que depende de ella, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), voló un informe apócrifo de la inteligencia de Policía Federal que atribuyó a Gendarmería haber matado al artesano desaparecido. Su cuerpo habría sido enterrado en un lugar impreciso de la frontera entre la Argentina y Chile.

A la Procuradora General se le endilgan otras responsabilidades. Entre ellas, haber aceptado que la PROCUVIN haya tomado testimonio a cuatro mapuches encapuchados y sin identidad que también inculparon a gendarmes. Dos de ellos, casi un mes después, resolvieron declarar a cara lavada ante el juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila. Con contradicciones, ratificaron los cargos contra aquella fuerza de seguridad.

La sombra de Gils Carbó no ha sido el único motivo que ensombrece la búsqueda de Maldonado. Esa escena está saturada con tóxicos. Tocada por manos negras. Alarmó un video que cayó en poder del Gobierno con imágenes de una balacera y una inscripción: “Macri y Bullrich, las balas son para ustedes”. Inquieta el enrarecimiento del clima social con blanco ahora en las escuelas. Llueven denuncias sobre amenazas de bombas. Parecidas al tiempo que soportó en 1985 Raúl Alfonsín. Sólo en el último mes se registraron más de 600 casos, con epicentro en Buenos Aires y Rosario.

La crónica sobre episodios extraños alrededor de Maldonado podría continuar sin tope. Empalmaría con la tradición argentina frente a cada tragedia colectiva o individual. Están los casos pendientes de los atentados en la embajada de Israel y la AMIA. También las desapariciones del albañil Julio López (2006) y ahora la de Maldonado. O la muerte inexplicablemente no aclarada aún del fiscal Alberto Nisman. Existen escalas intermedias, como la del conscripto Omar Carrasco muerto en un cuartel (1994). En casi todos sucedió, con matices, algo similar. La conducción política no fue tal: resultó sobrepasada o connivente; la Justicia emergió contaminada por distintos intereses y fracasó; otras líneas permanentes del Estado tampoco respondieron. Cada una de aquellas investigaciones terminó desnaturalizada.

La lupa permanece colocada hoy sobre el juez Otranto. Como pasó con los antecesores de otras historias. La participación de tres magistrados (Marcela Garmendia, Arnaldo Corazza y Manuel Blanco) fue inútil para hallar una sola pista sobre López. La fiscal Viviana Fein se jubiló sin poder establecer si el revolver en la mano de Nisman fue disparado por él mismo o por un tercero; el juez subrogante Rubén Omar Caro, que sustanció la investigación por Carrasco, terminó sometido a un juicio político del cual zafó. En esa causa fueron condenados dos soldados a 10 años de prisión. Cumplieron 6 y recuperaron la libertad.

Otranto es objetado por tres cuestiones. La demora de 10 días para allanar dos cuarteles de Gendarmería en Esquel y El Bolsón. La denuncia original, dos días después de la desaparición de Maldonado, apuntaba a esa fuerza de seguridad. La decisión de aceptar la negativa mapuche y aplazar un allanamiento en el predio de los incidentes. También molestó al poder su resistencia a realizar una barrida en territorios ocupados por mapuches. Adujo que existe en ese grupo un ánimo beligerante.

Otranto acumula experiencia en la relación con esa geografía y los conflictos. El magistrado fue quien en septiembre del 2016 resolvió la nulidad del pedido de extradición de Facundo Jones Huala, dirigente del grupo Movimiento Ancestral Mapuche (RAM). Aquella solicitud había sido hecha por Chile que lo responsabiliza de hechos violentos. Jones Huala recuperó en ese momento su libertad.

Meses después el mismo juez ordenó la represión contra una protesta mapuche en las vías del ferrocarril La Trochita, en un campo de la empresa italiana Benetton que el grupo ocupa desde hace más de dos años. Hubo heridos y detenidos. De inmediato nació un fuerte enfrentamiento con Mario Das Neves. El gobernador de Chubut le enrostró la libertad de Jones Huala, a quien acusa de provocar incendios en campos productivos de la provincia. La refriega contó con otros actores. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) salió en defensa de Otranto y repudió a Das Neves. Pero dejó verle otra pata a la sota. Ligó los dichos del gobernador con “la embestida política” de Mauricio Macri contra la Procuradora Gils Carbó, los jueces federales y los abogados que administran las causas por delitos de lesa humanidad.

Aquella decisión de Otranto de negar la extradición del líder de la RAM fue apelada. El expediente llegó a la Corte Suprema. La instrucción fue realizada por el mismo juez. Pero también rechazada por los miembros del máximo Tribunal. Se lo devolvieron en calidad de nulo. Jones Huala volvió a ser detenido a fines de junio en Bariloche. De su caso se ocupa ahora el juez Gustavo Villanueva. La Corte aguarda ese informe. Aunque los abogados defensores preferirían otro destino: la Cámara de Casación Penal, donde están Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, de Justicia Legítima.

Ese y otro pleito tienen conexiones con la política exterior. Cuando Macri visitó Chile a mediados de junio, la presidenta Michelle Bachelet le rogó por dos asuntos: las extradiciones de Jones Huala y de Galvarino Sergio Apablaza. Se trata de uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Que condujo incluso en años de democracia. Se lo acusa de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro del empresario periodístico Cristian Edwards. Posee pedido de captura internacional desde el 2004.

Estuvo detenido unos meses en Buenos Aires hasta que el juez del caso, Claudio Bonadío, decidió no conceder el pedido de extradición. En septiembre del 2010 la Corte Suprema autorizó la solicitud de Chile pero la dejó sujeta a la voluntad del Poder Ejecutivo. El último día de ese mes el gobierno de Cristina Fernández le concedió asilo político. Bachelet lo apeló pero todavía no ha tenido ninguna respuesta.

El Gobierno parece haber cometido ante el drama un gran equívoco. Aunque también contó con un soplo de fortuna. Macri se involucró tardíamente en el problema y lo hizo a su manera. Como una cuestión más de las tantas que padece la Argentina. Y no la es. Pero la génesis visceral del ingeniero prevalece. La lejanía, sin embargo, resultó compensada con la estridente sobreactuación de Cristina. La ex presidenta ha convertido a la desaparición de Maldonado en su eje de campaña. Sus aliados –la izquierda y las organizaciones de DD.HH.-- también. Las víctimas del ajuste económico-social pasaron a segundo plano. Se nota demasiado la especulación. Quizás no tenga el reflejo que esperan en las legislativas de octubre.

La oposición está buscando el centro de gravedad que extravió con los resultados de las PASO. Cristina le hizo caso al consejero económico de campaña que más influye en esta época. Es el ex viceministro de Economía, Emmanuele Álvarez Agis, asistente cotidiano al Instituto Patria. Del equipo de Axel Kicillof. El joven la habría convencido: “corramos a la economía del discurso porque la mano viene mejor para el Gobierno”, opinó. La sugerencia caló tan hondo que el kirchnerismo terminó enredando a Gendarmería y el caso Maldonado con la custodia de las elecciones y el escrutinio que vienen. La cortina sirve además para ocultar otras cosas: la posible indagatoria a la ex presidenta por el pacto con Irán, un nuevo pedido de desafuero que caerá sobre Julio De Vido por la causa de Yacimientos de Rio Turbio, el juicio oral y público contra César Milani por enriquecimiento ilícito.

Las aguas parecen divididas, en cambio, entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer. En 1País se advierte una especie de mareo sobre el rumbo que debe tener la campaña para octubre. El diputado demoró 28 días en hablar en público sobre Maldonado. Pidió la renuncia de Patricia Bullrich en caso que el artesano aparezca muerto. Stolbizer también criticó la demora del oficialismo pero, para diferenciarse de los kirchneristas, aclaró que de ninguna manera, por este episodio, podrá decirse que el Gobierno es una dictadura.

Massa está dispuesto a retomar, pese a todo, la agenda económica social. No sabría todavía cómo darle anclaje a ambas cuestiones juntas. Y cavila su subsistencia política para después de octubre. Quizás por esa razón envió delegados al homenaje que el PJ bonaerense organizó para recordar la victoria de Antonio Cafiero en la provincia en 1987. Pero se llevó una sorpresa: la ceremonia fue compartida por La Cámpora. Sus dirigentes, con seguridad, nunca habrán escuchado la opinión que Cristina siempre tuvo de Cafiero. Esa escena del massismo compartida con los K pudo haber provocado algún escozor a Stolbizer. El mismo que sintió Florencio Randazzo cuando resultó invitado. Por ese motivo se ausentó.

Bullrich sería el costo que la oposición pretende hacerle pagar a Macri en la campaña por la desaparición de Maldonado. El Presidente está dispuesto a sostener a la ministro por dos motivos. Le conforma su tarea en la lucha contra el narcotráfico. Aparece, incluso en Buenos Aires, como uno de los reconocimientos al Gobierno. No podría permitir tampoco que le tuerzan el brazo en este tiempo.

Esas convicciones tambalearían sólo si la desaparición de Maldonado devela algún doblez inesperado. 

Eduardo van der Kooy

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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