Jueves, 21 Septiembre 2017 00:00

Caso Maldonado: la proclama mapuche y un muro de mentiras - Por Julio Blanck

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La politización del caso del artesano desaparecido no cede.

 

El viernes pasado, el pequeño sector de la comunidad mapuche organizado en el violento grupo RAM pidió ser aceptado como querellante en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.

Luego de presentar el escrito en el juzgado federal de Esquel, lo anunciaron en una declaración pública firmada como Pu Lof en Resistencia Departamento Cushamen.

En ese texto, una proclama escrita en español intercalado con términos en idioma originario mapuche, RAM se victimiza, pide por la aparición de Maldonado y por la libertad de su líder Facundo Jones Huala, quien está detenido mientras se resuelve el pedido de extradición que hizo Chile.

La proclama dice así:

“A través de este medio comunicamos a pu peñi ka pu lamien (a los hermanos y hermanas) y a la sociedad en general que en el día de la fecha, 15 de septiembre de 2017, hemos presentado el pedido formal para constituirnos como querellantes en la causa "NN s/ Desaparición Forzada de Persona" en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado, siendo nuestras representantes legales la Dra. Sonia Liliana Ivanoff y la Dra. Elisabeth Gómez Alcorta, y nuestra autoridad espiritual y filosófica el Lonko Weichafe (jefe guerrero) Facundo Jones Huala.

“La desaparición de Santiago Maldonado se da en el contexto del constante hostigamiento, los actos represivos y el abuso de las distintas fuerzas estatales de 'seguridad' que viene sufriendo Pu Lof, por lo que somos, al igual que la familia Maldonado, principales damnificados.

“Pedimos a los medios de comunicación y la prensa en general, ser respetuosos y cuidadosos con la información que brindan ya que tanto nosotros como la familia de Santiago hemos sido blanco de mentiras y prejuicios.

"Por la aparición con vida de Santiago Maldonado!!!

"El fin del hostigamiento, la persecución y la represión al Pueblo Mapuche!!!

"Fuera multinacionales, petroleras, mineras e hidroeléctricas de Wall Mapu (todo el territorio mapuche)!!!

"Libertad al Lonko Weichafe Facundo Jones Huala!!!

Marichi wew (diez veces venceremos)!!!”.

La traducción de las expresiones indígenas es gentileza de vecinos de Esquel.

El texto es contundente, pero a su alrededor se pretenden tejer algunas sutilezas políticas y procesales.

El sábado, las abogadas Ivanoff y Gómez Alcorta aclararon a la agencia estatal Télam que ellas actuarán en una causa “que tiene que ver con los abusos de autoridad, disparos de bala y detenciones arbitrarias que Gendarmería cometió el 1 de agosto entre las 11 y las 17 del 1 de agosto”.

Dijeron que se presentaron como querellantes de la comunidad Pu Lof en esa investigación “pero no por la desaparición de Santiago Maldonado”.

Entre sus patrocinados está Matías Santana, que se declara damnificado por los incidentes en Cushamen.

Se trata del activista del RAM que acompañaba a Jones Huala cuando este fue detenido el 28 de junio, en un control de Gendarmería entre Bariloche y El Bolsón.

Ya declaró tres veces en la causa por la desaparición de Maldonado. Dijo haber visto cómo los gendarmes se llevaban al artesano. En cada testimonio fue cambiando su relato para ajustarlo y tratar de salvar las inconsistencias de sus declaraciones anteriores. Es potencial candidato a sufrir una acusación por falso testimonio.

La doctora Ivanoff, radicada en Comodoro Rivadavia, es una consecuente defensora de los derechos indígenas.

Tiene textos publicados sobre el tema. Y una actuación pública no exenta de matices.

En 2013 recibió una condena de dos años de prisión en suspenso por uso de documento falso y estafa procesal. Había falsificado la firma de un documento que suspendía el desalojo de un representante de los pueblos originarios de un campo que había ocupado. Así lo informó entonces el sitio elpatagonico.com.

La doctora Gómez Alcorta es abogada de derechos humanos, docente de la UBA y miembro fundadora de la Sociedad de Abogados de Derecho Indígena.

Trabajó en el Ministerio de Justicia durante la gestión de Cristina Kirchner y renunció a comienzos de 2016. Oriunda de San Isidro y cercana al CELS, defiende a Jones Huala y meses atrás tuvo visibilidad pública como defensora de Milagro Sala, la líder del movimiento Tupac Amaru que está procesada, condenada y con prisión domiciliaria en Jujuy.

Según Gómez Alcorta, hay paralelismo entre el caso Sala y el de Jones Huala porque desde el gobierno de Macri existiría “una clara decisión de combatir al enemigo político, ya sean referentes sociales, indígenas o políticos, por medio de la persecución judicial”. Suena parecido al argumento de Cristina Kirchner para defenderse a sí misma.

Esta semana Gómez Alcorta escribió en el diario Página/12 que lo que está en disputa en el caso Maldonado es “la verdad de los hechos”.

En ese artículo acusó al Gobierno y a los principales medios de comunicación de difundir versiones engañosas o directamente falsas sobre Maldonado.

Llama verdad a las teorías que sostienen en el juzgado o en los medios los mapuches del RAM, que ponen la cara y las palabras a los argumentos y las versiones que elabora la red de abogados y fiscales que forman parte del dispositivo judicial montado por el kirchnerismo antes de que Cristina dejara el poder.

Con todo, la abogada asegura que no es kirchnerista. Critica que “la agenda de los pueblos indígenas no entrara en los 12 años de la gestión del anterior gobierno” y confirma que Facundo Jones Huala “fue investigado de modo ilegal por un agente de la AFI en 2014 y 2015”.

Con buena parte de razón sostiene además que “se intenta presentar que el kirchnerismo está atrás del caso de Santiago; por lo tanto todo aquel que esté del otro lado de la grieta debe dudar de la desaparición forzada”.

En el marco de este debate político que lleva ya siete semanas, ayer grupos de activistas mapuches volvieron a protagonizar incidentes en el juzgado de Esquel.

Tuvieron tomada esa sede judicial. Allí pidieron la renuncia del juez Guido Otranto, quien ya había sido recusado por la familia de Maldonado y criticado por el gobernador peronista de Chubut, Mario Das Neves, por su supuesta obediencia a La Cámpora.

A pesar de que le atribuyen cierta postura anti-Macri, el juez Otranto se resistió a asumir como válidas las sucesivas hipótesis de desaparición planificada y ordenada que le plantearon la familia Maldonado y las organizaciones de derechos humanos, con el CELS a la cabeza, que también están reconocidas como querellantes.

Quizás esa resistencia le esté valiendo la seguidilla de recusaciones. El CELS lo hizo esta semana, en base a las declaraciones que el magistrado hizo al diario La Nación.

Por cierto, al juez Otranto no le disgustaría alejarse cuanto antes de la causa. Pero el Gobierno prefiere que siga allí, porque de lo contrario -argumentan- la investigación podría retrasarse todavía más.

Como informó Clarín el domingo, la familia Maldonado reclamó que se unificaran las querellas y se coordinaran los pasos judiciales con sus abogados.

Fue un modo de plantear a los organismos de derechos humanos que dejen de lado su extrema politización del caso.

Según la familia, eso ayuda a demorar la investigación. Tampoco les agradaría el pedido de los mapuches para ser querellantes, maniobra detrás de la cual ven esos mismos intereses políticos. Un pedido similar de unificación de querellas hizo la fiscal Silvina Ávila.

Bajo todo este ajetreo subyace una sorda disputa política.

El Gobierno, que se dice -además de la familia- el único de verdad interesado en que aparezca Maldonado, confía en que el caso resulte neutro en términos electorales cuando falta un mes para los comicios. Es una visión puramente instrumental que bastardea la construcción colectiva del Nunca Más.

A la vez, la desaparición del artesano se ha visto atenuada como eje de la campaña electoral kirchnerista, quizás por la ausencia de avances en la causa y la fragilidad de presunciones que hasta ahora no fueron sostenidas en los hechos.

En el kirchnerismo no es novedad la degradación de los derechos humanos a la categoría de herramienta funcional a la construcción de poder.

Según una alta fuente del gobierno de Macri, la hipótesis que hoy se impone en la Casa Rosada es que “hay gendarmes que mintieron y también hay mapuches que mintieron”.

Es la posición que hizo pública durante el fin de semana Germán Garavano, el ministro de Justicia.

Lo que suponen es que algunos gendarmes saben qué pasó con Maldonado en la persecución hacia el río Chubut. Y que si hubo una acción brutal de esos uniformados que dejó malherido o muerto a Maldonado, hay mapuches que saben dónde está el cuerpo, que aún no fue hallado.

Es más fácil decirlo que penetrar esos muros de silencio detrás de los que se oculta una verdad impostergable: saber dónde está Santiago Maldonado. 

Julio Blanck

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