Domingo, 22 Octubre 2017 00:00

Escenario trastocado - Por Eduardo van der Kooy

Escrito por 
Valora este artículo
(1 Voto)

El Gobierno llegaba a las elecciones legislativas de hoy con la presunción de que la desaparición de Santiago Maldonado iba a permanecer como un enigma durante mucho tiempo.

 

Incluso se animó a emparentarlo con el caso de Julio López. El albañil, testigo en el juicio del represor Miguel Echecolatz, también desapareció en septiembre del 2006 y jamás se supo nada. Pero el cadáver del joven artesano apareció flotando en el río Chubut. Dentro del “territorio sagrado mapuche” y muy cerca de dónde el primer día de agosto se produjo la refriega con Gendarmería. El escenario y la agenda pública han sufrido un vuelco brusco.

Ese cambio tendrá registros inmediatos. El Gobierno resolvió acotar cualquier celebración ante los posibles buenos resultados en las urnas. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, hizo una consulta con los principales dirigentes de sus socios en Cambiemos. Nada de globos, ni de bailes. Tampoco amanecerá la semana política que se había previsto. La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados parecía destinada a absorber la atención con el tratamiento del desafuero de Julio De Vido. Lo solicitó la Sala II de la Cámara Federal para poder detenerlo en una causa por malversación de fondos públicos. Su ex mano derecha, Roberto Baratta, ya cayó. El diputado y ex ministro de Planificación planearía renunciar para no regalarle un espectáculo adicional a Cambiemos. Ese foco resultó también empalidecido por la aparición del cadáver de Maldonado.

Por esa misma razón el destino de la interpelación pública sufrió un cambio. El teatro estaba dispuesto para que el kirchnerismo –con Cristina Fernández incluida-- participara en otro acto de rendición de cuentas por la corrupción de la década pasada. Pero aquella interpelación, apenas 24 horas después de la revalidación electoral, podrá caerle sobre la espalda al Gobierno. Mauricio Macri enfrenta su problema político más delicado en dos años. Que si se lo desmenuza bien, encajaría en el catálogo de demandas prioritarias que la sociedad expresó en las PASO y, en una dimensión ampliada, ratificaría hoy. El reclamo social en favor de una regeneración institucional y ética prevalece sobre las penurias económicas. Un dato novedoso, aunque todavía precario, en la Argentina.

El caso Maldonado estaría desnudando cuatro costados objetables del gobierno de Macri. El primero sería la indolencia política para calibrar episodios de la realidad que no circulan por el radar central. El segundo, el margen de acción que el poder político consintió a la Gendarmería. Motor de una puja interfuerzas. El tercero, la injerencia de los estamentos de la inteligencia que resurgen como la carroña. El cuarto, la acción de la Justicia y la inoperancia manifiesta del Estado cada vez que le toca intervenir en una instancia límite.

En la tragedia que conmueve al país se conjugaron todos esos elementos. El Gobierno reaccionó con extrema lentitud cuando se produjo el desalojo en la ruta 40, la persecución dentro de la geografía mapuche y la desaparición del joven artesano. Eran las semanas previas a las PASO. La conducción del tema se circunscribió a Patricia Bullrich. La ministro de Seguridad defendió a capa y espada la actuación de los gendarmes. Allí se abrió una brecha definitiva con los familiares de la víctima, los mapuches, las organizaciones de derechos humanos y la oposición.

El Gobierno hubiera quedado, tal vez, en una posición menos incómoda con alguna medida preventiva. Separar a los jefes de aquel operativo en la ruta 40 mientras se realizaba la investigación. Bullrich confió en la teoría que Maldonado podía haber muerto por una puñalada durante un incidente en una feria cerca de Epuyén. Incluso convenció al gabinete. Pero las pruebas de ADN derrumbaron la esperanza. Recién entonces la ministro empezó a tomar distancia de los mandos de Gendarmería. Aceptó la posibilidad de que hubiera ocurrido algún exceso. También Macri consideró oportuno sustituir al comunicador público en el caso. Desde hace algunos días desempeña esa tarea Germán Garavano, el titular de Justicia.

En simultáneo, comenzaron a brotar guerras solapadas. Desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que dirige Gustavo Arribas, se escurrió información con la tesis que Maldonado había huido hacia Chile. Quizás de esa fuente abrevó Elisa Carrió para decir uno de sus espantos en la campaña. Es cierto que existen no menos de tres senderos clandestinos entre la Argentina y Chile en aquella zona de mapuches. En los cuales se comercia de todo. Pero no existió una sola pista sólida sobre la presunta fuga de Maldonado.

La tragedia resultó intoxicada en dosis por otros conflictos. Los que Gendarmería comenzó a sostener con la Policía Federal. El punto de partida de esa pulseada –según fuentes de seguridad e inteligencia-- habría sido la intervención de gendarmes en el nuevo peritaje sobre la muerte de Alberto Nisman. Ese informe concluyó que el fiscal resultó asesinado por dos personas. Una tesis contrapuesta al trabajo policial realizado inmediatamente después del desenlace fatal.

La Policía traficó con insistencia información que adjudicó la responsabilidad a Gendarmería por la desaparición de Maldonado. A través de la Procuración Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), que depende de Alejandra Gils Carbó, se divulgó un bando policial acusando a Gendarmería de haber matado al artesano. Esa maniobra continuó incluso hasta después de la aparición del cadáver.

Existiría en esa lucha un trasfondo más profundo que excede al drama de Maldonado. El Gobierno, desde su arranque, concedió a Gendarmería un papel protagónico en varios planos. En especial, el combate contra el narcotráfico. Bullrich cosechó, teniendo en cuenta la magnitud y gravedad del tema, buenos resultados. Eso explica el respaldo que mantiene Macri hacia ella, pese a las dificultades. La Policía, en cambio, fue traspasada a la Ciudad y su estructura tradicional quedó absorbida por la Metropolitana.

Otro punto calamitoso de la esta historia habría que fijarlo en la Justicia. El juez original de la causa, Guido Otranto, dilapidó tiempo valioso para las investigaciones. Demoró 19 días, por ejemplo, en allanar dos cuarteles de Gendarmería, en Esquel y El Bolsón, y otro en José de San Martín. Cuando requisó el primero alertó al segundo sobre su visita. Arreciaban por entonces denuncias sobre la supuesta responsabilidad de esa fuerza de seguridad. También aplazó una inspección en tierras donde los gendarmes habían perseguido a Maldonado. Acató la prohibición mapuche por tratarse de “tierras sagradas”.

Gustavo Lleral, el nuevo magistrado, debió entablar una negociación con esos grupos para franquear el paso de la Prefectura que descubrió el cadáver del artesano. La Justicia pareciera disponer en el sur argentino de principios y códigos que serían desconocidos por aquí. Aquellos jueces le reconocieron de hecho pertenencia y jurisdicción a los mapuches. Tampoco resulta sencillo comprender otras cosas. Lleral dejó la zona donde se halló el cadáver bajo vigilancia mapuche, sin presencia judicial. La PROCUVIN aceptó durante el proceso tomar declaración a testigos sin identificación y encapuchados. Quebracho estaría en derecho de presentar un recurso judicial reclamando trato igualitario.

Sobre esa realidad deplorable, la política y las instituciones de la Argentina parecen enfrentarse de nuevo a un desafío ante el cual han sido recurrentemente derrotadas: la simple búsqueda de la verdad. Ahora por la muerte de Maldonado. De una verdad que sirva para ahuyentar las sospechas blindadas. Que evite repetir la vergüenza de Nisman. No es común que una muerte, como la del fiscal, pueda bascular tanto entre polos extremos: el suicidio o el homicidio perpetrado por dos asesinos.

Aquel desafío no asoma sencillo porque el caso Maldonado, como sucede con Nisman, acontece sobre un colectivo fragmentado que tiende a querer escuchar sólo las razones deseadas. Quizás porque ha dejado de creer en la impartición de la Justicia. El nacimiento y el desenlace de esta última tragedia, por otra parte, abonaría esa corriente. Las organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición arrancan de la convicción que el cuerpo del artesano no apareció por casualidad. Para ellos fue plantado. Habrá que esperar hacia donde se orienta la investigación.

Los interrogantes pueden no tener fin. ¿Cómo pudo ser que en 79 días ese cuerpo nunca haya sido avistado en tierra sagrada mapuche y a metros de los puestos de guardia? Allí los ocupantes suelen recoger agua y leña seca. ¿Cómo no pudo ser avistado en tres rastrillajes anteriores que describió la abogada de la familia, Verónica Heredia? ¿Esos rastrillajes de verdad sucedieron? Las constancias de Prefectura indican lo contrario.

¿Qué motivos podrían explicar que el cuerpo de Maldonado haya aparecido ahora? ¿Acaso ayudaría a un Gobierno que venía relajado para la jornada electoral? Una réplica se fundaría en una presunta e intimidante exhibición de impunidad de parte del poder. Otra, en que el artesano habría sido prenda de una batalla entre fuerzas de seguridad e inteligencia que sobrepasarían al propio Gobierno.

¿Si el cuerpo fue plantado, estuvo antes en tierra o sumergido? ¿Quién pudo esconderlo tanto tiempo? ¿Con qué logística? ¿Cómo entraron subrepticiamente los asesinos a territorio sagrado?

Imposible rescatar una certeza frente a tanto delirio. 

Eduardo van der Kooy

Visto 846 veces

Fundado el 4 de agosto de 2003

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…