Martes, 21 Noviembre 2017 00:00

El "arrepentidismo", una política de Estado - Por Hernán Cappiello

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La delación es bienvenida, pero los delatores son detestados. Por más prejuicios morales que ahora invoquen los funcionarios del Gobierno, Cambiemos montó su lucha contra la corrupción kirchnerista sobre la base del "arrepentidismo" y la prisión preventiva.

 

Los arrepentidos son la base del avance de los casos de corrupción que involucraron al kirchnerismo. El ejemplo brasileño del Lava Jato tentó a los funcionarios del Gobierno. Pero se toparon con las trabas que impone la legislación local. En Curitiba, los empresarios terminaban mandando al frente a los funcionarios, pero acá además de las trabas legales que impidieron aplicar una inmediata reducción de penas a los corruptos confesos, el apellido de la familia Macri se cruzó en las investigaciones. Iecsa, de Angelo Calcaterra, el primo de Macri, integró la UTE con la brasileña Odebrecth para el soterramiento del Sarmiento. Odebrecth confesó en Brasil que pagó sobreprecios mediante intermediarios para asegurarse el contrato.

La confesión de los "arrepentidos" de Odebrecht nunca llegó a la justicia local en forma de prueba legal. No llegaron las declaraciones de los empresarios admitiendo la coima. No obstante, la Cámara Federal (el camarista Martín Irurzun y su colega Eduardo Farah) le ordenaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi que a pesar de la dificultad para obtener las confesiones (que viene publicando Hugo Alconada Mon en LA NACION), avance con otras medidas sobre la contabilidad de Odebrecht y sus ex socios locales Iecsa y Ghella. El fiscal Franco Picardo prepara esta semana un pedido con una batería de medidas para avanzar en ese sentido. Por falta de arrepentidos locales, por falta de justicia o de una legislación eficiente o por falta de imaginación, en la Argentina hay cero condena mientras que en Brasil, en los últimos 3 años, hay 130 condenas por el Lava Jato.

En otra causa paralela el juez Sebastián Casanello está indagando a los principales empresarios de la construcción de la Argentina por dos obras donde Odebrecth era proveedora de Aysa. Es el más adelantado de sus colegas federales. No hay ex funcionarios entre los imputados.

Todavía no hubo arrepentidos locales en el Lava Jato, pero donde sí hubo "arrepentidismo" en la versión local del escándalo de la corrupción de la obra pública: la que mantiene preso a Lázaro Báez. Allí el ex asesor financiero Leonardo Fariña -ex Rodete, porque ahora está pelado- contó cómo era la negociación con el Ministerio de Planificación para que Lázaro Báez fuera favorecido con la obra pública del kirchnerismo. Mandó al frente a empresarios y a ex funcionarios.

El arreglo para que hablara Fariña fue con "el lado oscuro de la fuerza", agentes de los servicios de inteligencia, que como en el kirchnerismo, rondan los tribunales. El fiscal Guillermo Marijuan fue el interlocutor con Fariña, que declaró como arrepentido. Pero las negociaciones de impunidad dejaron fuera acusaciones por evasión fiscal por la compra de un campo en Mendoza, que Fariña adquirió en comisión. Por esa omisión, la AFIP le acaba de pedir una condena de 7 años de cárcel a Fariña, el financista de Báez. Laura Alonso, por la Oficina Anticorrupción, es decir el Gobierno de Macri, ataca al titular de la AFIP Alberto Abad por impulsar esta inédita pena contra su arrepentido, que pone en riesgo todo el acuerdo. El afán recaudatorio o la vieja línea de Ricardo Echegaray pueden más.

Fariña ya no maneja Ferraris rojas, pero zafó de la cárcel, está en el programa de imputados protegidos. Karina Jelinek, su ex esposa, no se lo perdona. Sin embargo, él está en libertad. Vigilado, por ocho Albatros de Prefectura que velan por su vida día y noche, pero está libre. Y ahora se expone a una condena. No es lo que había pactado.

Fariña mencionó a Cristina Kirchner, el premio gordo, pero alcanzó solo para que quedara imputada en la causa de Casanello del reparto de la obra pública santacruceña al empresario favorito. Son vanos los intentos de la Unidad de Información Financiera (UIF), es decir el Gobierno, para que el juez indague a Cristina Kirchner en esa causa. Sí está procesada en las otras tres derivadas de la obra pública: Hotesur, Los Sauces y las rutas patagónicas otorgadas con favoritismo a Báez

Fase dos de la misma operación. Los hijos menores de Lázaro Báez negociaron con el Gobierno convertirlo en arrepentido. Hablaron en su nombre. Se reunieron con el fiscal Marijuan, averiguaron lo que dice la ley, pero se quedaron en el molde. Lo intentó con Báez el ministro de Justicia, Germán Garavano, pero todo quedó en la nada. Los Báez hicieron cuentas. En abril próximo, Lázaro Báez cumplirá dos años detenido, le basta para pedir la excarcelación sobre la base de que se estaría vulnerando el límite de dos años en prisión preventiva sin condena, establecido por los tratados de Derechos Humanos, incorporados a la Constitución Nacional. Falta poco, lo alienta su hijo Martin. Después de que Suiza, a pedido de Casanello y de la UIF, informó que todos son beneficiarios finales de cuentas en ese país por donde pasaron millones de dólares de la corrupción, todos están procesados por lavado de dinero y nada les evitará tener que enfrentar un juicio en 2018.

Otro arrepentido, el ex CEO de Torneos y Competencias Alejandro Burzaco, confesó ante un tribunal de Nueva York que Futbol para Todos era un negocio del kirchnerismo basado en los sobornos más que en el futbol gratis. Explicó cómo Julio Grondona cobró coimas por mundiales que iban a suceder en 20 años y cómo, con la estatización del futbol, la coima la pagaba el Estado. El fiscal Gerardo Pollicita acaba de pedir la indagatoria de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, por comprar derechos del Futbol con sobreprecios; de Pablo Paladino, ex coordinador del programa Fútbol para Todos, y del ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto. En Nueva York no se embroma. Hablar es la diferencia entre la libertad o una condena de tres cifras.

Un éxito local del "arrepentidismo" es Alejandro Vandenbroele. El hilo se corta por lo más delgado. Era el supuesto testaferro de Amado Boudou, para quedarse con la imprenta Ciccone, que fabrica billetes. Boudou terminó preso, pero no claudicó. Tampoco lo hizo su amigo y socio José María Nuñez Carmona, también detenido por el juez Arel Lijo, cuando el Consejo de la Magistratura amenazaba con motorizar una investigación en su contra por demorar causas. Lijo ganó tiempo, y el ex vicepresidente de Cristina Kirchner recibe en prisión la visita de su novia, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, embarazada de siete meses de sus mellizos. Fue detenido en su departamento de Puerto Madero, cuando su mujer y su suegra dormían allí.

Fueron las gestiones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich las que consiguieron aflojar a Vandenbroele. Germán Garavano aportó el programa de protección de testigos e imputados. Vandenbroele primero pidió un millón de dólares. Lo rechazaron. Empezó el juicio en su contra y se avino a hablar. Señaló a Boudou, a Ricardo Echegarary, al gobernador Gildo Insfrán, y al banquero Jorge Brito, como quien puso la plata, junto con Raúl Monetta para financiar la quiebra de Ciccone. Dijo que Brito le pagó una manutención y a su abogado. Alcanzó para que el fiscal Jorge Di Lello, tras escuchar 10 horas de confesión el miércoles pasado le pidiera a Lijo que tome las medidas necesarias para que el banquero no interfiera en la investigación. Brito, el viernes, pidió licencia como director y presidente del Banco Macro y Lijo se tomó el fin de semana largo para disponer medidas. Hoy Boudou planea recusar a Lijo. Si lo lográ evitará poner al juez en la disyuntiva de tener que tomar alguna medida contra Brito, que fue uno de los invitados a su casamiento.

Hoy se reanuda el juicio contra Boudou en el caso Ciccone y la audiencia promete sorpresas. El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, buscará que la declaración de Vandenbroele como arrepentido sea incorporada al debate.

El gobierno de Mauricio Macri no abandona otros intentos de conseguir que imputados de corrupción se arrepientan, pero por ahora sin resultados: José López, ex secretario de obras públicas, preso desde que se tropezó con la policía cuando buscaba esconder 9 millones de dólares se mantuvo callado; Ricardo Jaime, preso y condenado, se mantiene en silencio.

Julio De Vido, el jefe de todos ellos, preso desde hace casi un mes, manda mensajes al kirchnerismo y al peronismo a través de su esposa Alessandra Minnicelli, pero no abre la boca. "Tiene mucho que contar", dice su mujer.

No casualmente la semana pasada la Cámara Federal publicó un fallo de un caso menor contra una mujer por narcotráfico, en el que recuerda que la libertad es el beneficio inmediato que pueden obtener los arrepentidos. Un mensaje que De Vido aún no recibió.

El fiscal Carlos Stornelli, que pidió su detención, lo espera en su despacho dispuesto a escuchar.

Minnicelli dice que su esposo no tiene nada de que arrepentirse, pero el peronismo lo visita en su celda de Marcos Paz para asegurarle que lo respalda. En el Gobierno la delación es bienvenida, aunque para el peronismo su máxima es la lealtad. 

Hernán Cappiello

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