Jueves, 11 Enero 2018 00:00

El conflicto social y la violencia que oculta la Argentina - Por Eduardo van der Kooy

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El ministerio del Interior aprovechó los primeros diez días de enero para correr el árbol que en el último mes del 2017 no permitió calibrar adecuadamente –modismo incorporado al lenguaje de Cambiemos—la abundancia del conflicto social y los latigazos de violencia en la Argentina.

 

Traducido: la batalla por la reforma previsional en el Congreso y el salvajismo callejero en la Ciudad sirvieron para ocultar una cadena de distintos episodios que jalonaron la vida política en el interior. Alcanza con una estadística para tomar conciencia sobre la dimensión del problema: amén de la Capital y Buenos Aires, donde también se produjeron desórdenes en la Legislatura, en otras once provincias se replicaron protestas e incidentes por asuntos de índole nacional y también locales. Más de la mitad del país estuvo peligrosamente muy cerca de un punto de hervor. La recopilación fue realizada por la consultora Diagnóstico Político. Sirvió de base para la evaluación del ministro Rogelio Frigerio.

Los territorios involucrados ofrecieron un menú variado de razones. Córdoba fue epicentro de protestas de estatales y de la confluencia de grupos de izquierda radicalizados con el kirchnerismo para repudiar la reforma previsional. Santa Fe vivió la tragedia (un muerto) por la explosión de una planta aceitera que derivó en una huelga nacional del gremio. En Rosario, como en Córdoba, aquellos mismos actores se movilizaron en defensa de los jubilados. En Misiones hubo una interrupción del puente internacional Posadas-Encarnación por un reclamo de taxistas. En Tucumán los bloqueos corrieron por cuenta de los tabacaleros. En Jujuy se registró un choque (con heridos y detenidos) entre trabajadores del ingenio azucarero La Esperanza y la policía provincial. En Neuquén se produjeron los disturbios más serios de todo el interior por la reforma previsional, siempre motorizados por el kirchnerismo y la izquierda. En Santa Cruz, la última sesión de la Legislatura concluyó con violentos incidentes en las protestas contra el pacto fiscal firmado por la mandataria, Alicia Kirchner, en la Casa Rosada. Ese fuego fue atizado además por otras decisiones domésticas.

Aquel paisaje permitiría sacar, al menos, un par de conclusiones. En primer lugar: la reforma previsional tuvo una onda expansiva que se desparramó por toda la Nación. No es casualidad que sea la razón central, por ahora, de la fuerte pérdida de imagen que afecta a Mauricio Macri. También, que la larga y estéril lucha contra la inflación (con tasas de interés altas y dólar retenido) ha provocado daños en sectores productivos del interior. El suave giro económico del Gobierno apuntaría a mitigar esos efectos y sostener el módico crecimiento económico previsto para 2018. Pero es temprano para conocer el efecto de la pequeña baja de tasas que Federico Sturzenegger hizo desde el Banco Central.

La Casa Rosada computa, para ese objetivo, otra herramienta. El pacto fiscal que firmó con todos los gobernadores, excepto el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Esos fondos saldrán del ahorro que el Estado obtendrá con el nuevo cálculo para ajustar los haberes de los jubilados. Gatillo de la última tormenta política. Verdadera paradoja, aunque no la única. Macri consiguió aquella meta gracias al acuerdo que hizo con gobernadores del PJ. Incluida Alicia Kirchner de Santa Cruz. Pero su cuñada, Cristina, fue quien lideró la resistencia del kirchnerismo. Votó en contra en el Senado. Aunque su provincia adoptiva y la de su familia recibirán finalmente el beneficio de los fondos que girará la administración central.

Tal contradicción se ha incrustado como una espina en la ardiente interna pejotista-kirchnerista. Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque peronista en el Senado, habló de “hipocresía”. Porque la ex presidenta y su tropa expusieron a los mandatarios que votaron la reforma previsional como “colaboracionistas” de Macri. En los papeles, el kirchnerismo, más allá del relato parlamentario, también terminó obteniendo su tajada.

Esa no representa una contradicción aislada. Cuando se aprobó la Ley de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados, en 2016, algunos disputados del FPV, como Máximo Kirchner, votaron afirmativamente el artículo que instruía al Poder Ejecutivo a establecer acuerdos con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación –entre ellos Santa Cruz—a fin de compensar las asimetrías pendientes.

La provincia de los Kirchner exhibe el sistema previsional más descalabrado. Los intentos de ordenamiento fracasaron. La Caja de Previsión Social de Santa Cruz cerró el 2017 con un pasivo de $4.000 millones. El 2016 la encontró en $3.880 millones. Pero entre uno y otro período se advirtió una diferencia en la administración central de la provincia: el último balance arrojó un superávit de 860 millones. Obtenido, en buena medida, con la ayuda financiera de la Casa Rosada.

Las estadísticas señalan que existen en Santa Cruz unos 25 mil jubilados y pensionados frente a unos 40 mil activos. En su mayoría pertenecientes a la planta del Estado. Los haberes se abonan con mucho retraso. Demasiadas veces en cuotas. Con la firma del pacto fiscal, Frigerio convino con Alicia Kirchner la necesidad de una drástica reforma del sistema previsional. Pero el contexto político en esa provincia no ayuda. Se trata de un conflicto que desde allá y desde acá se deberá desactivar. 

Eduardo van der Kooy

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