Viernes, 19 Enero 2018 00:00

En medio de la pelea con los gremios, grave falta ética de Triaca le da letra a opositores - Por Hugo E. Grimaldi

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Cuando a los gobiernos los alcanza de lleno la paranoia del ejercicio del poder están en serios problemas porque suelen perder el Norte, sobre todo cuando hay que tener la mente bien fría, tal cómo se necesita ahora mismo para encarar un año bien difícil en materia económica y social.

 

Es sabido que cuando los gobernantes se quedan escondidos detrás de los cortinados y enredados en telarañas que involucran mucha imaginación, sospechas, eventuales persecuciones y operaciones de prensa (hoy potenciadas por liviandad de las redes sociales, la necesidad de rating y la escasa rigurosidad que muestra el periodismo), en su confusión suelen dejar de lado lo más importante.

Por ejemplo, en la Casa Rosada estaban obsesionados ayer por conocer quién armó y potenció tanto el caso de los jugadores de Boca Juniors, por elucubrar cuál fue el papel de la barra brava xeneize y su conexión con los abogados de las denunciantes, por el costo político que está pagando el presidente del club, Daniel Angelici y, por elevación, por saber cómo afecta todo el episodio a Mauricio Macri. También se preguntan por qué el caso de Jorge Triaca salió a la luz varios meses después de haber sucedido y si bien tienen en claro que sus errores han sido monumentales patinadas que afectan al Gobierno todo en materia de imagen, prefirieron mandarlo de vacaciones para no entregarle su cabeza en bandeja al sindicalismo.

Según explican en Balcarce 50, la situación del ministro de Trabajo debe plantearse en el contexto de la puja por las próximas paritarias, tras las declaraciones que hizo esta semana el Jefe de Gabinete, Marcos Peña: "Las paritarias son libres, pero consideramos es que es muy importante que la sociedad se comprometa con la meta de 15% para este año porque la lucha contra la inflación no es algo solo del Gobierno". Para los gremios sin dudas esta definición es ponerle un techo a la negociación salarial, sobre todo porque trascendió que no se piensa convalidar una cláusula gatillo que asegure al menos un empate (ya se verá), mecanismo que el año anterior destrabó más de una situación difícil.

Quienes primero comenzaron a pujar fuerte fueron los docentes bonaerenses, muy molestos porque la gobernadora María Eugenia Vidal aún no los había convocado cuando se conoció el Decreto de la discordia con respecto a la paritaria nacional. Hasta hace dos años, en esta primera negociación se determinaba el piso del salario del maestro de grado por encima del salario mínimo vital y móvil desde donde luego partían las provincias. En la nueva reglamentación del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo se fijó directamente el valor en 20% para este año (tal como había ocurrido el año anterior) y además se modificó la cantidad de representantes gremiales, lo que le quitó peso específico a Ctera en la mesa de discusión. Por supuesto, que toda esta situación metió mucho ruido a nivel gremial y ahora, la puja se va a dirimir seguramente en la Justicia y hasta en la OIT.

Para darle un marco a toda la situación actual frente al gremialismo, tampoco debe dejarse de lado la pelea de fondo que existe en el ámbito sindical, la de una futura Reforma Laboral que el Gobierno dice que necesita y que hoy está en el freezer, proyecto que se cayó en diciembre pasado por presión del senador Miguel Pichetto y alusiones moyanistas a la Banelco. El rionegrino consideró que Ejecutivo debía arreglar primero un texto con los sindicatos y sobre todo que estos, entre sí, tuviesen una posición unánime antes de enviar el proyecto al Congreso, cosa que el Gobierno, según Peña, no hará tampoco en febrero ya que no habrá sesiones extraordinarias.

Lo que está bien claro es que la Casa Rosada eligió para confrontar al adversario que menos consenso tiene entre la población. No hay una sola encuesta de imagen que no ponga a los sindicalistas, a sus métodos gremiales y sobre todo a su situación personal en el máximo de descrédito social. La desconfianza generalizada en la corporación sindical es un factor que le da al Gobierno cierta ventaja a la hora de la pelea y en este punto tiene que ver que, en las últimas semanas, los jueces han metido presos a varios de ellos por cuestiones que van desde la presunta extorsión al enriquecimiento desmedido.

En medio de operativos mediáticos, observar armas de todos los calibres, montañas de plata o docenas de autos de alta gama por televisión ya resulta obsceno. Hasta ahora, han sido cuatro los casos de sindicalistas presos que se han dado durante esta gestión de gobierno, acción que Cambiemos endilga a la Justicia, pero que el resto del gremialismo supone que el Gobierno fogonea con el ánimo de disciplinar a otros dirigentes, a la familia de Hugo Moyano en primer lugar, con un tira y afloja alrededor de las empresas que se les atribuyen:

  • Omar Caballo Suárez, ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), detenido en setiembre de 2016; luego de haber pasado por una controvertida prisión domiciliaria fue enviado a Marcos Paz esta misma semana;

  • Juan Pablo Pata Medina, secretario general de la Uocra en La Plata, quien cayó en 2017 junto a familiares y amigos, todos acusados de extorsión y asociación ilícita y hoy presos en Ezeiza;

  • Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y director del Diario Hoy (La Plata) junto su esposa, detenidos en el Uruguay, a quienes se lo investiga por lavado de dinero y;

  • Humberto Monteros, secretario general de la Delegación de la Uocra de Bahía Blanca, quien está acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita que integraban otros gremialistas, también presos.

Es en medio de todos estos tironeos con el sector sindical que aparece el episodio Triaca como una frutilla más que agria para el Gobierno. A la hora de evaluar, hay dos situaciones dentro de esa situación que se han difundido a nivel masivo entre la opinión pública: el calibre de los insultos surgidos de su propia voz que circularon profusamente por las redes sociales, exabruptos de grueso calibre dedicados a una empleada aparentemente desatenta por los que pidió disculpas y la eventual informalidad laboral de la misma, en todo caso una situación llamativa debido a que su presunto patrón era nada menos que el ministro de Trabajo.

El grueso de la gente se quedó con esta parte del caso, justamente porque esa parte de la mancha fue la que hicieron circular casi como venganza el propio sindicalismo y muchos kirchneristas avispados, deseosos siempre de encontrarle el pelo al huevo para emparejar tantos con el oficialismo y minar las convicciones de sus votantes bajo el esquema de igualación política que ponen en práctica a diario en todos los frentes: nadie orina agua bendita.

Es paradójico que, justamente en estos dos puntos, las explicaciones, aunque insuficientes, hasta podrían resultar atendibles. Sin embargo, la cuestión de fondo, la que puso en guardia al Gobierno, pasa por el tercer eje del caso, ya que al designar el ministro a la misma empleada del conflicto como delegada interventora en una seccional del sindicato del Caballo Suárez con sueldos pagados por los afiliados a ese gremio, todo el episodio terminó siendo un fallido de carácter conceptual.

Si se lo mira desde este costado mucho más grave, lo que cometió Triaca fue un pecado de carácter ético, irredimible políticamente porque impacta de lleno en la filosofía que pregonó desde siempre Cambiemos. El ministro emparentó de modo directo al gobierno que se ufana de haber llegado para cambiar la cultura del atraso con la peor tradición argentina del clientelismo de conservadores, peronistas, radicales y aún de militares y barrió con la transparencia y el orgullo de decir la verdad que tanto pregona el Presidente. Y además le brindó a los opositores extremos el argumento que más les gusta expresar para meter a todos en el mismo lodo: ellos (el Gobierno) son iguales a nosotros.

Hugo E. Grimaldi

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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