Viernes, 09 Febrero 2018 00:00

Vuelta a la sensatez - Por Sergio Crivelli

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La ministra de Seguridad explicó con toda claridad que el primer bien a proteger es la vida de los ciudadanos que no delinquen

 

En una reciente aparición en los medios la ministra de Seguridad defendió al policía que mató a un delincuente que acababa de apuñalar con fines de robo a un turista y representaba un peligro grave e inminente para cualquier otra persona que se cruzaran en su huida. El delincuente había actuado con ferocidad ante la resistencia de su víctima a entregarle una cámara y lo había apuñalado repetidamente. Sorprendido in fraganti y perseguido, huyó y el delito estaba en pleno curso cuando fue abatido. El juez interviniente calificó de manera incorrecta la actuación del policía como un caso de exceso de defensa, lo procesó y embargó.

Conocido el hecho el presidente de la Nación recibió al policía y comenzó de inmediato el sermón de medios y periodistas supuestamente progresistas sobre el gatillo fácil. Pusieron al delincuente en el lugar de la víctima y a las víctimas reales de su violencia en el lugar de victimarios. Llamativamente no hubo políticos que asumieran la defensa del ladrón apuñalador, pero era cuestión de tiempo para que el caso se convirtiera en un sucedáneo del papelón histórico del de Santiago Maldonado.

Saliendo al cruce de la monserga mediática, la ministra ratificó la decisión de gobierno de respaldar a la policía que cumple su función de defensa de la comunidad. Explicó que actuó de acuerdo con los protocolos establecidos y en cumplimiento de su deber de funcionario público. Aclaró que de acuerdo con el criterio del actual gobierno las fuerzas de seguridad no son las principales culpables en un enfrentamiento y que se está cambiando la doctrina de la culpa de la Policía.

La nueva doctrina consiste en que es el Estado el que realiza las acciones para impedir el delito. Esto que sería una perogrullada en cualquier país civilizado, en la Argentina comporta una novedad. La idea es invertir la carga de la prueba, ya que el policía que cumplía con su deber iba preso. Bajo esas condiciones y para evitarse problemas, ¿qué funcionario policial iba a enfrentar a delincuentes peligrosos? La ministra prometió cambiar el Código Penal eliminando la legítima defensa para policías y mantener esa postura como política de estado. Pero el problema no es legal, sino cultural y político.

Si se considera prima facie a los delincuentes más violentos víctimas de la sociedad y del sistema capitalista, el Código Penal carece de sentido y debe ser abolido como varios juristas de la izquierda, varios jueces y simpatizantes del anterior gobierno sostienen. Si los robados, asesinados y violados son los victimarios, el problema de la seguridad jamás tendrá solución. Eso es lo que la ministra planteó sin pelos en la lengua y muchos de sus colegas callan por temor a ser criticados por el periodismo progre.

Pero parece haber llegado la hora de dar el debate y tomar una posición clara: ¿el Estado debe proteger en primer lugar a los delincuentes peligrosos o a los ciudadanos respetuosos de la ley? Las palabras de la ministra significan una vuelta a la sensatez en la búsqueda de una respuesta para esa pregunta.

Sergio Crivelli   
Twitter:@CrivelliSergio

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